La abogada Jennifer Vargas, integrante y fundadora de Familias TEA en Misiones, alertó sobre una crítica situación en el sistema de discapacidad en la provincia, marcada por desigualdades en la cobertura, demoras en pagos y cambios normativos en debate a nivel nacional.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al funcionamiento del Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS) que cuenta con un nomenclador propio con valores por debajo del establecido a nivel nacional. Según explicó, esto genera una inequidad en el acceso a las prestaciones ya que los afiliados provinciales reciben servicios con menor cobertura económica en comparación con quienes tienen obras sociales nacionales o prepagas.
“El nomenclador es la columna vertebral del sistema porque fija el valor mínimo de las prestaciones. Si ese piso se reduce, se rompe la igualdad en el acceso”, sostuvo Vargas en el programa Actualidad 4.
También señaló atrasos en los pagos del programa Incluir Salud «que acumula deudas de hasta ocho meses con prestadores. Esta situación pone en riesgo la continuidad de centros que atienden a personas en condiciones de vulnerabilidad. A ello se suman dificultades similares en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami) que también presenta problemas en la cobertura».
En relación al proyecto de reforma de la Ley Nacional de Discapacidad, Vargas expresó un fuerte rechazo al considerar que implica una “regresión de derechos”. Entre los puntos más cuestionados mencionó cambios en el acceso a pensiones que exigirían acreditar una situación de vulnerabilidad extrema y limitarían la compatibilidad con el empleo formal.
Además advirtió que la iniciativa incluye modificaciones en el sistema de prestaciones que podrían afectar a toda la comunidad de discapacidad, no solo a quienes perciben pensiones. “Se pasaría de un modelo de derechos a uno asistencialista”, afirmó.
Por otra parte remarcó las dificultades para acceder a la justicia en el ámbito provincial. Indicó que muchas personas quedan fuera del sistema no solo por la falta de cobertura sino también por la imposibilidad de costear un abogado «ya que las defensorías locales no intervienen en acciones de amparo vinculadas a discapacidad», dijo.
En ese contexto Vargas pidió a los legisladores nacionales por Misiones que rechacen la iniciativa y advirtió sobre el impacto que podría tener en uno de los sectores más vulnerables. “Estamos hablando de derechos básicos y de personas que ya enfrentan múltiples barreras para acceder a la salud y a la inclusión”, concluyó.
