El concejal Jair Dib mantuvo una reunión con el gerente técnico de AySA, Jorge Fernández Calotroni, para incorporar criterios y herramientas que permitan fortalecer el control sobre el servicio de agua y cloacas en Posadas. El encuentro se produjo en medio de reclamos de usuarios por facturación, medición de consumos y respuestas de la empresa prestataria, y forma parte de la agenda de Acuerdo Urbano para ampliar la capacidad municipal de intervención y defensa de los usuarios.
El concejal de Posadas Jair Dib mantuvo una reunión de trabajo con el gerente técnico de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Jorge Fernández Calotroni, junto con integrantes de su equipo de Acuerdo Urbano, para analizar herramientas técnicas vinculadas con la prestación de agua potable y cloacas. El encuentro se inscribe en la agenda que el edil viene desarrollando a partir de los reclamos de usuarios de Posadas por facturación, medición de consumos, respuestas ante presentaciones y condiciones de infraestructura.
La reunión apunta a incorporar información y criterios técnicos que permitan discutir el funcionamiento del servicio con mayor precisión. Según explicó Dib, el objetivo consiste en conocer experiencias aplicadas en otros sistemas sanitarios, intercambiar material y evaluar alternativas para mejorar los mecanismos de control y defensa de los usuarios.
El planteo adquiere relevancia en Posadas porque SAMSA es la concesionaria del servicio de agua potable y de recolección y tratamiento de desagües cloacales en Posadas y Garupá. La concesión comenzó en 1999 y tiene vigencia hasta 2030, mientras que la regulación del servicio corresponde al Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (EPRAC), organismo que interviene en aspectos como tarifas, costos, control de la prestación y planificación de extensiones de redes.
Ese esquema institucional marca uno de los principales desafíos del planteo de Dib: la Municipalidad puede intervenir sobre problemas concretos de la ciudad y promover herramientas de control y protección de los usuarios, pero la regulación formal de la concesión permanece en el ámbito provincial. Por eso, la idea de “recuperar la injerencia municipal” requiere traducirse en mecanismos concretos de acceso a información, seguimiento de reclamos, articulación con el EPRAC y capacidad para exigir respuestas a la prestataria.
“Vamos a trabajar para recuperar la injerencia de la Municipalidad en los servicios de los vecinos”, sostuvo Dib. El concejal planteó que el municipio debe contar con información suficiente para intervenir frente a los problemas que afectan a los usuarios y evitar que los reclamos queden limitados a la relación individual entre cada vecino y la empresa.
“Buscamos información y conocimiento técnico porque queremos discutir con fundamentos”, afirmó. En esa línea, señaló que los problemas de facturación requieren determinar sus causas, mientras que los reclamos que quedan sin respuesta demandan identificar dónde se produce la falla dentro del sistema de atención y control.
La discusión sobre la medición de consumos ya tuvo un capítulo concreto en el Concejo Deliberante. En marzo, Dib presentó un proyecto de ordenanza para exigir a SAMSA la instalación de dispositivos bloqueadores de aire en las conexiones domiciliarias, con el argumento de evitar que la presencia de aire en las cañerías produzca registros que luego impacten sobre las facturas. La iniciativa fue rechazada por el cuerpo deliberativo en abril, luego de su tratamiento en comisión y en el recinto.
El reclamo de los usuarios también llegó al Concejo durante marzo, en un contexto de protestas por facturas con montos elevados y cuestionamientos sobre mediciones, presión y continuidad del servicio. En una reunión convocada por el cuerpo deliberativo participaron representantes del EPRAC, SAMSA y Defensa del Consumidor; en ese ámbito, el ente regulador informó que había detectado errores en algunas facturas y que esos casos fueron refacturados.
El escenario presenta, además, una discusión que excede el monto de una factura: qué información debe estar disponible para que los usuarios puedan verificar cómo se calcula el consumo, qué controles existen sobre los medidores, qué inversiones realiza la concesionaria, dónde se ejecutan y qué resultados producen.
SAMSA sostiene que desarrolla programas de inversión tecnológica, cuenta con sistemas de telecontrol para monitorear estaciones y equipos de bombeo y utiliza herramientas destinadas a detectar pérdidas de agua en la red. La empresa también informa que posee un banco de pruebas de medidores y que aplica sistemas de macromedición y control de presión.
El punto pendiente, desde la perspectiva de los usuarios, pasa por transformar esa información técnica de la empresa en información pública que permita evaluar la prestación. Allí se ubica el eje que Dib pretende profundizar mediante el intercambio con AySA: contar con parámetros técnicos que permitan comparar, verificar y exigir resultados.
“Si hablamos de inversiones, necesitamos información concreta sobre qué se invierte, dónde y con qué resultados”, sostuvo el concejal. El planteo coloca el foco en una cuestión central de cualquier servicio público concesionado: la relación entre las obligaciones de la prestataria, los controles del Estado y los derechos de quienes pagan por el servicio.
“Le voy a dar a los vecinos de Posadas una voz fuerte para controlar, exigir y defender sus intereses”, afirmó Dib.
La reunión con AySA, en ese marco, constituye una instancia de búsqueda de herramientas y referencias técnicas. El desafío político e institucional será convertir ese conocimiento en propuestas aplicables a Posadas y, sobre todo, determinar con claridad qué puede hacer el municipio, qué corresponde al EPRAC y qué obligaciones debe cumplir SAMSA dentro del contrato de concesión. Ese reparto de responsabilidades resulta central para que el reclamo por mejores servicios se transforme en mecanismos efectivos de control y respuestas concretas para los usuarios.
