LAS MALVINAS SON ARGENTINAS Y LAS TIERRAS TAMBIÉN
La reforma de la Ley de Tierras Rurales impulsada por el Gobierno de Javier Milei pone en discusión mucho más que el régimen de propiedad de la tierra: compromete la capacidad del Estado argentino para preservar su territorio y sus recursos estratégicos. En una provincia fronteriza como Misiones, donde Iguazú concentra cerca del 40% de sus tierras rurales en manos extranjeras, el debate adquiere una dimensión particular. La Constitución Nacional reconoce al territorio como ámbito de soberanía, atribuye al Congreso competencias sobre sus límites y establece el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. Por eso, la defensa de la tierra constituye también una defensa de la soberanía y una responsabilidad concreta de los senadores que representan a Misiones y al resto de las provincias.
Los senadores argentinos en general y los de Misiones en particular tienen una obligación política que deriva de la propia naturaleza de la Cámara que integran: representar los intereses de la provincia. Fueron elegidos para defender aquello que consideran mejor para Misiones dentro de una decisión que afecta al conjunto del país. Esa representación adquiere una dimensión mayor cuando el Congreso debate una norma vinculada con la propiedad de la tierra, porque el territorio constituye una de las bases materiales sobre las cuales se construye la soberanía de una Nación.
La entrega de tierras soberanas a manos extranjeras, presentada como estímulo al desarrollo, constituye a nuestro juicio una decisión contraria al interés nacional y una grave renuncia a la responsabilidad que los representantes tienen frente al suelo y al pueblo que representan. La Argentina puede recibir inversiones, capitales y tecnología extranjera, generar empleo y ampliar su capacidad productiva mientras conserva herramientas suficientes para proteger su territorio. Desarrollo y soberanía forman parte de una misma política nacional cuando el Estado establece reglas capaces de atraer capital y, al mismo tiempo, preservar recursos estratégicos.
El Congreso debate una modificación de la Ley de Tierras Rurales impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto atraviesa una negociación política en el Senado y la propuesta oficial pasó de una pretensión inicial de eliminar las restricciones a un esquema que eleva del 15% al 25% el límite de extranjerización. Este cambio lo generó el rechazo de un pueblo que se niega a la colonización, pero aún no alcanza. El cambio (del 15 al 25 por ciento) modifica una regla concebida para preservar capacidad de decisión nacional sobre el territorio y abre una discusión que excede largamente una cuestión registral o inmobiliaria.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, estableció un régimen destinado a proteger el dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales. La norma fijó un límite del 15% para la titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental, junto con restricciones vinculadas con determinadas zonas de frontera y cuerpos de agua. El Estado creó además un registro específico para conocer la titularidad de esas tierras y controlar las operaciones alcanzadas por el régimen. El espíritu de aquella legislación resulta claro: la tierra rural posee una dimensión económica y, al mismo tiempo, una dimensión territorial, ambiental y estratégica.
La discusión actual adquiere especial importancia en Misiones porque nuestra provincia presenta condiciones territoriales singulares. La frontera internacional, los grandes ríos, el Acuífero Guaraní, la Selva Paranaense y la actividad productiva conforman un espacio donde la propiedad de la tierra adquiere una relevancia que trasciende el valor inmobiliario. Cada decisión sobre grandes extensiones rurales repercute sobre la estructura productiva, el ambiente, las comunidades, el desarrollo regional y la capacidad del Estado para planificar el territorio.
Los datos disponibles permiten dimensionar el problema. Misiones registra alrededor de 325.000 hectáreas extranjerizadas, una proporción cercana al 11,3% de su superficie rural. El departamento Iguazú presenta una situación mucho más concentrada: unas 114.400 hectáreas sobre aproximadamente 286.400 hectáreas rurales aparecen bajo titularidad extranjera, una proporción cercana al 40%. El dato expresa una estructura territorial que merece un análisis profundo y una política de Estado orientada a preservar el equilibrio entre inversión, producción y soberanía.
En ese territorio aparece Arauco, empresa de capitales chilenos que adquirió Alto Paraná en 1996 y consolidó una importante presencia forestal e industrial en el norte misionero. Investigaciones académicas documentaron que la compañía llegó a controlar aproximadamente 65.000 o 66.000 hectáreas en Puerto Libertad, una superficie superior al 70% del territorio municipal según esos estudios. Arauco forma parte de la economía misionera mediante su producción, sus inversiones, sus exportaciones y el empleo que genera. Esa realidad convive con otra igualmente relevante: una concentración territorial de semejante magnitud requiere reglas públicas capaces de preservar el interés general durante períodos mucho más extensos que los ciclos empresariales y políticos.
La experiencia del departamento Iguazú permite comprender por qué el debate nacional necesita una mirada territorial. La extranjerización de la tierra adquiere otra dimensión cuando se produce en una zona fronteriza, sobre un territorio vinculado con grandes reservas hídricas y con uno de los principales ecosistemas de la Argentina. La propiedad de la tierra forma parte entonces de una estructura económica y geopolítica que el Estado debe conocer, controlar y planificar con una perspectiva de largo plazo.
La Argentina posee una extensa tradición de recepción de capital extranjero. La producción agropecuaria, la industria, la energía, la infraestructura, el turismo y los servicios crecieron históricamente con aportes de capitales nacionales e internacionales. Esa apertura puede convivir perfectamente con una política territorial que establezca límites para la concentración extranjera de grandes extensiones rurales. El desarrollo requiere inversión, seguridad jurídica y reglas claras; también requiere preservar aquellos activos cuya pérdida de control compromete intereses estratégicos de generaciones futuras.
La tierra presenta una característica que vuelve singular esta discusión: permanece. Una inversión financiera puede cambiar de destino, una compañía puede modificar su estructura accionaria y una política económica puede transformarse con cada gobierno. Una gran extensión territorial adquirida y consolidada durante décadas configura, en cambio, una estructura permanente que condiciona las posibilidades futuras de ordenamiento territorial. Por esa razón, el límite a la extranjerización constituye una herramienta preventiva y una decisión de soberanía.
El argumento de la inversión extranjera merece, por lo tanto, una evaluación completa. La Argentina puede atraer capital mediante infraestructura, estabilidad normativa, reducción de costos, incentivos productivos, capacitación, innovación y acceso a mercados. La venta de grandes extensiones rurales representa apenas una de las múltiples formas posibles de vincular capital internacional con desarrollo económico. El Estado tiene capacidad para seleccionar las modalidades de inversión que mejor compatibilicen crecimiento, empleo, producción y preservación territorial.
En Misiones esa responsabilidad resulta todavía más evidente. La provincia posee una superficie territorial acotada, una extensa frontera internacional y recursos naturales de importancia continental. El Paraná y el Uruguay forman parte de su estructura geográfica; el Acuífero Guaraní constituye una reserva hídrica estratégica; la Selva Paranaense concentra biodiversidad y servicios ambientales esenciales. Ese patrimonio exige políticas públicas capaces de integrar producción y conservación dentro de una estrategia territorial de largo plazo.
Los senadores por Misiones tienen en este debate una responsabilidad específica. Su función constitucional dentro de la Cámara alta los vincula directamente con la defensa de los intereses provinciales y con la construcción del federalismo argentino. Cada uno de ellos deberá explicar a los misioneros qué consecuencias considera que tendrá la reforma sobre el territorio provincial y qué beneficios concretos espera obtener de una ampliación de los límites de extranjerización.
La misma exigencia alcanza a los senadores de las demás provincias. La discusión compromete al conjunto de la Argentina porque cada territorio presenta recursos, fronteras, ecosistemas y estructuras productivas que requieren protección. El Senado tiene precisamente la responsabilidad de incorporar esa diversidad territorial a las decisiones nacionales. Una modificación de esta naturaleza exige una mirada que atraviese los ciclos electorales y considere las consecuencias de largo plazo.
La representación política alcanza su verdadera dimensión cuando un legislador debe decidir sobre aquello que permanecerá mucho después de que termine su mandato. Los presidentes pasan, los ministros cambian, las mayorías parlamentarias se transforman y las políticas económicas atraviesan diferentes etapas. El territorio permanece y las generaciones futuras recibirán las consecuencias de las decisiones adoptadas en el presente.
Por eso esta discusión merece una posición firme. Canal 4 Trinchera de San José (Canal 4 Posadas) sostiene que el Congreso debe preservar los límites establecidos por la Ley de Tierras Rurales y rechazar una ampliación de la superficie susceptible de quedar bajo titularidad extranjera. La Argentina cuenta con instrumentos suficientes para atraer inversiones y promover desarrollo productivo mientras mantiene bajo control nacional las decisiones estratégicas sobre su territorio.
La soberanía constituye el principio que permite comprender esta posición. Una Nación soberana define las condiciones bajo las cuales utiliza sus recursos, organiza su territorio y protege aquellos bienes que considera esenciales para su futuro. La propiedad privada forma parte de ese orden jurídico; la potestad del Estado para establecer límites en defensa del interés general también.
La cuestión adquiere una dimensión histórica cuando se la relaciona con Malvinas. La Argentina sostiene desde hace generaciones su derecho soberano sobre las islas porque entiende que el territorio constituye una dimensión esencial de la identidad nacional. Esa convicción atraviesa gobiernos, partidos y generaciones y forma parte de una política de Estado que excede cualquier coyuntura.
La misma conciencia territorial merece expresarse en el continente. La soberanía también se ejerce mediante las leyes que regulan la propiedad de la tierra, mediante la protección de las fronteras, mediante la preservación de los recursos hídricos y mediante la capacidad del Estado para determinar qué grado de concentración territorial resulta compatible con el interés nacional.
Por eso el reclamo a los senadores adquiere una dimensión concreta: estén a la altura de la responsabilidad que les otorgaron las provincias. Miren el territorio antes de votar. Estudien la estructura de propiedad existente. Analicen el caso de Iguazú. Evalúen el impacto sobre Misiones y sobre cada provincia argentina. Midan el beneficio económico esperado frente a la pérdida potencial de capacidad territorial. Y decidan desde una perspectiva de Estado.
La Argentina necesita inversiones, producción, empleo y crecimiento. También necesita territorio, soberanía y capacidad de decisión. Ambas dimensiones pueden convivir bajo una política nacional que abra las puertas al capital y establezca límites razonables sobre la concentración de tierras estratégicas.
Las Malvinas son argentinas porque la soberanía territorial constituye una convicción nacional. Las tierras argentinas también forman parte de esa soberanía.
Por eso esta reforma merece un rechazo claro. La defensa del territorio representa una responsabilidad de Estado y una obligación hacia las generaciones que recibirán la Argentina que hoy estamos construyendo.
Los senadores juraron «desempeñar debidamente el cargo que se les ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional».
Pues obren en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional, sobre todo en la defensa de la soberanía. La Constitución reconoce al territorio como una dimensión esencial del Estado argentino, atribuye al Congreso competencias vinculadas con los límites territoriales y reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios. Sobre esa base, el Congreso tiene competencia para establecer políticas destinadas a proteger intereses territoriales y recursos estratégicos.
