El Registro de las Personas de Corrientes anuló el documento confeccionado en 1976 y emitió una nueva inscripción que establece que el militante misionero fue víctima de un homicidio calificado como crimen de lesa humanidad. La medida cumple una sentencia dictada en noviembre de 2025 por la Justicia Federal de Resistencia en el marco del derecho a la verdad. Sus familiares recibieron el nuevo documento a comienzos de agosto.
El Estado argentino dejó asentada en un documento público una verdad que durante casi medio siglo permaneció fuera de los registros oficiales: Carlos Enrique Tereszecuk fue asesinado durante el terrorismo de Estado. El Registro de las Personas de Corrientes anuló el acta de defunción confeccionada en 1976 y emitió una nueva inscripción que establece que su muerte fue consecuencia de un homicidio calificado como crimen de lesa humanidad y que su cuerpo fue rescatado de las aguas del río Paraná, frente a Empedrado.
La nueva documentación fue confeccionada en cumplimiento de la sentencia dictada el 11 de noviembre de 2025 por la jueza federal 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, en el proceso iniciado por los familiares de Tereszecuk bajo la figura del derecho a la verdad. Hermanos y sobrinos del militante recibieron copias del nuevo certificado entre el 5 y el 6 de agosto pasado, inscripto como Acta 41, Tomo 80, Folio 41, año 2026, de la localidad correntina de Empedrado.
La modificación registral tiene una dimensión que excede el trámite administrativo. La partida original formaba parte de la documentación estatal producida en 1976, cuando el aparato represivo había secuestrado, torturado y asesinado a Tereszecuk. La nueva inscripción incorpora al registro civil la reconstrucción judicial de aquellos hechos y transforma la verdad establecida por la Justicia en un documento que acompañará su identidad y su historia.
Tereszecuk nació en Posadas el 4 de enero de 1952 y tenía 24 años cuando fue secuestrado. Su trayectoria estuvo atravesada por la militancia social, estudiantil y política. Después de abandonar su formación religiosa en Córdoba, regresó a Misiones y estudió en la Escuela de Servicio Social de la Universidad Nacional de Misiones. En 1974 fue elegido vicepresidente del Centro de Estudiantes y al año siguiente participó de la campaña electoral del Partido Auténtico.
Tras el triunfo electoral de Juan Figueredo y Pablo Fernández Long, se desempeñó como secretario legislativo de ambos diputados provinciales. Desde esa función mantuvo contacto con organizaciones gremiales, comisiones barriales, colonos, tareferos y trabajadoras de casas particulares y participó en la elaboración de proyectos vinculados con la protección de derechos sociales.
Su actividad política lo convirtió en objetivo de la represión. En 1975, un grupo de efectivos vestidos de civil intentó secuestrarlo dentro de la Cámara de Diputados de Misiones. Tereszecuk logró escapar y pasó a la clandestinidad. Durante 1976 se refugió fuera de la provincia y finalmente fue detenido en el marco de la estructura represiva que funcionaba en Resistencia.
La sentencia reconstruyó que, a comienzos de noviembre de 1976, Tereszecuk fue trasladado a la Jefatura de Policía de Resistencia, donde funcionaba un centro clandestino de detención bajo control conjunto de la Policía del Chaco y el Ejército. Los testimonios incorporados a la causa describieron el estado físico en que se encontraba después de las torturas: presentaba un deterioro tan severo que no podía mantenerse en pie ni caminar y otro detenido tuvo que asistirlo para bañarse.
Durante la segunda semana de noviembre fue asesinado y su cuerpo arrojado al río Paraná. El 15 de noviembre de 1976 fue encontrado en la costa de Empedrado, a unos 70 kilómetros río abajo de Resistencia. La identificación de la víctima llevó décadas: sus restos permanecieron sepultados como NN en el cementerio de Empedrado hasta que el Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó su identidad en 2018.
Ese hallazgo permitió cerrar una parte de la historia familiar y, al mismo tiempo, abrió una dimensión más amplia de la investigación. La sentencia de 2025 estableció que el caso Tereszecuk formaba parte de una metodología represiva sistemática utilizada en la región: cuerpos de personas ejecutadas eran arrojados al Paraná para ocultar los asesinatos y dificultar la identificación de las víctimas.
La investigación judicial determinó coincidencias entre distintos cuerpos recuperados en Empedrado. Entre ellos estuvieron los restos de Julio Andrés “Bocha” Pereyra, víctima de la Masacre de Margarita Belén, y Rómulo Artieda, desaparecido en el ámbito represivo del Regimiento de Infantería 9 de Corrientes. Las pericias establecieron patrones comunes en las condiciones de hallazgo, vinculados con la ejecución y el ocultamiento de los cuerpos.
La sentencia describió esa práctica como parte del terrorismo de Estado y estableció que el secuestro y homicidio de Tereszecuk fueron cometidos por razones políticas. El fallo también reconstruyó el funcionamiento de la Jefatura de Policía de Resistencia como centro clandestino de detención y vinculó el crimen con una persecución sistemática desplegada por fuerzas estatales.
El proceso tuvo una característica particular: no se trató de un juicio penal destinado a imponer una condena a los responsables. La causa se tramitó como un proceso por el derecho a la verdad porque los principales responsables de la Jefatura de Policía del Chaco durante aquel período habían fallecido y la investigación tampoco pudo individualizar a otros intervinientes con posibilidades de ser sometidos a juicio.
La Fiscalía Federal de Resistencia, encabezada en este expediente por el fiscal general Federico Carniel junto con los auxiliares fiscales Horacio Rodríguez y Diego Vigay, acompañó el pedido de la familia para reconstruir judicialmente los hechos. El objetivo fue establecer qué ocurrió con Tereszecuk y dejar constancia oficial de esa reconstrucción como forma de reparación para sus familiares y de recuperación de la memoria histórica.
La nueva inscripción del Registro de las Personas de Corrientes constituye ahora el último eslabón de ese proceso. El documento que durante décadas registró su muerte desde una perspectiva ajena a la verdad judicial fue anulado y reemplazado por otro que incorpora la causa real del fallecimiento: homicidio calificado como crimen de lesa humanidad.
El cambio también corrige una zona de incertidumbre que durante años rodeó el destino de Tereszecuk. La reconstrucción judicial estableció que fue secuestrado, torturado y asesinado en Resistencia y que su cuerpo fue arrojado al Paraná. La documentación pública incorpora ahora esa secuencia a su identidad civil.
A casi cinco décadas del crimen, la reparación llega por dos vías que finalmente confluyen: la identificación científica de sus restos y la reconstrucción judicial de su muerte. Primero fue posible saber quién era el cuerpo enterrado como NN. Después, la Justicia estableció cómo murió y por qué fue perseguido. Ahora esa verdad quedó incorporada al documento estatal que certifica su fallecimiento.
Para la familia, el nuevo certificado cierra una búsqueda iniciada durante la dictadura y sostenida durante la democracia. Para la sociedad, deja asentado en los registros públicos que Carlos Tereszecuk no murió como consecuencia de un hecho indeterminado: fue secuestrado, torturado y asesinado por razones políticas en el marco del terrorismo de Estado.
