El gobierno de Misiones dispuso un sistema de beneficios para garantizar el acceso a la energía eléctrica y agua potable en centros que atienden a personas con discapacidad, ante la interrupción del financiamiento nacional. La medida fue establecida mediante el Decreto N.º 657 y tendrá vigencia desde mayo hasta el 31 de diciembre de 2026.
La decisión, impulsada por el gobernador Hugo Passalacqua, contempla que el Estado provincial asuma el costo de estos servicios esenciales como respuesta al desfinanciamiento del sector. Según indicaron fuentes del gobierno la deuda acumulada por parte de Nación ronda los 2.500 millones de pesos lo que pone en riesgo la continuidad de las prestaciones.
El beneficio consiste en un subsidio que cubrirá consumos mensuales de hasta 1000 kW de energía eléctrica y 9 metros cúbicos de agua potable por institución. Las transferencias se realizarán directamente a las prestatarias, entre ellas Electricidad de Misiones S.A. (EMSA) y Servicios de Aguas de Misiones S.A. (SAMSA) además de cooperativas provinciales.
Podrán acceder al régimen los centros que cuenten con categorización vigente otorgada por el Ministerio de Salud Pública de Misiones y que acrediten que al menos el 60% de sus pacientes estén afiliados al Instituto de Previsión Social de Misiones o al Programa Federal Incluir Salud. También deberán cumplir con requisitos administrativos como la coincidencia del domicilio de prestación del servicio con el registrado en la habilitación.
La instrumentación estará a cargo del ministerio de Hacienda en articulación con la cartera sanitaria provincial y prevé la suspensión automática del beneficio en caso de irregularidades o incumplimientos.
En los fundamentos del decreto se advierte que la falta de transferencias nacionales generó una “grave afectación en el flujo de fondos” y una situación de “emergencia prestacional inminente”, lo que motivó la intervención del Estado provincial para garantizar la continuidad de tratamientos esenciales.
La medida se enmarca en lo establecido por la Ley Nacional N.º 24.901 que asegura la cobertura integral a personas con discapacidad. Desde el Gobierno provincial remarcaron que el objetivo es sostener un sistema clave desde una perspectiva “humana, sensible y solidaria”.
