El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación Argentina (STVyARA) presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la seguridad social, con pedido de investigación por posible violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta vinculada a una supuesta inversión en el ámbito privado.
El gremio representado por la secretaria general Graciela Aleñá junto con la representación del abogado Eduardo Barcesat llevó adelante una denuncia penal ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) registrada bajo el Nº 204/2026, contra el mandatario y sus funcionarios.
Según se expuso dichos fondos “habrían sido canalizados hacia instrumentos bajo control de la Comisión Nacional de Valores” organismo ajeno al sistema de seguridad social y al régimen solidario de reparto “que sostiene las jubilaciones de los trabajadores en relación de dependencia”.
El sindicato advirtió que esta situación representa “un retroceso hacia esquemas similares a los implementados durante el régimen de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) que provocaron perjuicios económicos” a los trabajadores y sólo benefició a las entidades financieras”.
La acción penal también alcanza a funcionarios del ámbito político y administrativo que “participaron en la elaboración” del proyecto de la Ley de Modernización laboral así como a legisladores nacionales que votaron a favor de la sanción de la Ley Nº 27.802.
En el escrito se señala además la presunta vulneración de principios constitucionales fundamentales en particular el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que garantiza el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social.
Asimismo se invocan tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecen la protección de los derechos laborales bajo los principios de “dignidad, progresividad y no regresión”.
Desde STVyARA sostuvieron que “las medidas cuestionadas implican un retroceso en materia de derechos sociales” en contraposición con los estándares establecidos por la jurisprudencia nacional e internacional.
