El Gobierno nacional promulgó la ley de Boleta Única Papel (BUP), que se utilizará en las elecciones legislativas de 2025. Publicada en el Boletín Oficial, esta normativa modifica el Código Electoral Nacional, introduciendo un nuevo sistema de votación.
El decreto 915/2024 oficializó la ley 27.781, que establece que todos los candidatos estarán presentes en una única papeleta, independientemente de sus partidos políticos. Los votantes deberán marcar con una cruz a sus candidatos preferidos para las distintas categorías.
La BUP se organizará en franjas horizontales para cada cargo electivo y columnas verticales para cada agrupación política. Cada columna mostrará claramente el nombre, sigla, logotipo y otros distintivos de la agrupación política. En las elecciones presidenciales, la papeleta incluirá el nombre de la agrupación nacional.
La papeleta incluirá el nombre, apellido y foto de los candidatos a presidente, vicepresidente, senadores y los primeros dos candidatos a diputados. También se aplicará a los parlamentarios del Mercosur. Si una agrupación no presenta candidatos para alguna categoría, se indicará con la frase «No presenta candidato».
Las listas completas de candidatos y suplentes deberán publicarse en afiches visibles en los centros de votación y otros espacios destinados a tal fin. El Estado será responsable de confeccionar y distribuir las papeletas y afiches.
La Junta Electoral Nacional convocará a los apoderados de las agrupaciones políticas a una audiencia pública, al menos 45 días antes de los comicios, para presentar el diseño final de la Boleta Única.
La implementación de la BUP busca eliminar prácticas clientelares y fraudes asociados a las boletas partidarias, como el “voto cadena” o el robo de boletas. Este sistema pretende nivelar el terreno electoral, favoreciendo a los partidos opositores, minoritarios y nuevos, dicen.
El proyecto fue aprobado con 143 votos a favor, provenientes de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Encuentro Federal e Innovación Federal. En contra votaron 87 legisladores kirchneristas, quienes ya se habían opuesto a esta iniciativa en 2016 y 2022. El Gobierno celebró la sanción de la ley, argumentando que pone fin a un sistema que favorecía a la «casta».
