La justicia de Misiones dictó una medida cautelar contra Servicios de Aguas de Misiones S.A. (Samsa) que obliga a la empresa a cobrar la tarifa mínima del servicio de agua y prohíbe los cortes por falta de pago a un grupo de vecinos del barrio Itaembé Guazú en Posadas.
El concejal Fernando Zarza explicó en el programa Info 4 que se trata de una medida cautelar impulsada por un grupo de 15 usuarios que iniciaron acciones judiciales ante reiterados reclamos por deficiencias en el servicio, facturación elevada y posibles irregularidades en los medidores.
Según detalló la resolución tiene aplicación inmediata para quienes forman parte de la demanda: podrán abonar únicamente el monto mínimo de la factura y quedan protegidos frente a cualquier corte del suministro incluso en caso de deuda. Además el fallo dispone el congelamiento de conflictos administrativos o judiciales vinculados a estos usuarios hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Uno de los puntos centrales de la medida es la intervención del Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (EPRAC) al que la justicia ordena realizar una pericia técnica en un plazo de siete días. El objetivo es determinar si existe aire en los medidores o cañerías una de las principales denuncias de los vecinos quienes sostienen que esta situación podría generar consumos inflados en las facturas.
Fernando Zarza remarcó que este aspecto será clave para definir los próximos pasos. En caso de confirmarse irregularidades el alcance del fallo podría extenderse a otros usuarios de la ciudad que realicen presentaciones similares lo que abriría la puerta a un efecto multiplicador en los reclamos.
El concejal también señaló que la problemática del servicio de agua en Posadas no es nueva y afecta desde hace años a distintos barrios especialmente en zonas periféricas. “Hay sectores que padecen baja presión, cortes frecuentes y facturación cuestionada desde hace mucho tiempo. Esto evidencia una falta de inversión y control”, sostuvo.
En ese sentido cuestionó el rol del organismo regulador y consideró que cumple plenamente su función de resguardar los derechos de los usuarios.
Además el edil indicó que desde el Concejo Deliberante se impulsan iniciativas para dar mayor transparencia al sistema, como la convocatoria a audiencias públicas que permitan a la empresa explicar su esquema tarifario y responder a los cuestionamientos de los usuarios.
Zarza también vinculó este conflicto con un problema estructural más amplio en la prestación de servicios públicos en la ciudad donde —según indicó— los reclamos se repiten tanto en el suministro de agua como en el transporte urbano, con dificultades en la frecuencia, cobertura y calidad.
En paralelo destacó el rol de los vecinos organizados y el acompañamiento de profesionales en el avance del reclamo judicial. “Este fallo es resultado de la insistencia de los usuarios y marca un precedente importante. Ahora habrá que ver cómo avanza la pericia y qué decisiones se toman en base a esos resultados”, concluyó.
De esta manera, la resolución judicial no solo representa un alivio inmediato para un grupo reducido de usuarios sino que también instala un nuevo escenario en la discusión por la calidad, el control y la regulación de los servicios públicos en la capital misionera.
