En la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976, un comunicado firmado por Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Eduardo Massera (Armada) y Orlando Ramón Agosti (Fuerza Aérea) anunció que el país quedaba bajo control de una Junta Militar. El mensaje, transmitido en todos los medios, exigía «estricto acatamiento» a sus disposiciones y advertía sobre «intervenciones drásticas» ante cualquier resistencia.
El golpe, el sexto en 47 años (desde el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en 1930), no sorprendió: los diarios ya lo daban por hecho. Un día antes, militantes peronistas mujeres habían marchado en Plaza de Mayo en apoyo a la presidenta Isabel Perón, mientras otros partidos publicaban comunicados defendiendo la democracia.
Para simular normalidad, el día del golpe militar la Junta autorizó a ATC a transmitir un partido de la selección argentina de fútbol contra Polonia.
La última dictadura argentina duró 2.756 días y dejó un saldo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Investigaciones históricas y testimonios judiciales revelan datos clave:
Los «vuelos de la muerte» empezaron antes del golpe. El primero ocurrió el 16 de diciembre de 1975, bajo el gobierno de Isabel Perón, organizado por Videla y el ministro Ángel Robledo. Víctimas fueron arrojadas al Río de la Plata desde un avión de la Prefectura (CELS, 1989).
EEUU sabía del golpe y no intervino. Documentos desclasificados prueban que la CIA advirtió al gobierno de Gerald Ford semanas antes. El secretario de Estado Henry Kissinger dio luz verde tácita (Archivos NSA, 2002).
Torturas con manuales extranjeros. Las técnicas (picana, submarino) se enseñaban en la Escuela de las Américas (Panamá), donde se entrenaron represores como Viola y Galtieri (Documentos del Pentágono, 1996).
El robo de bebés también fue un plan organizado. Hubo maternidades clandestinas (como la ESMA), donde embarazadas eran mantenidas con vida solo hasta el parto. Se calculan 00 apropiaciones, muchas por familias militares (CONADEP, 1984).
La dictadura exportó armas a Bolivia, Ecuador y Nicaragua (incluso contra los sandinistas), usando empresas fantasmas. También financió operaciones con narcotráfico (Horacio Verbitsky, 1995).
El Mundial 78 de Fútbol, para mostrar una Argentina normal y en paz, se pagó con deuda. Se gastaron USD 700 millones (equivalentes a hoy) en estadios y propaganda, mientras la deuda externa se multiplicaba por cuatro. Bancos como Citibank facilitaron créditos (Ceceña, 1983).
Hubo campos de concentración en zonas turísticas. Funcionaron centros clandestinos en Mendoza («La Escuelita»), Córdoba («D2») y Mar del Plata («Base Naval»), donde se torturó en hoteles requisados (Nunca Más, CONADEP).
Los cómplices de siempre. El periodismo, y los medios de comunicación, fueron cómplices de la dictadura: el caso Papel Prensa. Clarín, La Nación y La Razón compraron la empresa en 1976 tras el secuestro y tortura de sus dueños, los Graiver (Causa judicial, 2010).
Represores fugados con ayuda internacional. Tras 1983, muchos huyeron a Paraguay (protegidos por Stroessner), España (bajo amnistías) o Brasil, como Alfredo Astiz, que vivió años como «pescador» (Interpol, años 2000).
Un dato macabro: En la ESMA, los prisioneros eran forzados a falsificar documentos (DNI, pasaportes) para sus propios captores.
¿Por qué hablan de 30 mil desaparecidos?
La cifra, emblemática, surge de:
Testimonios tempranos: Las Madres de Plaza de Mayo la usaron desde fines de los 70.
Subregistro: La CONADEP documentó 8.961 casos en 1984, pero aclaró que eran los probados. Archivos de la SIDE hallados en 2006 mencionaban 22.000 víctimas solo entre 1975-1978.
Consenso internacional: La ONU, la CIDH y la Justicia argentina la validan como símbolo del terror sistemático.
No es solo un número: representa la desaparición forzada como método, la destrucción de archivos y los miles de casos aún sin resolver. Como dijo un sobreviviente: «No se trata de contar, sino de recordar que el horror fue masivo».
Hoy, a 49 años, la memoria sigue viva. Para que Nunca Más sea una promesa real.
(Fuentes: CONADEP, CELS, Archivos NSA, investigaciones judiciales y periodísticas citadas en el texto).
Larga y oscura noche
Hace 49 años, un golpe de Estado cívico-militar derrocaba al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, dando inicio a uno de los períodos más oscuros de la historia argentina. Autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, el régimen instaurado el 24 de marzo de 1976 se caracterizó por la implantación de un sistema represivo sin precedentes, cuyas secuelas aún resuenan en la sociedad.
La Junta Militar, integrada por los comandantes de las Fuerzas Armadas, asumió el control absoluto del Estado, disolviendo todas las instituciones democráticas. Bajo el pretexto de erradicar la «subversión» y reinsertar al país en el «mundo occidental y cristiano», implementó un plan sistemático de terrorismo de Estado.
Las cifras oficiales —aunque aún discutidas— hablan de al menos 30.000 desaparecidos, centenares de centros clandestinos de detención y el robo de bebés nacidos en cautiverio, delitos que han sido catalogados como crímenes de lesa humanidad y genocidio por la Justicia argentina e internacional.
El apoyo civil y la doctrina del miedo
El régimen contó con el respaldo de sectores empresariales, medios de comunicación afines y jerarcas de la Iglesia católica, mientras aplicaba políticas represivas alineadas con la Doctrina de Seguridad Nacional, promovida por Estados Unidos durante la Guerra Fría. La coordinación con otras dictaduras regionales, bajo el Plan Cóndor, amplió la persecución a exiliados políticos en el extranjero.
En lo económico, el gobierno militar osciló entre medidas liberales y un intervencionismo discrecional, generando una crisis que se profundizó con la guerra de Malvinas (1982). La derrota aceleró el colapso del régimen, que en 1983 cedió el poder a un gobierno democrático encabezado por Raúl Alfonsín.
Casi cinco décadas después, el 24 de marzo sigue siendo una fecha emblemática en la lucha por los derechos humanos. Organismos como las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo mantienen viva la demanda de justicia, mientras los juicios por delitos de lesa humanidad continúan, aunque con obstáculos.
