El gobierno de Javier Milei impulsa una narrativa que pretende equiparar violencia de la guerrillera con el terrorismo de Estado. Y anunció -en ese marco-, que el Estado argentino liberará toda la documentación oficial sobre jerarcas nazis que llegaron al país tras la Segunda Guerra Mundial, incluyendo registros migratorios, financieros y de inteligencia. La decisión responde a un pedido del senador republicano estadounidense Steve Daines, quien se reunió con Milei en febrero para impulsar esta medida.
Entre los casos más emblemáticos del nazismo en Argentina figuran las presencias de Adolf Eichmann (secuestrado por el Mossad en 1960 en Buenos Aires); Josef Mengele, el «Ángel de la Muerte» de Auschwitz, que vivió una década en Argentina y murió en Brasil, y de Erich Priebke, responsable de la masacre de las Fosas Ardeatinas, oculto en Bariloche hasta los ’90.
Los archivos —custodiados por el Ministerio de Defensa— podrían revelar redes de complicidad, cuentas bancarias y el papel de instituciones como la Cruz Roja en la fuga de criminales. «No hay motivo para seguir resguardando esta información», afirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
En paralelo, el gobierno anunció la transferencia de documentos de la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE) sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura (1976-1983) al Archivo General de la Nación (AGN), una medida que ya había impulsado un decreto presidencial de Cristina Kirchner en 2010 pero que nunca se implementó por completo.
La oposición acusa de «demagogia» porque «los archivos ya estaban desclasificados», dijo Cristina Caamaño, exinterventora de la AFI durante la presidencia de Alberto Fernández, quien recordó que en 2022 se entregaron miles de fichas a organismos de derechos humanos.
La «demagogia» se sostiene -dicen desde la oposición- porque el ministro de Defensa Luis Petri disolvió los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA), creados en 2010 para investigar los archivos. Estos habían producido 170 informes judiciales clave para condenas por crímenes de lesa humanidad.
Desde el Gobierno nacional quieren reflotar el caso Viola. En un gesto sin precedentes, el gobierno firmó un acuerdo con la familia del capitán Humberto Viola —asesinado junto a su hija por el ERP en 1974— para que el hecho sea reconocido como crimen de lesa humanidad ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que permitiría reabrir el caso, hoy prescripto.
En esa línea, el provocador vocero presidencial, Manuel Adorni, criticó a gobiernos anteriores por negar esa calificación, mientras organizaciones de derechos humanos señalan que el foco debe estar en los delitos cometidos por el Estado y no por las organizaciones que actuaron por fuera de la ley. Así, estas declaraciones sostienen la narrativa oficial que equipara violencia guerrillera con terrorismo de Estado.
Entre la transparencia y el negacionismo
Los anuncios llegaron en medio de fuertes tensiones por el 24 de marzo, a 49 años del último golpe militar. Victoria Villarruel, vicepresidenta, publicó un comunicado donde responsabilizó a Montoneros y el ERP por el golpe de 1976 y elogió el Operativo Independencia de Isabel Perón. Habló de «memoria ideologizada» y omitió mencionar los más de 30 mil desaparecidos, una cifra acordada entre los diferentes organismos de derechos humanos para cuantificar el impacto de la masacre perpetrada por el Estado argentino a través de sus fuerzas militares.
Un comunicador aliado al Gobierno de Milei y completamente desconocido para la mayoría de la población, de los medios y de los periodistas del país, Agustín Laje, protagonizó un video cuestionando la cifra de víctimas, lo que generó repudio de organismos de derechos humanos. Este personaje, en utilizó la infraestructura del Estado como escenario de un protagonismo que no tendrá más que para el repudio.
Por otro lado, reapareció en el debate, los recortes presupuestarios sobre los cuales la oposición señaló que, pese a la retórica de «transparencia», el Gobierno despidió a expertos en archivos y desarticuló mesas de trabajo.
El nuevo relato oficial, sustentado en las típicas consignas que utiliza la derecha y que prenden con facilidad, esta vez como «memoria completa», viene a intentar redefinir la narrativa histórica con la intención de equiparar violencia guerrillera con terrorismo de Estado para equiparar crímenes, incluyendo a las víctimas de la guerrilla en la categoría de delitos de «lesa humanidad».
En esa línea, sostienen los intelectuales, la pretensión de Victoria Villarruel -desde la vicepresidencia del país- y este personaje que pretende surgir como pretende Laje, promueven una lectura que minimiza el terrorismo de Estado. Pasaron del negacionismo a la reivindicación, parados en el umbral de la ilegalidad.
El acto de desclasificar los archivos -a los que nadie se opone- fue un pedido de los Estados Unidos de Norteamérica al Gobierno de Milei. Ni siquiera fue una idea propia y que, aunque nadie se oponga, no es más que una muestra de prioridades distorsionadas.
Las prioridades hoy, para una Argentina en crisis, es corregir el papel de la justicia que opera como poder partidario antes que poder político; encausar la economía que se lleva puesta la vida de miles de trabajadores, jubilados y enfermos sin cobertura, además de fortalecer el sistema productivo nacional, entre otros temas, como conocer la responsabilidad del Presidente en la criptoestafa global conocida como $LIBRA-GATE.
