La Libertad Avanza decidió sacar de la sesión el capítulo sobre tierras rurales del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada después de constatar que no reunía los votos para modificar el régimen vigente. La resistencia de gobernadores aliados de Tucumán, Catamarca, Salta y Neuquén resultó determinante para frenar una de las reformas centrales impulsadas por el Gobierno de Javier Milei y promovida por el ministro Federico Sturzenegger.
El Gobierno de Javier Milei sufrió este miércoles un revés político en el Senado al retirar del tratamiento el capítulo del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que modificaba el régimen de tierras rurales y flexibilizaba las restricciones para la adquisición de campos por parte de extranjeros. Se posterga la intención, de todas maneras.
La decisión respondió a una cuestión estrictamente parlamentaria: La Libertad Avanza no tenía los votos necesarios para sostener el capítulo en el recinto. El escenario se complicó después de que gobernadores que integran el esquema de alianzas del oficialismo ordenaran a sus senadores rechazar la reforma, una señal que dejó al Gobierno sin margen suficiente para avanzar con uno de los componentes más sensibles de su paquete de desregulación.
El capítulo establecía cambios sobre la Ley de Tierras Rurales y contemplaba un límite de hasta el 25% para la titularidad extranjera de tierras rurales. La iniciativa representaba una flexibilización respecto del régimen vigente y formaba parte de un proyecto más amplio que modifica distintas normas vinculadas con la propiedad privada, los desalojos, las expropiaciones, el manejo del fuego y el Registro de la Propiedad Inmueble.
La discusión sobre la tierra excedió desde el comienzo el debate jurídico sobre la propiedad privada. En la Argentina, la posibilidad de que capitales extranjeros adquieran extensas superficies rurales involucra cuestiones vinculadas con la soberanía territorial, el control de recursos naturales, las fronteras, la producción agropecuaria y la administración de tierras estratégicas. Por esa razón, el intento de flexibilizar la normativa encontró resistencias incluso entre sectores que acompañan habitualmente las iniciativas económicas del Gobierno nacional.
La rebelión de gobernadores aliados
El principal obstáculo para el oficialismo surgió de sus propios aliados. Los gobernadores Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; y Rolando Figueroa, de Neuquén, expresaron su rechazo a la reforma de tierras y condicionaron el acompañamiento de sus respectivas representaciones parlamentarias.
La posición de los mandatarios adquirió especial peso porque el Gobierno necesitaba construir una mayoría transversal para aprobar el proyecto. La Libertad Avanza cuenta con una bancada minoritaria en el Senado y depende de acuerdos con bloques provinciales, radicales, macristas y otros espacios que suelen acompañar sus iniciativas, aunque mantienen autonomía frente a determinadas políticas que afectan intereses territoriales de sus provincias.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, mantuvo conversaciones con representantes de la UCR, el PRO y distintos bloques aliados con el objetivo de modificar el texto y obtener los votos necesarios. Los cambios introducidos durante las negociaciones tampoco alcanzaron para superar la resistencia de los gobernadores.
El resultado obligó al oficialismo a modificar su estrategia pocas horas antes de la sesión. En lugar de llevar al recinto un capítulo cuya aprobación aparecía comprometida, resolvió apartarlo del tratamiento y concentrar la discusión en los artículos que cuentan con mayor respaldo parlamentario.
Sturzenegger, uno de los principales impulsores
El retroceso representa también un revés para el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los principales impulsores de la iniciativa.
La flexibilización del régimen de tierras rurales se inscribe en la estrategia de desregulación que el funcionario promueve desde el inicio de la administración de Milei. La versión original del proyecto planteaba una modificación todavía más profunda del esquema de restricciones para la adquisición de tierras por extranjeros, con la intención de eliminar los límites porcentuales establecidos por la legislación.
La propuesta encontró resistencia política y territorial desde el comienzo. El texto que llegó al Senado ya incorporaba modificaciones respecto de aquella pretensión inicial, pero el oficialismo tampoco consiguió reunir una mayoría suficiente para aprobarlo.
El episodio expone una de las dificultades centrales que enfrenta la administración Milei en el Congreso: transformar su programa de reformas en legislación requiere acuerdos con gobernadores y bloques que pueden acompañar la orientación general del Gobierno, pero mantienen posiciones propias cuando las iniciativas afectan recursos, territorio o intereses específicos de sus provincias.
El Gobierno habla de “postergación”
Tras la decisión, La Libertad Avanza intentó presentar el retiro del capítulo como una postergación y no como una derrota parlamentaria.
El oficialismo comunicó que los 44 senadores que integran el espacio conformado por La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO, Independencia, La Neuquinidad, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Provincias Unidas, Primero los Salteños y Moveré Santa Cruz resolvieron “por consenso” postergar el tratamiento del Capítulo III, referido al régimen de tierras rurales.
Según la explicación oficial, la medida busca continuar trabajando el texto para alcanzar “un mayor nivel de consenso”. El comunicado remarcó que la postergación “no implica su eliminación del proyecto” y sostuvo que el objetivo consiste en incorporar nuevos aportes y alcanzar una redacción que reúna un respaldo parlamentario más amplio.
El dato político que explica la decisión, sin embargo, es la falta de votos para aprobar ese capítulo en las condiciones en que llegó al recinto. El Gobierno optó por retirar el punto más conflictivo antes que exponerlo a una derrota en el Senado y comprometer el tratamiento del resto de la iniciativa.
Qué seguirá en discusión
Con la reforma de tierras fuera de la sesión, el oficialismo buscará avanzar con los restantes capítulos del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La agenda incluye modificaciones al régimen de expropiaciones, cambios en los procedimientos de desalojo, actualización de la Ley de Manejo del Fuego y modificaciones vinculadas con el Registro de la Propiedad Inmueble. Esos capítulos reúnen un nivel de respaldo mayor entre los bloques que participan de las negociaciones parlamentarias.
El Gobierno apuesta a aprobar esas reformas y mantener abierta la discusión sobre la Ley de Tierras Rurales para una instancia posterior. La estrategia permite preservar el resto del proyecto y, al mismo tiempo, evitar una votación que podía exhibir una derrota del oficialismo en un tema considerado estratégico dentro de su programa de desregulación.
La controversia sobre la extranjerización de tierras, por lo tanto, queda abierta. El capítulo que el Gobierno decidió retirar seguirá siendo objeto de negociación parlamentaria, mientras gobernadores y legisladores provinciales mantienen bajo discusión hasta dónde puede avanzar una flexibilización del régimen de propiedad rural sin afectar intereses territoriales que consideran estratégicos.
El episodio deja además una señal política: la capacidad del Gobierno nacional para imponer su agenda en el Congreso encuentra un límite concreto cuando sus reformas requieren el acompañamiento de gobernadores que, aun dentro de una arquitectura parlamentaria favorable al oficialismo, conservan poder de decisión sobre sus senadores.
