Una serie de operativos judiciales ordenados por la jueza federal Zunilda Niremperger se desplegaron esta mañana en Posadas, Misiones, y en distintos puntos de la provincia del Chaco, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. Los procedimientos, llevados a cabo por Gendarmería Nacional y la Policía del Chaco, incluyeron más de 20 allanamientos y resultaron en la detención de cuatro referentes sociales acusados de manejar fondos públicos de manera irregular a través de fundaciones y cooperativas.
El operativo alcanzó incluso a un departamento en el edificio de las calles Ramón García y Hernández, en el barrio de Villa Sarita (foto principal), donde allanaron el departamento de Vanesa Díaz, una excandidata a concejal en 2023 por el espacio del diputado provincial Pedro Puerta (Activar). Las autoridades incautaron documentación y dispositivos electrónicos que podrían aportar pruebas sobre su presunta vinculación con el caso.
En Chaco
En paralelo, en Chaco (foto inferior), las pesquisas se centraron en cuatro causas separadas que involucran a dirigentes sociales y sus familias. Entre los detenidos figura Marcos Antonio Cáceres, quien habría recibido más de 220 millones de pesos del Instituto de Agricultura Familiar entre 2022 y 2023. Las investigaciones revelan que su patrimonio, incluyendo un vehículo registrado a nombre de su pareja, no se condice con sus ingresos formales.
Otro de los arrestados es Lucas Torales Cordeiro, vinculado a las fundaciones Árbol de la Vida y La Revolución, entidades que habrían funcionado como fachada para justificar millonarias transferencias estatales. Según las pesquisas, Torales Cordeiro realizó numerosos viajes al exterior y adquirió bienes inmuebles y vehículos de alta gama, algunos a nombre de familiares presuntamente utilizados como testaferros.
En tanto, Diego Armando Rolón, referente de varias cooperativas y empleado municipal, fue detenido tras detectarse que posee una camioneta Toyota Hilux y un corralón, entre otros bienes, sin una justificación económica clara. Su caso se asemeja al de Juan Carlos Rolón, otro dirigente social arrestado hoy, dueño de tres camionetas de lujo y un galpón construido con fondos públicos, según la investigación.
La Fiscalía Federal de Resistencia y el Departamento de Delitos Económicos y Financieros analizan ahora la documentación incautada para determinar el alcance de la presunta red de lavado. Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se espera que en las próximas horas se definan las imputaciones formales.
Este caso expone un patrón recurrente: dirigentes que, a través de organizaciones sociales, habrían canalizado dinero estatal hacia sus patrimonios personales, adquiriendo bienes de alto valor sin una procedencia financiera legítima. Las pesquisas continúan abiertas, y no se descartan nuevas detenciones.
Sobre el caso del allanamiento de la misionera, no se difundió mayor información ni su situación ante la Justicia.
