La Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte aprobó los balances de los ejercicios 2024 y 2025 y renovó la totalidad de su consejo directivo. La continuidad de Julio Petterson al frente de la entidad se produce mientras los productores reclaman recuperar capacidad de negociación y herramientas de regulación para enfrentar el deterioro de la actividad.
La Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN) realizó su Asamblea General Ordinaria, este viernes, aprobó los balances correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025 y renovó la totalidad de su consejo directivo. La jornada marcó el cierre de un ciclo institucional y el comienzo de una nueva etapa, con la continuidad de parte de las autoridades y la incorporación de nuevos socios a los órganos de conducción.
El principal resultado de la asamblea fue la reelección de Julio Petterson como presidente. Será su octavo período consecutivo al frente de ACPYN, una continuidad que adquiere particular relevancia en un escenario de fuerte tensión para la producción yerbatera de Misiones.
La nueva conducción quedó integrada por Sergio Heineken como vicepresidente, César Alcántara como secretario y Fabián Tarnowyk como tesorero. Como síndicos fueron designados Juan Barella y Pedro Basilio Mulawka, mientras que Esteban Fabián Kirschner y Nélida Guillermina Petterson ocuparán las sindicaturas suplentes.
El consejo se completa con Hugo Aníbal Sand y Alexander Petterson como vocales titulares, y Daniel Burkiewich y Alberto Kirschner como vocales suplentes.
La renovación permitió incorporar nuevos productores a la conducción de la entidad, mientras otros dirigentes fueron ratificados en sus cargos. Para ACPYN, el proceso abre una nueva etapa de participación interna y plantea la necesidad de continuar trabajando sobre los reclamos que atraviesan actualmente a los productores yerbateros.
La discusión interna ocurre en uno de los períodos más complejos que atraviesa la actividad yerbatera. La modificación del esquema regulatorio nacional redujo las herramientas con las que contaba el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para intervenir en el mercado y dejó a los productores frente a una estructura comercial con mayor capacidad de negociación.
El problema se refleja tanto en los precios como en los niveles de producción. Un informe elaborado por Roberto Ferreira, director del INYM, sobre los efectos del DNU 70/2023 señaló que entre enero y abril de 2024 ingresaron a los secaderos 268.297.370 kilos de hoja verde. Durante el mismo período de 2026, el volumen descendió a 151.910.206 kilos, una caída superior al 40 por ciento.
La contracción tiene consecuencias que exceden una estadística productiva. Para los productores, el deterioro de los ingresos afecta la capacidad de sostener labores culturales, incorporar tecnología, renovar plantaciones y afrontar los costos de producción. Cuando esa situación se prolonga, la rentabilidad de las chacras queda comprometida y aumenta la presión sobre las familias que dependen de la actividad.
El escenario también expone un problema estructural de la cadena. La producción primaria se encuentra atomizada entre miles de productores, mientras la compra y la industrialización concentran mayor capacidad de negociación. Esa asimetría se vuelve más evidente cuando el Estado reduce sus mecanismos de intervención y los productores deben negociar individualmente en un mercado con compradores de mayor escala.
Ese contexto explica la importancia que adquirieron las organizaciones de productores. Las asociaciones constituyen espacios desde los cuales el sector puede discutir estrategias, formular reclamos y construir posiciones comunes frente a los demás actores de la cadena yerbatera.
La discusión alcanza también al futuro del INYM. Desde el sector productor se reclama la recuperación de facultades que permitieron históricamente al organismo intervenir en la actividad y establecer referencias para la hoja verde y la yerba mate canchada. El planteo forma parte de una disputa más amplia sobre el modelo yerbatero y sobre la distribución del ingreso entre productores, secaderos, molinos y comercializadores.
El DNU 70/2023 modificó sustancialmente ese esquema regulatorio. Posteriormente, otras decisiones del Gobierno nacional profundizaron la discusión sobre las funciones del organismo y sobre las herramientas disponibles para ordenar una actividad que involucra a miles de productores en Misiones y Corrientes.
En ese contexto, la continuidad de Petterson al frente de ACPYN adquiere una dimensión que excede la formalidad de una elección interna. Su octava reelección consecutiva ratifica una conducción con una trayectoria prolongada dentro de la representación de los productores del norte misionero, precisamente cuando las organizaciones del sector enfrentan el desafío de sostener la actividad y defender la permanencia de las familias yerbateras en la producción.
La nueva etapa tendrá como escenario esa realidad. La incorporación de nuevos socios al consejo suma voces a una conducción que mantiene a Petterson en la presidencia y que deberá transformar los planteos surgidos de la asamblea en posiciones concretas frente a una crisis que atraviesa a toda la cadena.
La yerba mate representa una de las principales actividades económicas de Misiones y forma parte de la estructura productiva de miles de familias rurales. El deterioro de las condiciones de producción y comercialización trasciende, por eso, los límites de una organización. Lo que está en discusión es la capacidad de la producción primaria para sostenerse, renovar sus plantaciones y continuar ocupando un lugar central en la economía de la provincia.
La asamblea de ACPYN cerró así un período institucional y abrió otro con una conducción parcialmente renovada, pero con el mismo presidente por octava vez consecutiva. El desafío queda planteado sobre un escenario que exige respuestas concretas para un sector que reclama condiciones que permitan producir, cubrir costos y sostener la actividad en las chacras.
