Por Sergio Fernández (*)
Oberá se prepara para recibir a miles de personas en la Fiesta Nacional del Inmigrante. La ciudad se viste de banderas, comidas típicas, danzas y el ruido alegre de una provincia que celebra la diversidad. Es uno de los pocos momentos del año donde Misiones muestra al país aquello que la define: una mezcla de culturas que aprendió a convivir en un mismo territorio. Pero el mismo fin de semana, a pocas cuadras de donde se arman los stands y se ensayan los bailes, un hombre celebró sus 44 años con una torta decorada con una cruz esvástica. La imagen, publicada en Facebook por su propia esposa, muestra también a un niño —su hijo— haciendo el saludo hitlerista. Como si nada. Como si la historia no existiera.
No es un hecho aislado. Es la punta de un iceberg que el país prefiere no mirar. Mientras las redes sociales se llenan de mensajes violentos, discursos de odio y banalizaciones del mal, el presidente Javier Milei alimenta esa misma lógica desde el lugar más alto del poder. Sus declaraciones, sus descalificaciones y su estilo confrontativo no solo legitiman la agresión, sino que instalan un clima donde lo que antes era intolerable empieza a volverse cotidiano. Cuando el Presidente insulta, cuando degrada al otro, cuando convierte el enojo en método, hay quienes se sienten autorizados a hacer lo mismo. No es casualidad. Es consecuencia.
Argentina, desde la reforma constitucional de 1994, adhiere a pactos y tratados internacionales que tienen rango constitucional. La protección de la dignidad humana, la condena a la discriminación y el derecho a la memoria no son opiniones. Son obligaciones jurídicas. Pero las leyes no alcanzan si el Estado las olvida. La Ley N° 23.592 de Actos Discriminatorios es clara: la difusión de simbología nazi está penada con prisión de un mes a tres años. La Justicia ya tiene dos denuncias. El Juzgado de Instrucción n.º 2 de Oberá deberá investigar. La DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, también fue notificada.
La pregunta, sin embargo, no es solo judicial. Es política. ¿Qué dice el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones mientras un cumpleaños con simbología nazi ocurre a pocos días de la fiesta que celebra la diversidad? ¿Dónde está la voz del Estado provincial frente a un hecho que no solo viola la ley, sino que ofende la memoria de millones de personas? Rulo Báez, referente de los derechos humanos y ex preso político, fue claro al respecto: lamentó el silencio oficial y señaló que no se puede naturalizar lo que debería ser inadmisible. Su voz, en este contexto, no es la de un dirigente político. Es la de alguien que conoce el peso de la represión y el valor de la memoria. Cuando él habla, debería ser escuchado. Pero el silencio del Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, hasta ahora, es un ruido ensordecedor.
Misiones tiene una historia que la persigue. Las investigaciones históricas vincularon a la provincia con la presencia de nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Las ruinas de Teyú Cuaré, en el Parque Provincial, fueron señaladas como un posible refugio de criminales en su viaje de escape hacia Paraguay o Brasil. No es un dato menor. Es una herida que no terminó de cerrar y que, como todas las heridas, puede infectarse si se la ignora. Cuando un hombre decora su torta con una esvástica, no está haciendo una broma. Está reivindicando un símbolo que representa el exterminio de seis millones de personas. Cuando un niño —su hijo— hace el saludo hitlerista, no está jugando. Está repitiendo un gesto que debería ser inadmisible en cualquier sociedad. La naturalización de estos actos es el primer paso hacia la normalización del odio.
Oberá celebra la diversidad. Pero la diversidad no es solo un espectáculo para el turismo. Es un valor que debe defenderse todos los días, en cada rincón, en cada acto cotidiano. Una fiesta no puede ser el único gesto de convivencia. La convivencia se construye con políticas públicas, educación, memoria y, también, con la condena firme a quienes intentan instalar el odio como una opción válida. Los organismos estatales existen para algo más que inaugurar obras o emitir comunicados. Existen para proteger a los ciudadanos y para recordar que hay discursos que no pueden ser tolerados. Cuando el Estado calla ante un acto de esta naturaleza, está fallando en su función más básica: la defensa de la dignidad humana.
Argentina no puede permitirse el lujo de olvidar. La historia reciente de Europa y la presencia de criminales nazis en Sudamérica no son relatos de otro tiempo. Son advertencias que siguen vigentes. Normalizar la simbología nazi, reírse de ella o minimizarla es un camino que ya se recorrió antes. Termina mal. Oberá no es solo la fiesta, la música y las banderas. Oberá también es el lugar donde un hombre creyó que podía festejar su cumpleaños con una esvástica sin que nadie dijera nada. Ahora la Justicia investiga. El resto de la sociedad mira. La pregunta es si el Estado provincial va a seguir mirando para otro lado o si, finalmente, va a ocupar el lugar que la historia y la ley le exigen.
(*) Periodista de Canal 4 Posadas
