Pollicita presentó ante el juez Ariel Lijo un requerimiento de 207 fojas con 20 puntos que el exjefe de Gabinete deberá responder en 15 días. La investigación detectó una diferencia de más de 43 millones de pesos entre los ingresos comprobados del matrimonio y sus gastos, además de desembolsos por 402.578 dólares cuyo origen la fiscalía busca determinar. El planteo también alcanza a operaciones inmobiliarias, dinero en efectivo y criptoactivos.
El fiscal federal Gerardo Pollicita avanzó un nuevo paso en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni y le dio 15 días para explicar el origen de los fondos con los que el exjefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, afrontaron adquisiciones, inversiones y gastos durante el período que abarca su paso por la función pública.
El requerimiento de justificación patrimonial, presentado este lunes ante el juez federal Ariel Lijo, consta de 207 fojas y enumera 20 puntos que la fiscalía considera inconsistentes luego de cruzar declaraciones juradas, rectificaciones, información financiera y otros elementos reunidos durante la pesquisa. La medida comprende el período que va desde el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó al Gobierno de Javier Milei, hasta el 27 de junio de 2026, fecha de su renuncia a la Jefatura de Gabinete.
La fiscalía busca determinar si el incremento patrimonial observado puede explicarse mediante ingresos lícitos y documentados. El requerimiento alcanza tanto los bienes registrados a nombre de Adorni como aquellos vinculados con su esposa y reclama precisiones sobre operaciones inmobiliarias, dólares en efectivo, gastos en moneda extranjera, movimientos con criptoactivos y distintas formas de financiamiento invocadas para explicar el crecimiento patrimonial.
El dato central del análisis económico aparece en la comparación entre los ingresos comprobados y los gastos del grupo familiar. Según el dictamen fiscal, Adorni percibió 35 haberes correspondientes a su actividad como funcionario público, a los que se sumaron los ingresos acreditados de su esposa. En conjunto, esos recursos alcanzaron 229.752.283,20 pesos durante el período investigado.
En ese mismo lapso, la fiscalía reconstruyó gastos familiares por 272.820.832,20 pesos. El cálculo incluye consumos con tarjetas de crédito, seguros, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos y viajes. La diferencia entre ambos conceptos asciende a 43.068.549 pesos y forma parte de las explicaciones que Pollicita le reclama al exfuncionario.
A esa diferencia en moneda nacional se suma otro capítulo de la investigación. Pollicita identificó desembolsos por 402.578,12 dólares cuyo origen, según la fiscalía, todavía no aparece respaldado por los ingresos lícitos comprobados en el expediente.
La investigación puso el foco, entre otros gastos, en la compra y refacción de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en la adquisición de un departamento situado sobre la calle Miró, en la compra de mobiliario y en distintos pagos realizados en efectivo y en dólares. El requerimiento también pide explicar gastos vinculados con viajes, alquileres temporarios, expensas y otros consumos del grupo familiar.
Uno de los puntos que deberá responder Adorni está relacionado con los dólares en efectivo consignados en sus declaraciones patrimoniales. La fiscalía busca conocer las fechas, montos, movimientos financieros y documentación que permita establecer el origen y la trazabilidad de esos fondos.
El expediente también analiza la compra de la propiedad del country Indio Cuá y el hecho de que figure a nombre de su esposa. Entre los elementos incorporados a la investigación aparece el pago de 245.000 dólares a un contratista por las obras de refacción de la vivienda, además de otros gastos vinculados con su equipamiento. La fiscalía pretende establecer el origen del dinero utilizado en esas operaciones y su correspondencia con los ingresos declarados.
Otro eje de la pesquisa son las operaciones con criptoactivos. Adorni había explicado públicamente que parte de su patrimonio provenía de inversiones en bitcoin realizadas antes de su ingreso al Estado y posteriormente incorporó rectificaciones a sus declaraciones juradas. La fiscalía ahora pretende determinar el origen del capital utilizado para iniciar esas inversiones, la operatoria realizada y la trazabilidad de los fondos que, según su explicación, generaron parte del incremento patrimonial.
El requerimiento también menciona fuentes de financiamiento atribuidas a familiares, herencias, donaciones e ingresos exentos, además de la participación de personas del entorno de Adorni en adquisiciones y pagos. La fiscalía busca establecer quién aportó los fondos, cómo se realizaron las operaciones y quién resultó ser el destinatario efectivo de determinados bienes o gastos.
La pesquisa se apoyó en un análisis técnico realizado por organismos especializados del Ministerio Público, cuyos resultados fueron cruzados con las declaraciones juradas patrimoniales integrales de Adorni y Angeletti, incluidas las rectificaciones presentadas posteriormente, además de información financiera y otros elementos incorporados al expediente. El informe técnico detectó inconsistencias que llevaron a Pollicita a avanzar con el requerimiento de justificación.
La causa había comenzado a tomar forma meses atrás, cuando la fiscalía inició el análisis de la evolución patrimonial de Adorni y pidió información a organismos públicos y entidades financieras. En junio, Pollicita ya evaluaba ampliar el período de análisis porque las explicaciones ofrecidas por el entonces jefe de Gabinete sobre activos adquiridos antes de su llegada al Estado podían requerir una reconstrucción de sus movimientos económicos previos.
Ahora el expediente ingresa en una etapa decisiva. Adorni dispone de 15 días para presentar las explicaciones y la documentación que considere necesaria para acreditar el origen de los fondos cuestionados. La fiscalía deberá analizar posteriormente la consistencia de esas respuestas y determinar si corresponde profundizar la investigación.
El siguiente paso procesal podría ser un pedido de declaración indagatoria. Esa decisión, sin embargo, corresponde al juez Lijo. El requerimiento presentado por Pollicita constituye una instancia de la investigación y las inconsistencias señaladas por la fiscalía todavía requieren explicación y valoración judicial. La existencia de diferencias patrimoniales o gastos cuya procedencia se encuentra bajo análisis tampoco equivale, por sí misma, a una condena ni acredita la comisión del delito investigado.
La situación de Adorni queda así atada a una pregunta concreta que deberá responder con documentación: cómo se financiaron los bienes, inversiones y gastos que la fiscalía reconstruyó durante su paso por el Gobierno y de qué manera esos desembolsos se corresponden con los ingresos lícitos acreditados de su grupo familiar.
El expediente ya tiene números, operaciones y bienes identificados. Ahora comienza la etapa en la que el exfuncionario deberá explicar ante la Justicia cómo encajan esas piezas en su evolución patrimonial.
