El diputado nacional Oscar Herrera Ahuad presentó dos proyectos de ley en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Uno propone reducir del 21 al 10,5 por ciento el IVA aplicado a la fécula de mandioca para mejorar la competitividad de una actividad concentrada en Misiones. El otro plantea declarar la emergencia salarial educativa por cinco años y destinar fondos del Tesoro Nacional a recomponer los ingresos docentes en todo el país.
El legislador del bloque Encuentro Misionero elevó ambas iniciativas con foco en dos áreas de fuerte impacto económico y social: la producción agroindustrial y el sistema educativo. Los proyectos apuntan a corregir desequilibrios estructurales mediante modificaciones tributarias y reasignación de recursos ya existentes.
La primera propuesta incorpora a la fécula de mandioca al régimen de alícuota reducida previsto en la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Si el proyecto prospera, este producto pasará a tributar el 10,5 por ciento, el mismo tratamiento que desde 2006 recibe la harina de trigo.
En los fundamentos, Herrera Ahuad sostiene que la actual carga del 21 por ciento encarece el producto final, reduce su competitividad frente a insumos sustitutos y desalienta la industrialización local. También advierte que la diferencia tributaria favorece el ingreso de fécula importada desde Brasil y Paraguay, países con esquemas fiscales más favorables para ese sector.
La mandioca integra, junto con la yerba mate y el té, el núcleo histórico de la producción agrícola misionera. Según los datos incorporados al proyecto, alrededor de 10.000 productores participan de esta actividad en la provincia y tres de cada cuatro destinan su cosecha al consumo en fresco.
La etapa industrial también tiene una particularidad: el total de las plantas elaboradoras de fécula del país está radicado en Misiones. El relevamiento incluido en la iniciativa identifica 11 industrias, entre ellas cuatro cooperativas y siete empresas familiares. La cadena productiva involucra a productores, transportistas, molinos y empresas alimentarias.
El proyecto destaca además el creciente uso de la fécula de mandioca en alimentos sin gluten y en productos destinados a nichos específicos del mercado. El objetivo es sustituir insumos importados, ampliar la oferta de alimentos libres de gluten y fortalecer una actividad que produce unas 18.000 toneladas anuales, con un impacto fiscal acotado a escala nacional.
La segunda iniciativa declara la emergencia salarial de la educación obligatoria de gestión estatal y de establecimientos públicos de gestión privada en todo el territorio argentino, desde el 1 de marzo de 2026 y por un plazo de cinco años.
La propuesta se apoya en tres indicadores. El primero es la pérdida del 19 por ciento del poder adquisitivo del salario docente promedio entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El segundo es la caída del gasto educativo consolidado de la Nación y las provincias, estimada en 1,5 puntos del PBI en 2024 y 1,9 puntos acumulados hasta 2025 respecto de 2023. El tercero es la persistencia de conflictos laborales que afectan el inicio del ciclo lectivo en al menos un tercio de las jurisdicciones del país.
El financiamiento previsto no contempla nuevos impuestos ni incremento del gasto total. El proyecto establece que los recursos transferidos al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional entre enero de 2026 y diciembre de 2030 se distribuyan íntegramente entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para financiar un suplemento salarial docente.
El 70 por ciento de esos fondos se asignará como “Complemento federal”, sujeto a requisitos de asistencia y participación en instancias de capacitación. El 30 por ciento restante se distribuirá como “Compensación federal” para docentes que trabajen en establecimientos ubicados en contextos de alta vulnerabilidad social.
La iniciativa también dispone que los remanentes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional no distribuidos al cierre de 2025 se orienten a infraestructura escolar y educación técnica. El 75 por ciento se destinará a mejoras edilicias y el 25 por ciento a fortalecer la enseñanza técnica secundaria de gestión estatal.
Como condición para adherir al régimen, las provincias no podrán reducir en términos reales el presupuesto educativo durante la vigencia de la emergencia. El texto prevé informes trimestrales al Congreso, una evaluación de impacto a los dos años y un monitoreo específico de los indicadores que dieron origen a la declaración de emergencia.
Con estas dos iniciativas, Herrera Ahuad llevó al Congreso propuestas centradas en dos áreas sensibles para Misiones y para el país: la industrialización de una economía regional estratégica y la recuperación del poder adquisitivo del salario docente.
