La especialista en discapacidad Soledad Varela analizó el impacto de la reforma que impulsa el gobierno nacional y advirtió sobre riesgos para derechos y prestaciones del sector. La referente describió un escenario de incertidumbre, con dificultades de acceso a servicios y consecuencias directas en la vida cotidiana de personas con discapacidad y sus familias.
En ese contexto sostuvo que el sector enfrenta una situación crítica con cambios normativos que generan incertidumbre y afectan tanto a beneficiarios como a prestadores. Indicó que las políticas recientes instalan dudas sobre las pensiones y exponen a las personas a procesos de auditoría que, según afirmó en una entrevista en el programa Info 4, no siempre cuentan con personal especializado.
También cuestionó el reempadronamiento obligatorio y los plazos establecidos para la presentación de documentación, al considerar que no contemplan las realidades diversas de quienes deben cumplir con estos requisitos. Señaló que muchas familias encuentran barreras de acceso, tanto por cuestiones económicas como por limitaciones de movilidad o falta de acompañamiento.
Además advirtió sobre la posible eliminación del nomenclador nacional, herramienta que fija valores de referencia para las prestaciones. Explicó que este cambio dejaría los precios sujetos a la lógica del mercado con riesgo de afectar la calidad y continuidad de los servicios. A esto se suma el atraso en los pagos a prestadores que en algunos casos alcanza varios meses.
Varela remarcó que la pensión por discapacidad no cubre las necesidades básicas y planteó que la reforma podría fijar ese ingreso como techo, en lugar de piso, lo que agravaría la situación económica del sector. También cuestionó la pérdida de jerarquía institucional en el área con cambios en la estructura estatal que reducen la visibilidad de la problemática.
