El Tribunal Oral en lo Criminal de Morón condenó este miércoles a 15 años de prisión a Santiago Martínez por el intento de femicidio de su expareja, Emily Ceco. El fallo lo encontró penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad, lesiones reiteradas y homicidio en grado de tentativa agravado por mediar violencia de género, en línea con lo establecido por el Código Penal argentino y la normativa vigente en materia de protección integral contra la violencia hacia las mujeres.
La sentencia coincidió con lo solicitado en los alegatos por la querella, encabezada por el abogado Roberto Castillo, quien sostuvo que los hechos acreditados durante el juicio configuraban un cuadro sostenido de violencia física y psicológica, con un episodio final que puso en riesgo la vida de la víctima. La causa fue instruida en el Departamento Judicial de Morón, bajo la intervención de la fiscal María Laura Cristini.
El caso se inscribe dentro del marco legal que en Argentina tipifica el femicidio y sus tentativas como formas agravadas de homicidio, contemplando el contexto de violencia de género como un elemento central para la calificación penal. En este sentido, la condena refuerza una línea jurisprudencial que busca actuar antes de que el desenlace sea fatal, uno de los déficits históricos señalados por organismos judiciales y políticas públicas en la materia.
La voz de la víctima y el peso del precedente
Tras la lectura del fallo, Emily Ceco expresó alivio y una sensación de cierre, aunque atravesada por la complejidad emocional del proceso: “No lo puedo creer. Siento que terminó. No quiero festejar, pero por fin voy a tener paz”, afirmó en declaraciones a medios.
La joven destacó que la sentencia no solo representa una reparación personal, sino también un antecedente relevante: “Se hizo justicia por mí y por otras mujeres que también fueron víctimas”, señaló, en referencia a testimonios que surgieron durante y después de la denuncia, donde otras exparejas de Martínez relataron episodios de violencia similares.
Durante el proceso judicial, Ceco sostuvo su acusación pese a presiones del entorno del acusado y la exposición pública derivada del caso, que cobró notoriedad por la participación de ambos en el reality producido por Netflix y conducido por Wanda Nara y Darío Barassi.
También describió situaciones de hostigamiento y un clima adverso durante las audiencias, lo que refuerza uno de los aspectos más sensibles de este tipo de causas: la revictimización. En ese marco, valoró especialmente el acompañamiento psicológico y familiar como factores determinantes para sostener la denuncia.
Un caso que interpela al sistema
El expediente se originó a partir de la denuncia radicada por Ceco en febrero de 2025. Según la reconstrucción judicial, el acusado ejerció violencia sistemática y protagonizó un episodio extremo que derivó en su detención, concretada en marzo de ese mismo año, en la antesala del Día Internacional de la Mujer.
El fallo se inscribe en un contexto donde la Justicia argentina viene siendo observada por su capacidad de respuesta ante situaciones de violencia de género. Informes oficiales y relevamientos de organismos especializados han señalado reiteradamente la necesidad de actuar con mayor celeridad y eficacia para prevenir desenlaces fatales.
En ese sentido, la condena a Martínez adquiere relevancia no solo por la pena impuesta, sino por el momento en que llega: antes de que el hecho se convierta en femicidio consumado. Es, en palabras de la propia víctima, una decisión que “no esperó a que me maten”.
Un mensaje hacia otras víctimas
Ceco aprovechó la visibilidad del caso para enviar un mensaje directo a otras mujeres que atraviesan situaciones similares: “Que no tengan miedo de acudir a la Justicia. Es un proceso difícil, pero escucha”.
Su testimonio pone en primer plano no solo la dimensión judicial del caso, sino también la social: la persistencia de vínculos violentos, la manipulación psicológica y las dificultades para romper esos ciclos. Elementos que, según coinciden especialistas y organismos públicos, siguen siendo parte estructural del problema.
El caso, por su exposición mediática y resolución judicial, vuelve a colocar en agenda un tema que en Argentina mantiene cifras alarmantes y demanda respuestas sostenidas del Estado, la Justicia y la sociedad en su conjunto.
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