El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se oficializó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Los legisladores acusan al mandatario de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y delitos contemplados en el Título VIII del Código Penal. Entre los denunciantes se encuentran Victoria Tolosa Paz, Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio Pereyra, Sabrina Selva y Brenda Vargas Matyi.
Tolosa Paz, quien anunció la medida en la red social X, sostuvo que el uso de un DNU para aprobar el acuerdo viola la Constitución Nacional y la Ley 27.612 (Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública). Además, exigió a la Justicia que suspenda cualquier acto que consumaría este «obrar delictivo» y afirmó que no permitirán que se «hipoteque el futuro de los argentinos».
El Gobierno nacional justificó la decisión de no enviar el acuerdo al Congreso como proyecto de ley, argumentando que la mayoría kirchnerista en el Senado retrasaría su avance. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que los plazos y montos del acuerdo ya están definidos, aunque no reveló detalles específicos. Según el DNU, el acuerdo con el FMI se enmarca en un Programa de Facilidades Extendidas con un plazo de amortización de 10 años y un período de gracia de cuatro años y medio. Sin embargo, no se especificaron los montos exactos, los plazos de desembolsos ni los intereses a pagar.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, destaca el rumbo económico del país bajo la gestión de Milei, pero también señala que la adopción de medidas inmediatas era «imperiosa» para evitar impactos negativos en el escenario económico actual. El texto consta de cinco artículos que aprueban operaciones de crédito público, establecen la cancelación de deudas con el Banco Central y facultan al Poder Ejecutivo a suscribir los instrumentos necesarios para implementar el acuerdo. Una vez publicado, el DNU será enviado al Congreso para su eventual ratificación.
Críticas y apoyo político
El expresidente Mauricio Macri expresó su apoyo al acuerdo con el FMI, pero criticó la decisión de implementarlo mediante un DNU. Durante la inauguración de Expoagro en San Nicolás, Macri señaló que esta medida refleja una «debilidad institucional» y no contribuye a generar confianza. Además, sugirió retomar la discusión del presupuesto para otorgar mayor transparencia y previsibilidad a la gestión económica. Aunque mantiene una buena relación personal con Milei, las diferencias entre ambos líderes generan tensiones en el escenario electoral, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde ni Pro ni La Libertad Avanza han definido sus candidatos para las elecciones del 18 de mayo.
Detalles del acuerdo y desembolsos
El acuerdo con el FMI prevé desembolsos escalonados por un total aproximado de 15.000 millones de dólares, destinados principalmente a pagar vencimientos con el propio organismo y a cancelar deudas con el Banco Central. Los plazos de gracia y la estructura de pagos buscan aliviar la carga financiera del país, con desembolsos que comenzarían en 2026. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el acuerdo no incrementará la deuda pública y reafirmó el compromiso del Gobierno con la reconstrucción de Bahía Blanca, aunque subrayó que la planificación corresponde al municipio.
Contexto político y comunicacional
Francos también respondió a las críticas de la oposición, acusándola de buscar rédito político en el contexto del Caso $Libra. Reflexionó sobre la evolución de la comunicación política y destacó el papel de las redes sociales en la relación del presidente con la ciudadanía. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que el acuerdo con el FMI es fundamental para consolidar la estabilización macroeconómica y mejorar la posición financiera del país, aunque su implementación mediante un DNU sigue generando controversias tanto en el ámbito político como en el judicial.
La situación refleja un escenario de tensiones políticas y jurídicas, con un acuerdo que busca aliviar la deuda pública pero que enfrenta cuestionamientos por su forma de implementación y sus posibles implicancias institucionales.
