La reciente decisión del Gobierno Nacional de transferir a empresas privadas la operación y el mantenimiento de las autopistas y rutas gestionadas por la empresa estatal Corredores Viales genera preocupación. La secretaria del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleña, también disparó contra la medida que afectará a seis mil kilómetros de rutas nacionales en trece provincias, incluida Misiones,
La gremialista advirtió que la privatización podría comprometer la conectividad esencial para el turismo y la producción en la región, dijo durante la nota periodística con Ariel Sayas para Canal 4 Posadas a través de la plataforma Zoom, donde también enfatizó que «si no tenemos los caminos en condiciones, la conectividad no va a existir», al hablar de la importancia de una infraestructura vial adecuada para el transporte de alimentos y el acceso a servicios básicos en la provincia. «Las comunidades quedarán incomunicadas si se implementa esta privatización sin las garantías necesarias», sentenció.
Aleña también expresó su preocupación por el futuro de los empleados de Vialidad de Misiones ya que “no hay ninguna garantía sobre el mantenimiento de los puestos de trabajo”, afirmó, señalando que la falta de información sobre el proceso de privatización genera incertidumbre. Además, cuestionó la posibilidad de mantener la calidad de las rutas bajo un modelo privatizado.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó en una conferencia de prensa que la empresa estatal enfrenta un déficit operativo de 30 millones de dólares, el cual, hasta diciembre, fue financiado con fondos del Tesoro Nacional. Sin embargo, después de que el Gobierno decidió dejar de transferir estos fondos, se aplicaron aumentos tarifarios que no lograron cubrir el déficit. Esto llevó a la conclusión de que «la firma no cumplió con los estándares mínimos de operación y mantenimiento”.
Aleña hizo hincapié en la grave situación financiera de Vialidad Nacional, que enfrenta una deuda de más de 60 mil millones de pesos por transferencias impagas de impuestos. «Nadie garantiza que nuestros trabajadores van a contar con los fondos necesarios para hacer la conservación de las rutas», dijo.
Para concluir, la secretaria destacó que muchas de las rutas que se privatizan son las mismas que fueron concesionadas en la década de 1990, un proceso que terminó en fracaso y con la devolución de las rutas en condiciones deplorables. «Partimos de un fracaso a otro fracaso, volviendo 30, 40 años atrás», advirtió, y destacó la necesidad de aprender de los errores del pasado.
Nueva Red Federal de Concesiones
El Gobierno Nacional presentó este martes la nueva Red Federal de Concesiones ante cámaras empresariales. Vialidad Nacional expuso el nuevo esquema que permitirá licitar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales para su operación y mantenimiento, bajo un proceso de licitación pública.
La Red Federal de Concesiones abarca un total de 9.145 kilómetros distribuidos en trece tramos y significará un ahorro de 6.100 millones de dólares para el Estado Nacional. El llamado a licitación se desarrollará en dos etapas. La primera, integrada por el Tramo Oriental (RN 12 y RN 14) y la Conexión Rosario-Victoria, se lanzará en diciembre de 2024, con adjudicación prevista para abril de 2025. La segunda, compuesta por los tramos I al X y algunas de las principales rutas nacionales del país, se licitará en febrero de 2025, con adjudicación en julio de 2025.
El nuevo sistema contará con una serie de características que permitirán una utilización eficiente de las tarifas de peaje, tal como difundió la Nación:
Concesión autosustentable: la empresa concesionaria no deberá abonar ningún canon al Estado Nacional, ni este último aportará ningún concepto como subsidio. Esto permitirá que la concesión se solvente exclusivamente con la recaudación por el pago de peaje.
Mejor tarifa ofertada: al momento de adjudicar se elegirá la empresa que ofrezca la menor tarifa al usuario.
Transparencia: este nuevo sistema permitirá la participación de actores tanto del sector de la construcción vial como de otros sectores privados para garantizar mayor transparencia y competencia, logrando así mejores resultados para los usuarios.
Tarifas: una vez adjudicado el tramo a la empresa concesionaria, las tarifas vigentes al momento de la adjudicación regirán hasta que la empresa asegure las condiciones óptimas de transitabilidad, antes de poder aplicar las nuevas tarifas de concesión. Estas condiciones incluyen bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal y vertical, al igual que iluminación.
Pesaje dinámico: se incorporarán controles dinámicos de peso y se actualizarán los sistemas de control estáticos con el fin de lograr la eficiencia y eficacia en el control de cargas.
Incorporación de vías TelePASE y sistema free-flow: se promoverá el uso de métodos de pago dinámicos y se incorporarán paulatinamente sistemas de pago sin detención (free-flow) con el fin de agilizar el tránsito.
Control de la concesión: los proyectos estarán a cargo de las empresas concesionarias y Vialidad Nacional, como ente rector, realizará las mediciones del estado de las calzadas y el debido control por resultados.
Tarifa tope y actualización trimestral: en cada pliego de licitación se establecerá una tarifa máxima que las concesionarias podrán cobrar en concepto de peaje. Los cuadros tarifarios se actualizarán trimestralmente según fórmulas prefijadas que contemplan diversos índices del INDEC.
El administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, presidió el acto de presentación que contó con la asistencia del Ministro de Economía, Luis Caputo, el Secretario de Transporte, Franco Mogetta, y otras autoridades nacionales. Además, participaron representantes de destacados sectores y organismos nacionales e internacionales, tales como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), YPF y bancos multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto a cámaras empresariales y asociaciones del ámbito vial, del transporte y del comercio.
