Este artículo del ingeniero forestal Nicolás Ocampo advierte sobre el riesgo de concentración de la tierra, los recursos naturales y la producción en manos de grandes capitales, en un contexto de crisis de las PyMEs y de las economías regionales. En Misiones, pone el foco en la yerba mate, la forestoindustria y el arraigo rural. Su reclamo concreto está dirigido a los senadores misioneros, a quienes pide rechazar la modificación de la Ley de Tierras. Como alternativa, propone proteger a los pequeños y medianos productores, fortalecer las PyMEs y construir políticas de desarrollo articuladas entre el Estado y el sector privado.
Mientras cierran empresas, las PyMEs pierden competitividad y crece la preocupación por el futuro de las tierras rurales, Misiones enfrenta una decisión que puede cambiar el rumbo de su desarrollo productivo y el arraigo rural de las próximas generaciones.
El reconocido periodista argentino Jorge Lanata lo decía en los años 2000: “Es la primera vez que vas a escuchar esto y quizás sea la última. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y, lo que es peor de todo, de tu libertad”, haciendo referencia al Grupo Clarín. Y fue real, porque no solo no se volvió a escuchar más nada, sino que terminó trabajando para ellos.
Lo llamativo es que este grupo económico, que ya concentraba una importante cantidad de radios y canales de televisión en aquella época, continúa profundamente arraigado en nuestro país e incluso ha fortalecido su presencia. Basta con observar qué canales de televisión consumen las generaciones mayores de 40 o 50 años, o simplemente entrar a un quiosco y advertir qué medios de comunicación siguen teniendo una fuerte presencia en la sociedad.
Lo cierto es que uno de los mensajes más instalados, posiblemente como consecuencia de la influencia de los grandes medios, es la idea de que la presencia del Estado es necesariamente negativa y que el mercado es, por naturaleza, positivo. Sin embargo, esta visión parte de conceptos simplificados y, en muchos casos, distorsionados, principalmente por los defensores de La Libertad Avanza.
Es necesario comprender que el Estado no es una entidad ajena a la sociedad, sino una construcción colectiva formada por todos los ciudadanos que la integran y que, mediante la democracia, elegimos representantes encargados de conformar gobiernos. La responsabilidad fundamental de esos gobiernos debe ser procurar el bienestar general y atender las necesidades de las mayorías.
Desde el surgimiento de la democracia en la antigua Grecia, hace aproximadamente 2.500 años, la organización política estuvo vinculada con la búsqueda del bien común. A partir de allí pueden existir gobiernos buenos o malos, con diferentes ideologías, modelos económicos y formas de gestión, pero el objetivo esencial no debería perderse: garantizar condiciones de vida dignas y trabajar para satisfacer las necesidades básicas de las personas.
También es necesario comprender que el mercado, por sí mismo, no es bueno ni malo: es una herramienta que puede estimular el desarrollo económico y el crecimiento de las comunidades. Los países que cuentan con abundantes recursos naturales poseen, en principio, una mayor capacidad para impulsar su desarrollo, siempre que sean capaces de defender, administrar y aprovechar estratégicamente aquello que les pertenece. Para ello se necesitan representantes preparados, instituciones sólidas y una profunda conciencia de defensa de los intereses nacionales; en otras palabras, ser patriotas.
En este sentido, la concentración de la riqueza en pocas manos puede profundizar las desigualdades y limitar las oportunidades para gran parte de la sociedad. Por eso, promover una distribución más equilibrada de la riqueza y evitar la concentración excesiva del poder económico constituye un camino fundamental para alcanzar mayores niveles de bienestar.
Incluso Adam Smith, considerado el padre del capitalismo y uno de los principales referentes del pensamiento económico liberal, advirtió sobre los riesgos de los monopolios y de la concentración económica, al sostener que estos pueden obstaculizar la competencia, limitar el desarrollo económico y perjudicar el interés general. En La riqueza de las naciones, publicada en 1776, también señaló que, cuando los comerciantes de un mismo sector se reúnen, sus conversaciones pueden terminar en acuerdos contrarios al interés público o en estrategias destinadas a elevar artificialmente los precios.
A partir de estas reflexiones, podemos sostener que nuestro país atraviesa un momento de alto riesgo de concentración de la actividad económica y de profundización de una forma de colonialismo no bélico, basada en la influencia y el control de sectores estratégicos por parte de grandes intereses económicos.
En este contexto, cobra más vigencia que nunca una frase atribuida al expresidente Arturo Illia (1963-1966): “No les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender”. La expresión refleja una advertencia sobre aquellos intereses locales que, priorizando negocios particulares o ajenos, pueden terminar debilitando la defensa de los recursos, la producción y el desarrollo nacional, incluso más que las presiones provenientes del exterior.
Como dato histórico, resulta importante recordar que Illia fue derrocado en 1966 mediante un golpe de Estado que contó con el respaldo de sectores militares, corporaciones económicas transnacionales y grandes grupos de comunicación. Su gobierno había mantenido fuertes tensiones con determinadas corporaciones, especialmente a partir de medidas vinculadas con la regulación económica y la defensa de los intereses nacionales.
Hoy estamos atravesando un momento de inflexión en el que los argentinos debemos parar el motor, reflexionar sobre nuestro futuro y dejar de repetir memes de “coherencia, por favor”. Porque no es casualidad que nuestro país vuelva a profundizar su relación con el Fondo Monetario Internacional, una institución que el propio Javier Milei, antes de ser presidente, calificaba como perversa.
Esta expresión podría ser verdad, porque el FMI es la institución prestamista que mayores condiciones pone al momento de otorgar financiamiento. Establece sus condiciones y medidas de ajuste, que considera adecuadas, mediante la aplicación de políticas fiscales, financieras y productivas basadas en sus modelos sugeridos, pudiéndose interpretar que estas privan de libertad de decisión a los Estados (países), condicionando su capacidad para tomar decisiones soberanas y definir políticas acordes con las necesidades y particularidades de cada país. El problema es que, detrás de los números, las metas fiscales y los indicadores económicos, muchas veces quedan relegadas cuestiones fundamentales como el empleo, la producción, el desarrollo regional y la calidad de vida de las personas. Puede parecer perverso, pero lo cierto es que se trata de acuerdos entre dos partes. Por eso, la responsabilidad no es únicamente de quien presta el dinero e impone condiciones, sino también de quienes aceptan esos compromisos y deciden aplicar sus consecuencias.
Partiendo de este nuevo acuerdo entre la Argentina y el FMI, cuyos alcances y consecuencias parecen estar lejos de ser comprendidos y debatidos por la mayoría de los argentinos, resulta difícil entender por qué, en un contexto de ajuste económico y ante el cierre de 26.448 empresas empleadoras —el equivalente a unas 31 empresas menos por día, según datos del CEPA—, nuestro país no toma como referencia las políticas aplicadas por muchas de las economías más desarrolladas y competitivas del mundo.
Estados Unidos, China, Rusia y los países de la Unión Europea, entre tantos otros, sostienen políticas consolidadas de comercio exterior, incentivos fiscales, acceso al crédito, protección de sectores estratégicos y regulación sobre el uso y la propiedad de la tierra. Estas herramientas buscan generar previsibilidad, fortalecer la producción y promover el desarrollo económico, principalmente de las empresas locales, aunque también pueden atraer inversiones extranjeras que se integren a los objetivos nacionales.
Argentina tiene enormes fortalezas. Contamos con un entramado empresarial con visión, capacidad de adaptación y una experiencia que le ha permitido superar obstáculos que, en muchos otros lugares del mundo, difícilmente podrían sostenerse. Tenemos mano de obra calificada, profesionales de primer nivel y una capacidad productiva con cualidades valoradas y demandadas en cualquier parte del mundo.
Sin embargo, ante la falta de condiciones reales de competitividad para nuestras empresas, es nuestro propio Gobierno el que, a través de sus decisiones, está empujando a gran parte del sector productivo hacia una crisis sin precedentes. Y, a mi entender, esta realidad cuenta con el acompañamiento de los mismos grandes medios de comunicación a los que hacía referencia Jorge Lanata.
A través de un discurso que presenta esta situación como inevitable, intentan convencernos de que la solución consiste en otorgar cada vez más poder y beneficios a los grandes capitales extranjeros. Primero fue mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI); luego, con la propuesta de un “Super RIGI”. Y, como si eso no fuera suficiente, ahora se pretende avanzar sobre las tierras rurales, en un contexto de baja actividad económica y pérdida de valor, facilitando su adquisición por parte de capitales extranjeros.
El riesgo es que, bajo la promesa de atraer inversiones, terminemos entregando por completo nuestra patria: las tierras, los recursos y las posibilidades de desarrollo de las futuras generaciones.
En el plano provincial, la crisis se siente tanto en el comercio como en el desarrollo productivo rural. En el sector yerbatero, en lugar de promover una mayor competencia dentro de la industria —que permita fortalecer el arraigo de los productores y sostener a toda la cadena productiva—, se optó por liberar el mercado, favoreciendo una mayor concentración de la actividad.
En la forestoindustria, la situación también es preocupante: más de 100 PyMEs habrían cerrado sus puertas, mientras que muchas de las empresas que continúan en actividad trabajan apenas entre el 30 % y el 40 % de su capacidad instalada.
Este 6 de agosto, nuestros senadores nacionales deberán tomar una decisión: defender la patria, rechazando la modificación de la Ley de Tierras y protegiendo el suelo argentino y sus recursos naturales, o facilitar su entrega a capitales extranjeros bajo el argumento de que otorgar mayores facilidades para la adquisición de tierras rurales traerá nuevas inversiones.
Vale mencionar que, en medio de esta situación preocupante, también aparece una señal alentadora: como pocas veces se ha visto, la voluntad de defender la patria parece trascender los colores políticos partidarios. Gran parte de los misioneros comprende que, en este tema, estamos todos en el mismo barco o, al menos, así parece entenderlo la gran mayoría.
Por eso, este jueves, los senadores Martín Goerling, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce tienen la oportunidad de quedar en la historia positiva de nuestra provincia, demostrando que, más allá de las diferencias políticas, son capaces de defender los intereses de los misioneros y el futuro productivo de Misiones.
Pero también podrían quedar del otro lado de la historia si acompañan decisiones que faciliten la concentración de las tierras rurales y de las actividades productivas en manos de grandes capitales extranjeros. En una provincia como Misiones, esto profundizará la pérdida de oportunidades para los pequeños y medianos productores, impulsando su desplazamiento hacia las ciudades y terminando con el arraigo rural.
Sería, en definitiva, poner la firma a un modelo en el que la tierra, los recursos naturales y las industrias queden cada vez más concentrados: el combo completo del negocio para unos pocos.
Es importante entender que, si logramos frenar este avance, será fundamental fortalecer el trabajo articulado entre los sectores público y privado y avanzar hacia políticas sólidas de desarrollo que promuevan el arraigo de los pequeños y medianos productores, al mismo tiempo que brinden a las PyMEs la previsibilidad económica, jurídica y social que requieren para crecer y generar empleo.
Solo así podremos construir un modelo de desarrollo que garantice para nosotros y nuestros hijos condiciones básicas de bienestar en un mundo cada vez más complejo.
Ingeniero forestal Nicolás Ocampo
Matrícula número 302
Presidente de la Asociación Forestal y Ambiental de Misiones
