Desde el bloque señalaron que la aprobación del presupuesto no es un trámite formal, sino una herramienta concreta de planificación: fija prioridades, ordena el uso de los recursos públicos y establece criterios para una distribución equitativa. Según explicaron, el objetivo fue evitar que la Argentina vuelva a quedar sin un marco presupuestario, escenario que —advirtieron— amplía márgenes de arbitrariedad y debilita la estabilidad institucional.
Sin embargo, el acompañamiento no fue sin reparos. Los legisladores misioneros presentaron disidencia respecto del artículo 75, que deroga la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad. Argumentaron que, en los hechos, esas normas se encuentran judicializadas y hoy carecen de aplicación efectiva al no contar con partidas presupuestarias asignadas.
En ese sentido, el posicionamiento del Frente Renovador combinó dos mensajes: por un lado, responsabilidad institucional para garantizar que el país tenga presupuesto; por el otro, una advertencia política y social sobre la necesidad de preservar recursos específicos para las universidades públicas y las personas con discapacidad.
“Decidimos acompañar la ley general priorizando la estabilidad institucional, la responsabilidad fiscal y la garantía de recursos específicos para las universidades públicas y las personas con discapacidad”, resumieron desde el espacio, al explicar el equilibrio entre apoyo general y disidencia puntual.
