La iniciativa incluye sociedades provinciales y municipales, empresas mixtas y entidades con participación pública mayoritaria en el capital o en las decisiones. Prevé su vigencia desde enero de 2027 y retoma un ámbito de fiscalización sobre el que el organismo anunció auditorías en 2018.
El gobernador Hugo Passalacqua envió este jueves 15 de octubre a la Cámara de Representantes un proyecto para incorporar expresamente a las empresas y sociedades estatales provinciales y municipales dentro de las competencias del Tribunal de Cuentas de Misiones. La propuesta modifica su ley orgánica y establece el 1 de enero de 2027 como fecha de entrada en vigencia, si la Legislatura la convierte en ley.
El texto apunta a precisar el alcance del control externo sobre las estructuras empresariales con participación del Estado. Comprende a las empresas y sociedades estatales, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las de economía mixta y otras entidades empresariales donde la Provincia o los municipios tengan mayoría en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
La distinción importa porque el proyecto contempla dos condiciones alternativas para estas últimas entidades: la participación mayoritaria en el capital y la mayoría en las decisiones. Su redacción, por lo tanto, permite abarcar situaciones en las que el poder estatal de decisión constituye el criterio de inclusión, además de la composición accionaria.
En el mensaje de elevación, fechado en Posadas el 15 de octubre y con sello de recepción de la Secretaría Parlamentaria de ese mismo día, Passalacqua fundamentó la reforma en la necesidad de dar mayor claridad y certeza jurídica al régimen vigente. El documento describe la incorporación como una ratificación del encuadre de las empresas y sociedades del Estado dentro del control del Tribunal.
Ese fundamento introduce una precisión respecto del anuncio político: el Ejecutivo propone dejar expresa una competencia que reconoce antecedentes normativos e institucionales. El propio Tribunal comunicó en febrero de 2018 que había dictado resoluciones para iniciar auditorías sobre empresas estatales y sociedades con participación pública.
