Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), junto a los armados radicales que responden a Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Valdés (Corrientes), quedaron en el centro de las críticas oficiales por haber impulsado un desenlace legislativo que, para el Gobierno, atentó contra el eje que más cuida la actual administración: el equilibrio fiscal. En Balcarce 50 sostienen que esa conducta no solo puso en riesgo el orden de las cuentas públicas, sino que también debilitó una herramienta básica que todo gobierno necesita para gobernar y dar previsibilidad al país: un Presupuesto alineado con su programa económico.
Un presupuesto no es una ley más. Es el instrumento que ordena el gasto, fija prioridades y le da previsibilidad a un gobierno y a un país. En términos institucionales, también expresa un acuerdo político mínimo sobre cómo se administran los recursos públicos. Por eso, cuando el Ejecutivo sostiene que el Presupuesto aprobado “no sirve”, no lo hace en términos retóricos: plantea que el texto final no refleja el esquema fiscal con el que fue electo y limita su capacidad de gestión.
Desde la mirada oficialista, lo más cuestionable del accionar de estos gobernadores no fue el desacuerdo explícito, sino la forma. Varios de ellos acompañaron la aprobación del Presupuesto en general, tras negociaciones políticas y gestiones directas con la Casa Rosada, pero luego habilitaron que sus diputados votaran en contra en la instancia clave de la votación en particular. Esa dinámica es leída en el Gobierno nacional como una señal de imprevisibilidad y de ruptura de compromisos políticos básicos.
El caso de Jaldo, Jalil y Sáenz es el que mayor malestar generó. En el Ejecutivo recuerdan que sus provincias recibieron durante el año fondos nacionales y un trato político preferencial, y aun así sus bloques legislativos terminaron votando de un modo que dejó al Presupuesto sin uno de sus pilares centrales. Sin exageraciones ni adjetivos grandilocuentes, en Casa Rosada lo interpretan como una contradicción difícil de justificar.
También causó sorpresa el comportamiento de Figueroa, Zdero y Valdés, dirigentes que hasta último momento eran considerados parte del esquema de diálogo. En el oficialismo señalan que no se trató de una oposición frontal, sino de una decisión táctica que terminó alineándolos con sectores que buscan condicionar al Ejecutivo desde el Congreso. Para Milei, esa ambigüedad es tan problemática como la confrontación abierta.
El contraste entre la votación en general y la votación en particular expuso una fragilidad política que el Gobierno no está dispuesto a convalidar. Gracias a acuerdos previos, el Presupuesto logró 132 votos afirmativos en general, lo que permitió mostrar una foto de gobernabilidad. Pero esa foto se desdibujó rápidamente cuando llegó la definición fina, dejando al Ejecutivo frente a una ley que no garantiza previsibilidad fiscal.
Desde una perspectiva institucional, el daño no es menor. Un Presupuesto aprobado pero políticamente desalineado con el Ejecutivo erosiona la responsabilidad de quien gobierna y traslada los costos de las decisiones a un sistema de negociaciones cruzadas. Para el Gobierno, aceptar ese esquema implicaría asumir riesgos económicos sin control real sobre el gasto.
Por eso, la posibilidad del veto gana fuerza. En ese marco, el accionar de los seis gobernadores quedó marcado como un factor clave en una crisis que excede lo legislativo y expone una discusión más profunda sobre reglas, previsibilidad y responsabilidad fiscal.
