La Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó de manera unánime en su Consejo Superior el inicio de acciones judiciales con el objetivo de que se aplique efectivamente la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, sancionada por el Congreso Nacional. La decisión busca que el Ejecutivo Nacional asigne de forma urgente los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales vigentes.
Si bien la ley fue promulgada formalmente por el Poder Ejecutivo, su aplicación fue suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento para ejecutarla. Ante esta situación, el Consejo Superior de la UBA consideró necesario recurrir a la Justicia “a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática”.
En los fundamentos de la resolución, la Universidad sostiene que “este decreto, que promulga formalmente pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”. Además, señala que la medida implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos, afectando al sistema universitario y a su comunidad al impedir el acceso al financiamiento necesario y a la recomposición salarial prevista por la ley.
El sistema universitario, y la UBA en particular, atraviesa una crisis presupuestaria sin precedentes. Las prórrogas del Presupuesto 2023 quedaron rápidamente desfasadas frente a la inflación, y durante 2024 los salarios de los trabajadores docentes y nodocentes sufrieron una pérdida de poder adquisitivo superior al 40%. En 2025, la recomposición salarial continuó siendo inferior a la inflación oficial, profundizando aún más la situación.
La Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso tiene como objetivo garantizar la protección y sostenimiento de las Universidades Nacionales en todo el país, así como la recomposición salarial de docentes y nodocentes. Además, prevé la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas.
Según la resolución del Consejo Superior, “la no aplicación arbitraria de esta ley solo sigue profundizando la crisis y constituye un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.
