Este domingo, la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal resolvió eximir a Cristina Fernández de Kirchner del pago de $22.300 millones, en el marco de una demanda civil derivada de la causa Vialidad, una de las investigaciones más emblemáticas por presunta corrupción en la obra pública durante su gobierno.
El fallo fue dictado por mayoría, con votos divididos entre los camaristas, y consideró que no hay elementos suficientes para atribuirle responsabilidad económica a la exmandataria sin que exista una sentencia penal firme en su contra.
Según el tribunal, avanzar con una condena patrimonial de esta magnitud sin una resolución definitiva en el fuero penal implicaría vulnerar principios del debido proceso y presunción de inocencia. De este modo, se rechazó el reclamo por daños económicos que había sido impulsado por el Estado Nacional.
La decisión fue rápidamente celebrada por el kirchnerismo, que volvió a denunciar un supuesto «lawfare» contra la expresidenta. En contraste, desde sectores de la oposición cuestionaron el fallo y lo calificaron como un mensaje de «impunidad» institucional.
Mientras tanto, juristas especializados recordaron que las acciones civiles contra exfuncionarios por responsabilidad patrimonial son excepcionales y difíciles de sostener sin condena penal firme, ya que deben probarse no solo los hechos sino también el vínculo directo con el perjuicio económico al Estado.
Aunque la resolución representa un alivio judicial parcial para Cristina Kirchner, su situación legal dista de estar resuelta. La causa Vialidad —por la cual ya fue condenada en primera instancia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos— aún no tiene sentencia firme, y sigue su curso en la Cámara de Casación.
Además, la exmandataria enfrenta otros expedientes judiciales, como Los Sauces–Hotesur y el memorándum con Irán, entre otros, todos en diferentes instancias procesales.
En el plano político, el fallo podría revitalizar la figura de Cristina Kirchner ante su electorado, especialmente en un contexto donde el oficialismo insiste en impulsar una reforma del sistema judicial. Para el peronismo, esta decisión alimenta el discurso de persecución judicial; para la oposición, refuerza el reclamo de cambios en los mecanismos de rendición de cuentas.
Por su parte, el fallo reabre el debate sobre los límites y alcances de la responsabilidad civil de los exfuncionarios públicos, una discusión que divide aguas en el ámbito judicial y político argentino.
