El dirigente político y titular de Canal 4 Posadas, Carlos Valenzuela, cuestionó con dureza las declaraciones del presidente Javier Milei, quien calificó como “terroristas” a periodistas, estudiantes, docentes e investigadores. Advirtió sobre el peso de esas expresiones en una Argentina marcada por la experiencia del terrorismo de Estado y sostuvo que el discurso presidencial forma parte de una estrategia política que busca deslegitimar a sectores de la sociedad, debilitar instituciones y avanzar sobre la educación pública, el conocimiento, la prensa y la soberanía nacional. “Apagar las voces de los periodistas, descalificar el conocimiento científico y la preparación de estudiantes y profesores es apagar la democracia”, afirmó.
Carlos Valenzuela, dirigente político de Misiones y titular de Canal 4 Posadas, sostuvo que las expresiones del presidente Javier Milei, que calificó como “terroristas” a periodistas, estudiantes, docentes e investigadores, forman parte de una estrategia política y reclamó una respuesta democrática desde el periodismo, la política y las instituciones. “Apagar las voces de los periodistas, descalificar el conocimiento científico y la preparación de estudiantes y profesores es apagar la democracia”, afirmó en una entrevista con los periodistas Raquel Lukowiec y Sergio Fernández.
La palabra “terrorista” volvió a ingresar al centro de la discusión política argentina de la mano del presidente Javier Milei. En una entrevista televisiva, el mandatario sostuvo que existen “terroristas disfrazados de estudiantes”, “terroristas disfrazados de periodistas”, “terroristas disfrazados de profesores” y “terroristas disfrazados de investigadores”, a quienes vinculó con una supuesta estrategia de penetración ideológica en universidades, medios de comunicación, instituciones científicas y espacios culturales.
Las expresiones provocaron una nueva discusión sobre los límites del discurso presidencial y sobre el modo en que el poder político caracteriza a sectores de la sociedad que cuestionan sus políticas. En ese contexto, Carlos Valenzuela, planteó -a modo de respuesta- una lectura política de fondo: Milei utiliza deliberadamente un lenguaje de confrontación para construir adversarios y disputar el sentido de instituciones centrales de la democracia.
“Yo creo que no es loco”, sostuvo Valenzuela al analizar las declaraciones presidenciales. En su interpretación, atribuir las expresiones de Milei a una cuestión personal o psicológica termina funcionando como una forma de quitarles responsabilidad política. “La locura es una protección, en definitiva, para protegerlo de las descalificaciones tremendas que hace”, afirmó.
Su planteo llevó la discusión hacia una cuestión más profunda: qué efectos produce que el Presidente de la Nación utilice categorías asociadas con el terrorismo para referirse a estudiantes, docentes, investigadores y periodistas. Valenzuela consideró que esa caracterización instala un escenario de persecución política y advirtió sobre las consecuencias que puede tener el señalamiento de determinados actores sociales como enemigos.
“Estamos en un retroceso absoluto de las condiciones democráticas en nuestro país”, sostuvo Valenzuela. En esa misma línea, calificó como “terrible” la utilización de la palabra terrorista para describir a integrantes de la comunidad universitaria, científica y periodística, y vinculó el lenguaje presidencial con la historia argentina de persecución política y violencia estatal.
La referencia adquiere una dimensión particular en la Argentina por la experiencia del terrorismo de Estado instaurado tras el golpe militar de 1976. Durante la última dictadura, el Estado utilizó la identificación de supuestos enemigos internos como fundamento para la persecución, el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de personas. El concepto de “subversivo” ocupó entonces un lugar central en la construcción discursiva del enemigo.
Valenzuela llevó esa comparación al extremo al afirmar que el Gobierno de Milei ejerce “terrorismo de Estado”. Se trata de una caracterización política del dirigente y no de una calificación jurídica establecida sobre la actual administración nacional. Su argumento apunta al modo en que, según su lectura, el Gobierno utiliza el poder estatal, la política económica y la confrontación discursiva para disciplinar a sectores sociales.
“Apagar las voces de los periodistas, descalificar el conocimiento científico y la preparación de estudiantes y profesores es apagar la democracia”, afirmó durante la entrevista. Para Valenzuela, el conflicto excede las discusiones presupuestarias o ideológicas y alcanza directamente a instituciones que cumplen funciones centrales en una sociedad democrática.
La universidad como nuevo territorio de disputa
Las declaraciones de Milei se inscriben en una confrontación que el Gobierno mantiene desde el comienzo de su gestión con las universidades públicas, los sindicatos docentes, investigadores y sectores de la comunidad científica. El conflicto tuvo una dimensión institucional concreta durante 2026, cuando la Justicia dejó firme una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. La Corte Suprema rechazó el planteo del Gobierno y dejó vigente esa decisión.
El enfrentamiento también se trasladó al terreno político. El Gobierno sostiene que el financiamiento universitario debe quedar subordinado al equilibrio fiscal y cuestiona el funcionamiento de las universidades públicas, mientras docentes, estudiantes y autoridades reclaman la aplicación de la legislación aprobada por el Congreso y una recomposición de los recursos destinados a las casas de estudios.
En ese escenario, la utilización de la palabra “terrorista” modifica la naturaleza de la discusión. Una controversia sobre presupuesto, orientación académica, investigación o funcionamiento institucional pasa a desarrollarse bajo una categoría asociada históricamente con amenazas graves contra la seguridad del Estado y con mecanismos excepcionales de persecución.
El propio Milei presentó sus acusaciones como parte de una interpretación política según la cual sectores vinculados con la izquierda y el progresismo habrían desarrollado una estrategia de penetración cultural en las instituciones. Su referencia a Antonio Gramsci y a una supuesta “etapa 2.0” de esa estrategia forma parte de una concepción política que ubica a universidades, medios, investigadores y espacios culturales como terrenos centrales de disputa ideológica. La afirmación presidencial sobre la existencia de “terroristas disfrazados” constituye, en cambio, una caracterización política que requiere pruebas concretas para sostener una acusación de semejante gravedad.
Allí aparece uno de los puntos centrales del debate: en una democracia, la crítica al periodismo, a las universidades, a los investigadores o a las organizaciones políticas forma parte de la disputa pública. La identificación de personas o colectivos como terroristas introduce una categoría cualitativamente diferente porque asocia al adversario con una amenaza que, en términos políticos y sociales, puede justificar respuestas de carácter excepcional.
“El verdadero terror es que no alcance el salario”
Valenzuela también desplazó la discusión desde el lenguaje presidencial hacia las consecuencias sociales que atribuye a las políticas del Gobierno. Enumeró el deterioro del poder adquisitivo, la pérdida de empleos, el cierre de empresas, el endeudamiento y las dificultades de los jubilados para acceder a medicamentos como expresiones de un “terror” económico y social.
“Cada miércoles derrota a jubilados. Eso es terror. El insulto forma parte del terror. Está aterrorizando a la sociedad”, afirmó.
El dirigente utilizó así una operación política deliberada: tomar la categoría utilizada por Milei para describir a sus adversarios y devolverla sobre el propio Gobierno. En su lectura, el “terror” se expresa en la incertidumbre económica y social que atraviesan distintos sectores y en la capacidad del Estado para imponer decisiones mediante sus políticas.
La discusión requiere, sin embargo, separar la descripción de problemas sociales de la calificación de esas políticas como “terrorismo”. El deterioro salarial, el desempleo, el cierre de empresas o las dificultades de acceso a medicamentos pueden constituir objetos legítimos de investigación y crítica periodística. La categoría de terrorismo de Estado tiene, en cambio, una definición histórica y jurídica específica vinculada con el ejercicio sistemático de violencia ilegal desde estructuras estatales.
La prensa y el poder
La entrevista también expuso otro aspecto del conflicto: la relación entre Milei y los periodistas. Valenzuela cuestionó que el Presidente concentre sus apariciones en determinados medios y señaló la falta de repreguntas ante afirmaciones que considera graves. “Donde le repreguntás te ataca”, planteó durante la conversación.
La discusión sobre las entrevistas presidenciales adquiere especial relevancia porque el periodismo cumple una función de control sobre quienes ejercen el poder. Preguntar, repreguntar, confrontar datos, exigir precisión y verificar afirmaciones constituyen herramientas básicas de la profesión. La relación entre el Presidente y los medios puede ser conflictiva, pero esa tensión forma parte de la dinámica democrática cuando el periodismo conserva autonomía frente al poder político.
En este punto, la crítica de Valenzuela excedió a Milei y alcanzó también a los propios periodistas. La responsabilidad profesional, planteó, implica sostener el interrogatorio aun frente a la posibilidad de una reacción adversa del entrevistado.
El debate adquiere una dimensión adicional porque Milei ha convertido a periodistas y medios en protagonistas frecuentes de sus confrontaciones públicas. Las expresiones de esta semana vuelven a ubicar a la prensa dentro de la lista de sectores que el Presidente identifica como adversarios ideológicos. La discusión deja entonces una pregunta de fondo: hasta dónde puede avanzar un gobierno en la descalificación de quienes ejercen el derecho a investigar, criticar y cuestionar sus decisiones.
El nuevo debate sobre extranjería y soberanía
Durante la entrevista, Valenzuela también vinculó las declaraciones presidenciales con el decreto que incorporó nuevas causales vinculadas con mensajes de odio, discriminación, violencia y ultraje a símbolos patrios para impedir el ingreso o disponer la expulsión de extranjeros. La medida generó cuestionamientos políticos y jurídicos y abrió otro debate sobre los límites de la potestad estatal frente a la libertad de expresión.
El planteo de Valenzuela parte de una contradicción que considera evidente: mientras el Gobierno adopta medidas para sancionar expresiones consideradas hostiles hacia la Argentina cuando provienen de extranjeros, el propio Presidente utiliza un lenguaje extremadamente agresivo contra ciudadanos argentinos que cuestionan sus políticas.
La comparación requiere una precisión. La medida migratoria se aplica a personas extranjeras y se vincula con determinadas conductas contempladas por la normativa migratoria. Su existencia, por sí sola, no convierte las expresiones presidenciales dirigidas contra ciudadanos argentinos en una infracción equivalente. El punto político que plantea Valenzuela se encuentra en otro lugar: la discusión sobre la libertad de expresión adquiere especial sensibilidad cuando el Estado establece consecuencias para determinados discursos mientras el jefe del Estado utiliza un lenguaje de fuerte confrontación contra sus críticos.
Tierras, soberanía y la disputa por el territorio
Carlos Valenzuela también trasladó la discusión al debate legislativo sobre la propiedad privada y las tierras rurales. En particular, cuestionó la posibilidad de modificar el régimen establecido por la Ley de Tierras y pidió a los senadores misioneros que rechacen cualquier iniciativa que, a su entender, pueda afectar la soberanía territorial.
El tema posee una dimensión concreta en el Senado. La Cámara alta analiza proyectos que plantean modificaciones a la Ley 26.737, que establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Uno de los proyectos actualmente registrado en el Senado propone modificar esa normativa y se encuentra girado a las comisiones de Agricultura, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.
La discusión sobre extranjerización de tierras merece, por eso, un tratamiento separado de las consignas políticas. Implica analizar quién posee tierras rurales, bajo qué condiciones puede adquirirlas, qué restricciones establece la legislación argentina y qué efectos puede producir una eventual modificación del régimen. En Misiones, donde la cuestión territorial se cruza con la frontera internacional, los recursos naturales, la producción agroforestal y la presencia de capitales extranjeros, el debate adquiere una relevancia particular.
Hacia el final de la entrevista, Valenzuela rechazó la idea de explicar las declaraciones presidenciales mediante la categoría de “locura” y sostuvo que la oposición debe enfrentarlas con política y argumentos. “Hay que entender que esos ataques no son producto de un loco mesiánico, de una persona enferma. Es producto de un plan para destrozar la Argentina como conocemos”, afirmó.
Esa definición constituye el núcleo político de su intervención. Valenzuela sostiene que el modo más eficaz de responder al Presidente consiste en quitarle a sus expresiones el carácter de exabrupto y discutirlas como decisiones y discursos de poder. Desde esa perspectiva, la respuesta debe construirse en el terreno de las instituciones, la política, el periodismo y el voto.
La discusión que deja abierta la entrevista excede a Milei y a Valenzuela. La democracia argentina atraviesa otra etapa de una disputa histórica sobre el papel del Estado, el alcance de la libertad de expresión, el financiamiento de la educación pública, la función de la prensa, la investigación científica y la relación entre soberanía nacional y capital extranjero.
En ese escenario, la palabra “terrorista” adquiere una densidad que obliga a extremar la responsabilidad. La Argentina conoce las consecuencias de convertir al adversario político en enemigo de la Nación. La experiencia del terrorismo de Estado permanece como una advertencia histórica sobre lo que sucede cuando el poder deja de discutir ideas y comienza a construir categorías destinadas a deshumanizar, perseguir o excluir al otro.
La democracia exige una operación diferente: responder a los discursos con argumentos, a las acusaciones con pruebas, a las decisiones con control institucional y al poder con periodismo. La disputa política puede ser áspera. El límite democrático aparece cuando la condición de adversario comienza a confundirse con la condición de enemigo.
