La Justicia de Venezuela ordena la liberación de 379 presos políticos, apenas un día después de la aprobación de una histórica ley de amnistía destinada a iniciar una nueva etapa institucional tras la caída del gobierno anterior.
El anuncio se realiza durante la noche del viernes y es confirmado por el parlamentario Jorge Arreaza, encargado de supervisar el proceso, quien precisa que los beneficiarios deben ser excarcelados entre esa misma noche y la mañana siguiente.
La medida surge luego de semanas de presión de familiares y organizaciones sociales, que impulsan manifestaciones y huelgas de hambre para reclamar la liberación de opositores detenidos. En ese contexto, la presidenta interina Rodríguez defiende la normativa como un paso hacia “una Venezuela más democrática, más justa y más libre”.
Según datos de la ONG Foro Penal, antes del anuncio permanecen encarcelados cerca de 650 presos políticos. El gobierno interino ya había otorgado previamente libertad condicional a otros 448 opositores tras la captura de Maduro a comienzos de enero.
Pese al avance institucional, especialistas advierten que el alcance real de la amnistía todavía genera interrogantes, ya que algunos detenidos —principalmente militares vinculados a causas calificadas como terrorismo— podrían quedar excluidos del beneficio.
En paralelo, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López respalda la iniciativa mediante un comunicado oficial en el que sostiene que la ley representa “un paso trascendental para alcanzar la estabilidad nacional”.
Al presentar la medida, Rodríguez califica la amnistía como “un acto de grandeza” y subraya el carácter del proceso de transición política. “Hay que saber pedir perdón y también saber recibir perdón”, afirma al cierre de su intervención.
