El diputado provincial Walter Ríos (de Por La Vida y los Valores) corrió el eje de su papel parlamentario hacia la gestión directa de inversiones donde abrió dos frentes simultáneos: uno hacia el Ejecutivo, con una propuesta concreta vinculada al régimen de incentivos nacional, y otro hacia la propia Cámara de Representantes, donde denunció falta de condiciones para ejercer la función.
El planteo central gira en torno a un grupo de inversores extranjeros —según precisó, de origen árabe— interesados en instalarse en Misiones con distintos proyectos productivos. Entre ellos, uno aparece como el más avanzado: una planta de reciclado de residuos derivados del petróleo, orientada al procesamiento de neumáticos y otros materiales de difícil degradación. El esquema técnico incluye trituración, separación de metales mediante imanes y reconversión en caucho reutilizable, con potencial aplicación industrial, según explicitó durante una entrevista con Ariel Sayas para Canal 4 Posadas.
En ese sentido, Ríos sostuvo que la iniciativa se enmarca en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y que, hasta el momento, la provincia no registra desembarcos bajo ese formato. La novedad política no está sólo en el contenido del proyecto, sino en su recorrido: tras meses de gestiones sin respuesta, el legislador logró exponer la propuesta directamente al gobernador Hugo Passalacqua, quien —de acuerdo a su versión— no tenía conocimiento previo del alcance de las inversiones.
Ese encuentro modificó el estatus del planteo. Lo que había surgido como una declaración en ámbito mediático pasó a integrar la agenda institucional. Para mayo se prevé una instancia de negociación con el representante legal de los empresarios, donde se discutirán condiciones regulatorias, localización territorial y requerimientos específicos. La participación del Estado provincial aparece como condición necesaria para avanzar en aspectos normativos y de infraestructura.
El argumento que sostiene la iniciativa es más bien social, ya que el legislador vincula la llegada de capitales con la falta de empleo en el interior misionero y el consecuente desplazamiento de trabajadores hacia Brasil. La escena que describe —familias atravesadas por el desarraigo— justifica la propuesta para lograr un rol más activo en la búsqueda de inversiones.
En paralelo, el diputado introdujo una crítica estructural al esquema fiscal. Plantea que la carga impositiva provincial actúa como barrera de entrada para el capital privado y condiciona la competitividad del distrito. La definición es directa: cualquier inversor, bajo las condiciones actuales, inicia su actividad en desventaja.
Pero el punto de mayor fricción aparece dentro de la propia Legislatura. Ríos denuncia que su bloque —integrado por tres diputados— carece de asesores, secretarios y recursos operativos básicos. La acusación escala cuando la define como una práctica de discriminación política hacia la oposición. En ese contexto, advierte que la falta de herramientas impacta en la producción legislativa y en la capacidad de intervención en comisiones.
Votos condicionados
La tensión no queda en la queja. El legislador introduce un condicionamiento explícito: el acompañamiento en votaciones relevantes dependerá de la restitución de condiciones de trabajo, dijo, consciente de que determinadas decisiones requieren mayorías especiales, lo que vuelve estratégicos a los bloques minoritarios.
La entrevista dejó además un punto de inconsistencia que el propio Ríos reconoce bajo presión: su voto afirmativo a las autoridades de la Cámara en diciembre pasado. Allí admite la existencia de un acuerdo político que, según afirma, no le cumplieron. Ese quiebre explica —al menos en su versión— el actual nivel de confrontación.
El cierre del planteo amplía la crítica hacia el oficialismo provincial. Ríos cuestiona la continuidad de los mismos actores en la conducción política y la asocia a una falta de innovación en la gestión. En ese marco, ubica su estrategia —gestión de inversiones, presión institucional y diferenciación discursiva— como una forma de disputar agenda.
El resultado es un movimiento con doble impacto: instala en la discusión pública la posibilidad de inversiones bajo RIGI en Misiones y, al mismo tiempo, expone las tensiones internas del sistema político provincial. El desenlace de ambas líneas —la económica y la institucional— dependerá menos de las declaraciones que de la capacidad de transformar contactos en proyectos concretos y reclamos en acuerdos efectivos.
