La quinta movilización federal reunió a estudiantes, trabajadores y autoridades universitarias frente al Congreso y en Posadas, Oberá y Eldorado. El reclamo abarcó salarios, becas y recursos para sostener las instituciones, con una advertencia sobre el presupuesto de 2027. En la capital del país, los gases policiales alcanzaron el acto de cierre.
La comunidad universitaria volvió a las calles el jueves 15 de octubre para exigirle al Gobierno nacional que aplique la Ley de Financiamiento Universitario. La quinta Marcha Federal tuvo su concentración central frente al Congreso y expresiones en distintas provincias. En Misiones, estudiantes, docentes, no docentes y autoridades de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) se movilizaron en Posadas, Oberá y Eldorado, acompañados por sindicatos y organizaciones sociales.
El conflicto reunió dos demandas relacionadas: recuperar los recursos que establece una ley cuyo cumplimiento las universidades reclamaron también ante la Justicia y conseguir un presupuesto suficiente para 2027. Los convocantes plantearon que la demora compromete las condiciones de trabajo, la asistencia estudiantil y las actividades académicas y científicas. El documento conjunto incorporó, además, un cuestionamiento institucional al Ejecutivo por incumplir decisiones del Congreso y órdenes judiciales.
En Posadas, una columna integrada por miembros de la UNaM, organizaciones gremiales y movimientos sociales recorrió el centro de la ciudad. La convocatoria oficial había fijado el encuentro en el Mástil de las avenidas Mitre y Uruguay, con destino a la plaza 9 de Julio. La cobertura de la jornada registró banderas argentinas, pancartas y participación de distintos sectores de la comunidad universitaria.
El rector Sergio Katogui vinculó la movilización con las dificultades para sostener el funcionamiento universitario y con los problemas económicos que enfrentan los estudiantes. En declaraciones a Canal Doce, advirtió que esas restricciones provocan abandonos de carreras y reclamó que Nación asuma la situación. El decano de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Dardo Martí, señaló dificultades para afrontar el mantenimiento y adquirir equipamiento e insumos.
En los días previos, Katogui había distinguido los avances salariales de las necesidades pendientes en funcionamiento. En una entrevista con Primera Edición, reconoció una recuperación parcial de los haberes, pero afirmó que el Gobierno todavía debía concretar un reajuste del 20% para gastos operativos que, según explicó, había acordado en junio. Ubicó allí los recursos necesarios para sostener comedores, albergues y otras prestaciones universitarias.
El rector también señaló que algunas facultades y escuelas habían dejado de ofrecer comedor y advirtió sobre una posible reducción de becas. Su planteo relacionó el presupuesto institucional con las posibilidades concretas de continuar una carrera: muchos alumnos dependen de esos servicios mientras sus hogares atraviesan dificultades económicas.
En Oberá, los manifestantes se concentraron en el campus de las facultades de Arte y Diseño e Ingeniería y marcharon hacia el Centro Cívico, bajo lloviznas y precipitaciones intermitentes. La decana de Arte y Diseño, Ivonne Aquino, reclamó el cumplimiento de la ley y recordó el recorrido del conflicto por el Congreso y la Justicia. Entre los testimonios estudiantiles, la cobertura recogió la importancia de contar con una oferta universitaria en la provincia para quienes carecen de recursos para estudiar fuera de Misiones.
En Eldorado, la movilización partió de la plazoleta El Colono, en el kilómetro 6, y llegó hasta la plaza Sarmiento. El Territorio estimó una participación de alrededor de 350 personas, entre docentes, estudiantes, trabajadores no docentes, sindicatos y organizaciones sociales. En el acto hablaron el decano de Ciencias Forestales, Mariano Di Stassi, y la directora de la Escuela Agrotécnica de Eldorado, Noelia Rivaldi.
Di Stassi destacó el papel de la UNaM en la provincia y sostuvo que el Estado tiene la obligación de financiar la educación pública y gratuita. El documento de los organizadores cuestionó los recursos previstos en el proyecto de presupuesto nacional y reclamó condiciones para mantener las actividades universitarias.
Qué establece la ley y por qué intervino la Justicia
La Ley 27.795 establece mecanismos de recomposición de gastos de funcionamiento, salarios y becas. Para el personal docente y no docente, dispone recuperar la variación de precios del período comprendido entre diciembre de 2023 y su sanción. También exige negociaciones paritarias periódicas y contempla la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
Javier Milei vetó la norma en septiembre de 2025. Diputados insistió con su sanción el 17 de septiembre y el Senado completó ese procedimiento el 2 de octubre, con las mayorías de dos tercios que exige la Constitución. El Ejecutivo la promulgó mediante el Decreto 759/2025, fechado el 20 de octubre y publicado al día siguiente.
Sin embargo, el Gobierno sostuvo en ese decreto que el Congreso había autorizado gastos sin identificar suficientemente sus fuentes de financiamiento. Invocó la Ley 24.629 para condicionar la ejecución a la incorporación de las partidas correspondientes en el presupuesto nacional. Ese fue el fundamento jurídico y fiscal que utilizó para postergar su aplicación.
Las universidades llevaron la controversia a los tribunales. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 admitió una medida cautelar y ordenó al Ejecutivo cumplir de inmediato los artículos 5 y 6, referidos a salarios y becas. En esa resolución, el juez Martín Cormick consideró, dentro del análisis provisional propio de una cautelar, que la insistencia de ambas cámaras imponía aplicar la ley.
El expediente incorporó una nueva decisión en vísperas de la marcha. Ante el “incumplimiento verificado”, el juzgado hizo efectivo un apercibimiento y dispuso una sanción económica diaria de 100.000 pesos al titular de la Jefatura de Gabinete. La resolución aclaró que podía modificar tanto el monto como los funcionarios alcanzados. La protesta llegó así después de un reclamo legislativo y judicial que todavía mantenía obligaciones pendientes de cumplimiento.
Los recursos de 2026 y la discusión por 2027
Las cifras presupuestarias requieren distinguir los aumentos nominales de la capacidad de compra. Según el análisis publicado por Chequeado, los recursos previstos para educación superior en 2026 representaban una mejora real del 5% respecto de 2025, aunque permanecían un 25,3% por debajo de 2023. Esa comparación explica por qué un incremento respecto del año anterior puede coexistir con una pérdida acumulada.
El mismo informe calculó una caída salarial real del 24,2% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026 para un cargo testigo: auxiliar de primera con dedicación simple y diez años de antigüedad. La referencia describe ese caso específico y permite dimensionar el deterioro; las remuneraciones varían según cargo, dedicación y antigüedad.
Para 2027, el Consejo Interuniversitario Nacional presentó una propuesta de 11 billones de pesos. En su exposición ante legisladores, el organismo explicó que el monto incluía la recomposición necesaria para aplicar plenamente la ley y que constituía una base inicial, sujeta a actualizaciones por salarios, inflación y otras variables.
El documento de la marcha reclamó elevar un 33,4% los recursos universitarios respecto del proyecto del Ejecutivo. Los firmantes advirtieron que la propuesta oficial no recuperaba las pérdidas acumuladas y comprometía las funciones de las instituciones durante el próximo año. Esa advertencia expresó la evaluación del CIN, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, los tres convocantes que suscribieron el texto.
Buenos Aires: el acto terminó entre gases
Frente al Congreso confluyeron columnas universitarias y organizaciones sindicales, políticas y sociales. Durante el cierre, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes en los alrededores de la plaza; los gases alcanzaron el escenario e interrumpieron la lectura del documento. El País informó 31 detenidos y ocho policías heridos, cifras que atribuyó a información oficial.
El texto conjunto extendió el reclamo al funcionamiento de las instituciones democráticas. Sus firmantes cuestionaron que el Ejecutivo mantuviera pendiente la aplicación de la ley pese a las decisiones legislativas y judiciales, y sumaron el pedido de derogación del DNU 70/2023. Con esa posición, los convocantes enlazaron el conflicto universitario con una crítica más amplia al ejercicio del poder presidencial.
En Misiones, los reclamos tuvieron referencias cotidianas: alimentos para los comedores, sostenimiento de albergues, ingresos del personal y materiales para enseñar e investigar. Las autoridades y los estudiantes que participaron de la jornada describieron esas necesidades como condiciones para que las facultades funcionen y los alumnos puedan continuar sus carreras. Ese fue el alcance del pedido que llevaron a las calles de las tres ciudades universitarias de la provincia.
Epígrafe: Momentos de la marcha en Posadas (Fotos de redes de Raúl Arévalos).
