La medida de fuerza se extiende durante 24 horas y alcanza a escuelas de distintas provincias, incluida Misiones. El gremio reclama la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, una nueva ley de financiamiento y la recuperación de fondos nacionales. El Gobierno, en tanto, exige garantizar el 75% de la prestación educativa y anunció controles en establecimientos.
La jornada educativa comenzó este lunes con un paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), en una nueva escalada del conflicto entre los sindicatos docentes y el Gobierno de Javier Milei. La medida alcanza a establecimientos de distintos niveles y jurisdicciones y coincide con el regreso a las aulas después del receso invernal en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.
En Misiones, distintos gremios docentes también se sumaron a la protesta nacional, por lo que el impacto alcanza a escuelas de la provincia. La adhesión fue confirmada por organizaciones sindicales docentes y también comprende al sector universitario.
El reclamo reúne cuatro cuestiones centrales: recomposición salarial, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y mayor financiamiento para el sistema educativo. CTERA también reclama una nueva Ley de Financiamiento Educativo, más recursos para infraestructura, comedores escolares y programas educativos, además de la defensa del régimen previsional docente.
El conflicto tiene un antecedente inmediato en la negociación salarial nacional. En marzo, el Gobierno presentó una propuesta que establecía un piso salarial docente de 650.000 pesos. CTERA y las demás organizaciones sindicales nacionales la rechazaron por considerarla insuficiente y la discusión pasó a cuarto intermedio. En abril, la organización volvió a cuestionar la oferta oficial y reclamó una recomposición salarial acorde con la evolución del costo de vida.
El FONID constituye otro de los puntos de mayor tensión. El fondo fue creado para complementar los salarios docentes mediante transferencias nacionales a las jurisdicciones y su restitución forma parte de los reclamos que CTERA sostiene desde el inicio de la gestión de Milei. La organización también exige el envío de partidas nacionales destinadas a programas educativos y otras políticas de sostenimiento del sistema.
El financiamiento, en el centro del conflicto
La discusión excede el salario de los docentes y alcanza al esquema federal de financiamiento educativo. Las provincias tienen a su cargo buena parte del funcionamiento cotidiano de las escuelas, mientras el Estado nacional interviene mediante políticas, fondos y programas de alcance federal.
Un informe elaborado por el Instituto Marina Vilte de CTERA sostiene que la función Educación y Cultura del presupuesto nacional registró una caída real del 47,7% entre 2023 y 2025. Según ese mismo estudio, la inversión nacional en Educación y Cultura pasó del 1,43% del PBI en 2023 al 0,75% en 2025, mientras el financiamiento educativo consolidado se ubicó en torno del 4% del PBI. El informe también calcula una caída real del 58,5% en infraestructura educativa.
Esos porcentajes corresponden a una estimación de CTERA y forman parte de los fundamentos sindicales del paro. La Oficina de Presupuesto del Congreso aporta otro elemento para dimensionar el problema: señala que la meta legal de inversión educativa consolidada equivalente al 6% del PBI no se alcanzó de manera sostenida y que más del 80% del gasto educativo provincial se concentra en salarios.
El Gobierno nacional presentó, a su vez, un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Educativo que propone destinar el 6,5% del PBI a la educación desde los 45 días hasta la finalización de la educación obligatoria y a la formación docente, mientras asigna otro 1,5% a la educación universitaria. La iniciativa plantea así un esquema de financiamiento diferente al reclamado por CTERA.
La disputa también se proyecta sobre el modelo educativo. CTERA rechaza el proyecto oficial denominado “Ley de Libertad Educativa” y sostiene que el sistema necesita fortalecer las normas vigentes de financiamiento y garantizar la responsabilidad estatal sobre la educación pública.
La nueva disputa por el derecho de huelga
El paro de este lunes incorpora además un componente laboral que modifica el escenario respecto de medidas de fuerza anteriores.
La Ley de Modernización Laboral, sancionada en marzo, incorporó a la educación de los niveles inicial, primario y secundario y a la educación especial dentro de los servicios considerados esenciales. El artículo 101 establece una cobertura mínima del 75% de la prestación normal durante una medida de fuerza.
El Gobierno anunció controles en escuelas de todo el país para verificar el cumplimiento de esa prestación mínima y advirtió que aplicará los mecanismos previstos por la normativa ante eventuales incumplimientos.
El alcance de esa disposición, sin embargo, permanece atravesado por una disputa judicial. Un juzgado laboral suspendió la aplicación de la declaración de esencialidad para la actividad docente a partir de una presentación de la Unión Docentes Argentinos. La situación agrega una controversia jurídica al conflicto gremial y deja abierto el debate sobre los límites que puede imponer el Estado al derecho de huelga en el sistema educativo.
CTERA cuestiona esa política y sostiene que la exigencia de una prestación mínima afecta el ejercicio del derecho constitucional de huelga. El Gobierno argumenta que la medida procura garantizar la continuidad educativa y reducir el impacto de las huelgas sobre estudiantes y familias.
Una disputa que atraviesa a Nación y provincias
El conflicto expresa una tensión estructural del sistema educativo argentino: las provincias sostienen gran parte del gasto cotidiano de las escuelas, mientras los gremios reclaman que la Nación recupere su papel en el financiamiento, la definición de un piso salarial y las políticas educativas federales.
La discusión salarial adquiere así una dimensión nacional aunque los salarios docentes sean administrados principalmente por las jurisdicciones. La Paritaria Nacional Docente constituye el ámbito institucional en el que los sindicatos buscan establecer condiciones comunes para todo el país, mientras las provincias negocian sus propias escalas salariales.
En Misiones, la adhesión al paro incorpora esa dimensión nacional a una agenda educativa que también tiene sus propios reclamos provinciales. La medida de este lunes permite observar, al mismo tiempo, cuánto pesa la discusión federal sobre el funcionamiento cotidiano de las escuelas misioneras.
CTERA anunció el paro después de meses de reclamos, movilizaciones y negociaciones sin acuerdo. La jornada de este lunes constituye así una nueva instancia de presión sindical sobre el Gobierno nacional y vuelve a colocar el financiamiento educativo, el salario docente y el alcance del derecho de huelga en el centro de la agenda pública.
