La presidenta del Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas de Misiones (Eprac), Soledad Balán, confirmó que el Gobierno de Misiones elevó un pedido formal a la administración nacional para reducir o eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que grava con una alícuota del 21 por ciento al servicio de agua potable. La iniciativa cuenta con el respaldo del gobernador Hugo Passalacqua y el acompañamiento de los legisladores nacionales de la provincia.
La propuesta apunta a disminuir el costo de un servicio básico y generar un alivio directo en las boletas que pagan los usuarios. Desde el Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (Eprac) sostienen que el acceso al agua potable debe recibir un tratamiento impositivo diferencial, similar al que ya tienen algunos productos de la canasta básica.
A través de sus redes sociales, Balán explicó que el planteo fue presentado por instrucción del gobernador y con apoyo de los representantes misioneros en el Congreso. “El agua potable es un servicio esencial para la vida y la salud”, afirmó la titular del organismo provincial, y cuestionó que continúe alcanzado por la alícuota general del IVA.
“Algo tan básico como el agua no debe seguir pagando un 21 por ciento de IVA, mientras otros sectores cuentan con beneficios impositivos diferenciales”, señaló. En esa línea, recordó que varios alimentos de consumo masivo tributan una tasa reducida, mientras que el agua potable, pese a su carácter indispensable, mantiene la carga tributaria plena.
Balán remarcó que una eventual reducción o eliminación del impuesto tendría impacto inmediato en las facturas de los hogares. “Si realmente se busca aliviar el bolsillo de las familias, hay que empezar por los servicios esenciales”, sostuvo. Agregó que la medida beneficiaría no solo a los usuarios misioneros, sino también a millones de argentinos.
El planteo se inscribe en una discusión más amplia sobre la estructura impositiva aplicada a servicios públicos esenciales. Desde el EPRAC consideran que el acceso al agua potable no puede ser tratado como un bien suntuario, sino como un derecho básico vinculado a la salud y a la calidad de vida.
