La región más poblada y de mayor peso económico de Bolivia reclamó al presidente Rodrigo Paz que aplique medidas extraordinarias en los departamentos afectados por las protestas, en una jornada marcada por enfrentamientos en La Paz, bloqueos de rutas, desabastecimiento y denuncias cruzadas entre el Gobierno, los sectores movilizados y el expresidente Evo Morales.
La crisis política y social en Bolivia ingresó este lunes en una fase de máxima tensión luego de que la Asamblea de la Cruceñidad, principal espacio institucional del departamento de Santa Cruz, solicitara al Gobierno nacional la declaración de un “estado de excepción sectorizado” en las regiones más afectadas por los conflictos, especialmente en La Paz. El pedido surgió tras una jornada de violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en el centro de la capital administrativa, donde diversas columnas de obreros, campesinos, indígenas, sectores vecinales de El Alto y militantes afines al expresidente Evo Morales intentaron avanzar hacia la Plaza Murillo, sede del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa.
El pronunciamiento fue leído por el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, quien exigió a las autoridades nacionales “la aplicación de la ley” y reclamó una respuesta inmediata de la Fiscalía, la Policía, las Fuerzas Armadas y el sistema judicial frente a quienes, según sostuvo, promueven acciones orientadas a “destruir la democracia”. Además, convocó a una “gran marcha en defensa de la democracia”, de carácter pacífico, con la intención de que la movilización se replique en los nueve departamentos del país. La Constitución boliviana de 2009 faculta al Poder Ejecutivo a declarar el estado de excepción en casos de conmoción interna en todo o parte del territorio nacional, con control legislativo dentro de las 72 horas posteriores a su promulgación y sin suspensión automática de derechos fundamentales.
El conflicto se originó hace más de dos semanas y se intensificó durante el último fin de semana, cuando organizaciones sindicales, campesinas e indígenas lanzaron bloqueos por tiempo indeterminado para exigir la derogación del Decreto Supremo N.º 5503 y la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el 8 de noviembre de 2025. La norma, aprobada por el Ejecutivo bajo el argumento de enfrentar la crisis económica, habilita un esquema de liberalización en el precio de los combustibles, impulsa procesos de privatización de servicios públicos y establece un incremento salarial del 20%, considerado inviable por buena parte del sector empresario y cuestionado también por sectores sindicales. Los manifestantes denuncian que las medidas benefician principalmente a grandes corporaciones y afectan los recursos estratégicos del país.
En La Paz y El Alto se contabilizan al menos quince puntos de bloqueo, mientras las protestas se extendieron a Oruro, Cochabamba y Chuquisaca. En el departamento de La Paz, organizaciones campesinas mantienen interrumpidas varias rutas desde hace trece días. El impacto sobre la logística ya provoca faltantes de combustibles, alimentos, medicamentos e insumos esenciales en los principales centros urbanos del altiplano. La parálisis del transporte y el corte de corredores estratégicos elevaron la preocupación por el abastecimiento y por la posibilidad de que el conflicto derive en una crisis humanitaria de mayor magnitud.
La jornada del lunes estuvo marcada por fuertes choques en inmediaciones de la Plaza Murillo. Los manifestantes utilizaron petardos, piedras y cargas de dinamita, mientras la Policía respondió con gases lacrimógenos para dispersar a las columnas. Sectores leales a Evo Morales, que caminaron durante siete días desde el altiplano, se sumaron a las protestas y reforzaron la presión sobre el Gobierno. En declaraciones públicas, dirigentes campesinos denunciaron una represión desproporcionada y calificaron el accionar de las fuerzas de seguridad como una “masacre”, al sostener que los manifestantes se encontraban desarmados.
En paralelo, la Fiscalía General del Estado ordenó la detención del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, a quien el Gobierno identifica como uno de los principales impulsores de las movilizaciones. El fiscal general, Roger Mariaca, informó que la medida se adoptó a partir de reportes policiales y de inteligencia, junto con una denuncia formal presentada por el Ministerio de Gobierno.
Protesta de campesinos cercanos a Evo
El Ejecutivo también denunció la presencia de grupos armados vinculados a sectores afines a Evo Morales. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que algunos manifestantes comenzaron a utilizar armas de fuego y señaló como referente de estas acciones a Bernabé G.P., exfuncionario del Ministerio de Defensa y dirigente relacionado con los Ponchos Rojos, una organización de campesinos aimaras del altiplano paceño. Según el portavoz, en redes sociales circuló un video en el que integrantes de ese sector exhiben armas y lanzan consignas que llaman a una “guerra civil”.
Desde su bastión político en el Chapare, donde permanece mientras pesa sobre él una orden de captura en una causa por presunta corrupción de menores, Evo Morales cuestionó la intervención militar y sostuvo que las Fuerzas Armadas actúan de manera inconstitucional. El exmandatario afirmó que la movilización popular busca impedir la privatización de los recursos naturales y acusó al Gobierno de incumplir su deber de proteger el patrimonio estratégico del país.
La crisis también generó repercusiones internacionales. La Casa Blanca expresó su respaldo a la administración de Rodrigo Paz. En tanto, el Gobierno argentino ofreció el envío de dos aviones Lockheed C-130 Hercules con asistencia humanitaria para contribuir al abastecimiento de las ciudades afectadas por los bloqueos.
Con Santa Cruz reclamando medidas excepcionales, los principales centros urbanos afectados por el desabastecimiento y una creciente polarización política, Bolivia enfrenta su crisis institucional más severa desde el cambio de gobierno. El desenlace dependerá de la capacidad del Ejecutivo para restablecer el orden, del comportamiento de los sectores movilizados y de la posibilidad, todavía lejana, de abrir una negociación que descomprima el conflicto.
