A dos meses de haber oficializado un decreto que endurece las condiciones de permanencia para extranjeros, el gobierno de Javier Milei enfrenta cuestionamientos desde sectores de la izquierda por la deportación de un ciudadano uruguayo en situación irregular. Convocaron una manifestación por el hecho.
La medida ocurre bajo el marco del Decreto 366/2025, publicado el 29 de mayo pasado, que introdujo cambios significativos en la Ley de Migraciones N° 25.871, la Ley de Educación Superior, la Ley de Educación Nacional y la Ley de Ciudadanía. La norma sostiene que el régimen vigente desde 2003 no se ajusta “al escenario global actual” y señala que, debido a crisis políticas y sociales en otros países, “nuestro país experimenta la afluencia masiva de migrantes”.
Entre las modificaciones más relevantes, el decreto establece nuevas causales de cancelación de residencia y expulsión, que incluyen:
Haber sido condenado por delitos dolosos, tanto en Argentina como en el exterior.
Permanecer fuera del país sin justificación por plazos que excedan un año (residencia permanente) o seis meses (residencia temporaria).
Participación en delitos como genocidio, terrorismo o tráfico de personas.
Además, se introduce la figura de retención preventiva, con plazos de hasta 30 días prorrogables, para garantizar la ejecución de las expulsiones.
El extranjero deportado que encendió las críticas
En ese contexto, dirigentes del Frente de Izquierda denunciaron la inminente deportación de Juan Pedro Martínez, un ciudadano uruguayo que, según relataron, fue detenido cuando intentaba renovar su DNI. La detención, aseguran, se justificó en una contravención de hace cinco años. La dirigente Vanina Biasi publicó en su cuenta de X: “Juan Pedro Martínez fue a renovar su DNI y usando de excusa una contravención de hace 5 años lo detuvieron y mañana lo van a deportar. La acción es una intimidación para todos los migrantes, un montaje para amedrentar. La acción fascista y racista del gobierno de Milei debe ser combatida con una lucha frontal. Abajo el facho de Milei y sus cómplices!”. En otro mensaje, Biasi convocó a una manifestación este miércoles a las 8 de la mañana frente a la Dirección Nacional de Migraciones, en Cavia 3378, para frenar la deportación.
Desde su publicación, el decreto fue objetado por organizaciones sociales, sectores políticos de la oposición y referentes en materia de derechos humanos, que advierten sobre el impacto de las nuevas normas migratorias en la población extranjera residente en el país. El Gobierno, por su parte, sostiene que las medidas buscan “ordenar el flujo migratorio” y “garantizar la seguridad pública y la soberanía nacional”, y descarta que se trate de una política discriminatoria. Mientras tanto, el caso de Juan Pedro Martínez se convirtió en el primer episodio de alto perfil vinculado a la nueva legislación, y promete mantener abierta la discusión pública sobre el alcance y las consecuencias del endurecimiento de las reglas migratorias en la Argentina.
