La Confederación General del Trabajo (CGT), tras meses de inactividad, decidió intensificar su oposición al gobierno de Javier Milei y anunció un plan de acción que incluye su participación en diversas movilizaciones. Entre ellas, destacó su apoyo a la marcha de jubilados que se realiza este miércoles en las inmediaciones del Congreso Nacional, así como su convocatoria a movilizarse el próximo 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
En una reunión de la mesa chica de la central sindical, los principales gremios analizaron las consecuencias de las políticas económicas del gobierno y su impacto en la sociedad. Según informaron, se abordaron temas relacionados con la situación social, laboral y económica, que afectan «de forma grave» los derechos y puestos de trabajo en diversas actividades. Como resultado, la CGT decidió sumarse a la protesta de los jubilados y convocó a una nueva reunión plenaria del Consejo Directivo para la próxima semana.
Además, la central sindical confirmó su participación en el primer Congreso General de la UTEP, que se llevará a cabo el 13 de marzo en la sede de Azopardo, y extendió una invitación a los gremios confederados para asistir a una reunión con organismos de derechos humanos el 21 de marzo. Este plan de acción marca un cambio de rumbo en la relación de la CGT con el gobierno, que hasta ahora había mantenido una postura más conciliadora.
El Gobierno endurece las medidas contra las protestas
En paralelo, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, oficializó una medida que amplía las restricciones de ingreso a estadios de fútbol para quienes participen en cortes de tránsito o generen disturbios en manifestaciones públicas. La resolución, publicada en el Boletín Oficial, busca desalentar la participación de grupos violentos en protestas, especialmente en el contexto de la marcha de jubilados.
La medida incluye a personas que:
Generen disturbios en la vía pública, afectando la seguridad, el orden o el tránsito.
Participen en hechos violentos dentro o fuera del estadio, antes, durante o después de un partido.
Sean imputadas, procesadas o condenadas por delitos relacionados con el narcotráfico en el marco de un espectáculo futbolístico.
Esta decisión se conoció horas antes de la marcha de jubilados, que contó con el apoyo de hinchas de distintos clubes de fútbol. El gobierno advirtió que reforzaría el operativo de seguridad y aplicaría sanciones severas, incluyendo la prohibición de ingreso a estadios, para quienes protagonizaran incidentes.
La tensión crece: hinchadas y jubilados se movilizan
La marcha de este miércoles se anticipó como un escenario tenso, especialmente por la participación de hinchadas de fútbol, que expresaron su apoyo al reclamo de los jubilados. El Ministerio de Seguridad catalogó la protesta como «La Marcha de las Barras Bravas» y advirtió que no se tolerarían actos de violencia. En un comunicado, el organismo recordó que cualquier persona que incurra en conductas ilegales será identificada, detenida y sancionada con la restricción de ingreso a eventos deportivos.
La presencia de hinchas en las protestas de jubilados no es nueva. En febrero, simpatizantes de Chacarita Juniors se sumaron a una movilización tras la agresión a un jubilado simpatizante del club. En esa ocasión, se registraron enfrentamientos con la policía, lo que generó preocupación en el gobierno por la posible repetición de incidentes.
Reclamos sociales y medidas de seguridad
La organización de estas manifestaciones ha sido impulsada por grupos de jubilados que denuncian la pérdida de poder adquisitivo y la reducción en la cobertura de medicamentos. En distintos momentos, han recibido el apoyo de gremios y partidos opositores al gobierno de Milei. Sin embargo, la negativa de la policía a permitir cortes de calle ha derivado en enfrentamientos en varias ocasiones.
Con un operativo de seguridad reforzado y la expectativa de una gran concurrencia, la marcha del 12 de marzo se convirtió en un escenario de alta tensión. Mientras la CGT y otros sectores sociales buscan ampliar su protesta, el gobierno insiste en mantener un protocolo de seguridad estricto, lo que profundiza el conflicto entre las partes.
En este contexto, el plan de acción de la CGT y las medidas del gobierno reflejan un escenario político y social cada vez más polarizado, donde los reclamos sociales y las respuestas estatales parecen chocar de manera inevitable.
