El proyecto prevé un gasto total de 5.206.134.722.000 pesos y destina casi dos tercios de los recursos a políticas sociales. El Ejecutivo sostiene que el presupuesto fue diseñado para sostener servicios esenciales frente al retiro de financiamiento nacional y después de la reestructuración del gabinete provincial. Los ejes están en las áreas de salud, educación y asistencia social.
El gobernador Hugo Passalacqua remitió este viernes a la Cámara de Representantes el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el ejercicio financiero 2027. La iniciativa fija un gasto total de 5.206.134.722.000 pesos, consolida la reorganización de la estructura del Poder Ejecutivo impulsada durante julio y ratifica una estrategia basada en el equilibrio fiscal, la reducción de la estructura administrativa y el sostenimiento de la inversión social como principal destino de los recursos públicos.
La presentación se realizó dentro de los plazos previstos por la Constitución Provincial y abre ahora el proceso legislativo de análisis en comisión, donde los responsables de cada organismo deberán exponer la planificación de sus partidas, tal como ocurre cada año antes de la sanción definitiva del presupuesto. Ese procedimiento constituye una práctica institucional consolidada en la Legislatura misionera, donde cada dependencia justifica la asignación de recursos prevista para el ejercicio siguiente.
El proyecto refleja además la nueva configuración del gabinete provincial, definida semanas atrás con la eliminación de los ministerios de Energía, Cambio Climático y Agricultura Familiar y la redistribución de sus funciones en otras áreas del Ejecutivo. La medida había sido anticipada por el propio Passalacqua en junio, cuando instruyó al Ministerio de Hacienda a rediseñar la estructura estatal con el objetivo de eliminar superposiciones administrativas, optimizar recursos y construir un Estado «más austero, eficiente y cercano».
El mensaje enviado por el gobernador coloca nuevamente a la inversión social como el eje central del presupuesto. Educación, salud y asistencia social absorberán **el 62,95% del total de las erogaciones previstas**, una decisión que el Ejecutivo fundamenta en la necesidad de preservar las prestaciones esenciales en un contexto económico considerado adverso.
El documento sostiene que la provincia deberá continuar financiando con recursos propios programas y servicios que hasta hace pocos años contaban con respaldo del Estado nacional. Entre los ejemplos menciona la interrupción del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), la discontinuidad de programas sanitarios como Remediar, la eliminación del Fondo Compensador del Transporte y la reducción de transferencias destinadas a infraestructura vial y al sistema previsional.
La decisión implica mantener un elevado nivel de participación del gasto social aun cuando la administración provincial enfrenta mayores exigencias financieras derivadas de la disminución de transferencias nacionales.
Un presupuesto del complejo contexto económico nacional
En la fundamentación política del proyecto, Passalacqua incorpora un diagnóstico económico que excede la administración provincial. El mandatario sostiene que las economías regionales atraviesan un escenario complejo producto de la desregulación de mercados, la apertura de importaciones y el atraso cambiario, variables que, según plantea, afectan la competitividad de las actividades productivas misioneras.
El Ejecutivo considera que ese escenario repercute sobre la industria, el comercio fronterizo, las empresas exportadoras y la producción primaria, sectores que tienen un peso significativo dentro de la economía provincial. En consecuencia, el presupuesto propone mantener una fuerte presencia del Estado como herramienta para sostener la actividad económica, preservar el empleo y acompañar al sector privado mediante políticas públicas provinciales.
Ese diagnóstico coincide con la posición que la administración provincial viene sosteniendo desde 2024 respecto del impacto que las políticas nacionales tienen sobre las provincias con economías regionales y alta dependencia del comercio fronterizo.
Reestructuración administrativa y equilibrio fiscal
Uno de los aspectos políticos más relevantes del proyecto es que constituye el primer presupuesto elaborado sobre la nueva estructura del Poder Ejecutivo.
La reducción del número de ministerios representa una de las principales modificaciones administrativas de la actual gestión. El Gobierno sostiene que la reorganización permitirá disminuir costos de funcionamiento, concentrar competencias y mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos públicos sin afectar la prestación de servicios esenciales. ([Provincia de Misiones][1])
En paralelo, el proyecto reafirma el compromiso oficial con el equilibrio fiscal, una característica que Misiones exhibe desde hace varios años como uno de los ejes de su política financiera. El mensaje del gobernador señala que la provincia buscará sostener cuentas equilibradas aun cuando deba asumir con fondos propios obligaciones que anteriormente eran financiadas por la Nación.
Comienza el debate legislativo
Con el ingreso formal del expediente, la iniciativa iniciará ahora su recorrido parlamentario. La Comisión de Presupuesto convocará durante las próximas semanas a ministros, presidentes de organismos descentralizados y responsables de los distintos poderes del Estado para explicar el destino de las partidas previstas para 2027 antes de emitir dictamen.
El tratamiento permitirá conocer el detalle de la distribución de recursos por jurisdicción, organismo y programa, información que habitualmente se incorpora durante las exposiciones técnicas realizadas en la Cámara de Representantes.
El proyecto presentado por Passalacqua configura así la hoja de ruta financiera de la provincia para 2027 y sintetiza la estrategia del Gobierno misionero frente al escenario económico actual: una estructura estatal más reducida, continuidad del equilibrio fiscal y prioridad presupuestaria para educación, salud y asistencia social, financiadas en una proporción creciente con recursos propios ante la retracción de las transferencias nacionales.
