El ministro de Hacienda respondió a las críticas del diputado Miguel Núñez, explicó cómo funciona el esquema que certificó más de 10,9 millones de créditos de carbono y sostuvo que una parte de los futuros ingresos estará destinada a propietarios privados que conservan selva nativa.
La reciente certificación de más de 10,9 millones de créditos de carbono para Misiones abrió un debate político y económico sobre uno de los programas ambientales más ambiciosos impulsados por la provincia en los últimos años. En ese contexto, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, salió al cruce de las críticas formuladas por el diputado provincial Miguel Núñez, quien había cuestionado el alcance y los beneficiarios de la iniciativa.
Durante una entrevista radial, difundida por el espacio Encuentro Misionero, Safrán sostuvo que existen interpretaciones erróneas sobre el funcionamiento del programa y afirmó que la certificación obtenida por Misiones reconoce una reducción efectiva de la deforestación registrada entre 2017 y 2022.
Según explicó, la provincia logró disminuir la pérdida anual de bosque nativo de unas 20.500 hectáreas a aproximadamente 5.400 hectáreas por año. Ese resultado fue auditado y validado por la certificadora internacional Verra, una de las principales entidades del mercado global de carbono.
La certificación otorgó a Misiones 10.914.085 créditos de carbono. Cada uno representa una tonelada de dióxido de carbono que dejó de liberarse a la atmósfera gracias a la reducción del desmonte y la conservación de la selva nativa.
Certificación y cuestionamientos
Safrán insistió en que el programa no implica la venta de la selva ni la cesión de soberanía sobre los recursos naturales. El mecanismo, explicó, reconoce económicamente la disminución de la deforestación dentro de una jurisdicción determinada.
La superficie involucrada alcanza alrededor de 1,5 millones de hectáreas de selva nativa, casi la mitad del territorio provincial. Sobre esa base se calculó el volumen de emisiones evitadas que luego se transformó en créditos comercializables en los mercados internacionales.
El funcionario remarcó que la certificación obtenida por Misiones corresponde a un esquema jurisdiccional, una modalidad que permite incorporar tanto al Estado provincial como a propietarios privados dentro de una misma estrategia de conservación.
Uno de los principales cuestionamientos formulados por la oposición estuvo relacionado con la supuesta exclusión de los propietarios privados.
Safrán rechazó esa interpretación y aseguró que el diseño adoptado por Misiones contempla expresamente la participación de productores y empresas que conservan bosque nativo dentro de sus propiedades.
De acuerdo con la estructura aprobada, los propietarios pueden incorporarse al programa mediante la inscripción de las áreas de monte preservadas. También existe la posibilidad de desarrollar proyectos independientes, aunque esa alternativa suele demandar inversiones y costos técnicos difíciles de afrontar para pequeños productores.
El ministro reconoció que todavía existe un importante desconocimiento sobre estas herramientas y consideró necesario ampliar las instancias de difusión y capacitación para que más propietarios puedan acceder al sistema.
Aunque los créditos ya fueron certificados, la provincia todavía no concretó su comercialización. Por ese motivo, los recursos económicos aún no ingresaron al sistema.
Según detalló Safrán, el esquema de distribución prevé tres destinos principales para los fondos que se obtengan de la venta.
El 40% será destinado a fortalecer las tareas de conservación y control ambiental, incluyendo la prevención de la tala ilegal, el monitoreo de la frontera agrícola y el trabajo de los guardaparques.
Otro 30% será asignado directamente a propietarios privados incorporados al programa.
El 30% restante financiará proyectos orientados a continuar reduciendo la deforestación y promover prácticas de conservación, iniciativas que también involucran a productores y actores privados.
El funcionario subrayó que el diseño busca generar incentivos económicos para quienes mantienen áreas de bosque nativo en pie y contribuyen a preservar los servicios ambientales que presta la selva misionera.
Mercados y expectativas
La etapa siguiente será la comercialización de los créditos certificados. Para ese proceso, Misiones trabaja junto a Mercuria, una compañía internacional especializada en mercados energéticos y ambientales. Según explicó Safrán, el acuerdo prevé la adquisición del 80% de los créditos por parte de la firma a valores de mercado, mientras que el 20% restante podrá ser comercializado directamente por la provincia.
Actualmente los créditos podrían venderse en el mercado voluntario, donde los valores rondan los cinco dólares por unidad. Sin embargo, la expectativa oficial apunta a incorporarlos al mercado regulado internacional mediante gestiones que se realizan ante la Cancillería argentina.
Esa posibilidad permitiría multiplicar significativamente el valor de los certificados, ya que en los mercados regulados las cotizaciones suelen ubicarse entre 30 y 50 dólares por crédito, dependiendo del destino y de las condiciones de la operación.
Safrán sostuvo que el valor de los créditos depende de la capacidad de Misiones para sostener en el tiempo las políticas de protección de la selva nativa.
La certificación obtenida reconoce resultados ya alcanzados, pero también exige compromisos futuros de conservación. En otras palabras, el activo ambiental generado por la provincia mantiene valor en la medida en que continúe reduciendo la deforestación y preservando uno de los principales remanentes de bosque atlántico que sobreviven en América del Sur.
En ese escenario, el debate abierto tras la certificación excede la discusión política coyuntural y pone en el centro una cuestión estratégica para Misiones: cómo compatibilizar producción, desarrollo económico y conservación ambiental en una provincia donde la selva sigue siendo uno de sus principales patrimonios naturales.
