Una jueza de Ecuador aceptó la noche de este martes 24 de diciembre 12 que la desaparición de cuatro menores de entre 11 y 15 años, detenidos el 8 de diciembre por militaresen el sur de la ciudad costera de Guayaquil, sea investigada como «forzada» y con «responsabilidad del Estado».
La jueza Tanya Loor aceptó el recurso de hábeas corpus interpuesto por las familias de los menores y afirmó que durante la audiencia de este miércoles se presentaron elementos que hacen presumir que los 16 militares que actuaron en la detención de los niños «no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos».
Loor ordenó la activación de protocolos de búsqueda de los menores en todo el país y la creación de una comisión multidisciplinaria que investigue los hechos independientemente del proceso judicial.
La desaparición de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda de 15 años y Steven Medina de 11 ocurrió la noche del pasado 8 de diciembre, después de una práctica de fútbol en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
La jueza ordenó además que la Defensoría del Pueblo capacite a los soldados sobre protección de derechos humanos, especialmente enfocada en niños, niñas y adolescentes en situaciones de emergencia, «con el objeto de que las Fuerzas Armadas nunca más cometan una situación como la que se ha señalado en este caso».
Los16 soldados bajo custodia militar
Esta decisión se une a la que había tomado horas antes la Fiscalía de formular cargos contra 16 militares por el delito de desaparición forzada, por su presunta participación en los hechos, en un caso que ha conmocionado a la sociedad ecuatoriana.
La Fiscalía, en un mensaje por la red X, indicó que en el denominado «caso Malvinas», que investiga la desaparición de los cuatro menores, el Ministerio Público solicitará que la justicia fije «fecha y hora para formular cargos contra 16 militares por su presunta participación» en el delito.
De su lado, el Ministerio de Defensa informó este martes de que, por disposición del titular de la Cartera, Gian Carlo Loffredo, se ha puesto «bajo custodia militar a los 16 integrantes de la Fuerza Aérea investigados por la justicia» en este caso.
