La delegación argentina pidió que se dicte un fallo provisional ante la urgencia del caso. Apuntaron contra el riesgo irreparable que puede causar la explotación hidrocarburífera en la cuenca norte.
Ambito. En el segundo día de audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, la delegación argentina volvió a criticar la postura del Reino Unido y reclamó la suspensión del proyecto extractivista Sea Lion en la cuenca norte de las Islas Malvinas. Además, insistieron en la competencia prima facie de la corte, el riesgo de perjuicio irreparable y la urgencia de un fallo provisional: «Es ahora o nunca».
El especialista Marcelo Kohen, uno de los tres miembros del equipo argentino ante el Tribunal encabezado por la secretaria Legal y Técnica de Casa Rosada, María Ibarzabal, e integrado por Nico Schrijver, remarcó que la disputa por la soberanía «no transforma las áreas marítimas alrededor de las Malvinas en una especie de mar británico donde el Reino Unido sería libre de explotar recursos como le plazca”.
En idioma francés, uno de los idiomas aceptados por el Tribunal Internacional del Mar, cuestionó severamente al Reino Unido por pretender ejercer soberanía sobre la plataforma continental ignorando que es una cuestión aún no resuelta. Además, aclaró que no hay necesidad de que el Tribunal se expida sobre el tema de la soberanía para ordenar medidas provisionales que preserven los derechos de las partes.
Luego recordó que la Asamblea de la ONU pidió a las partes abstenerse de aplicar medidas unilaterales durante el proceso de descolonización. «Lo hizo cuando el Reino Unido comenzó a considerar la explotación de hidrocarburos», dijo Kohan desde el estrado del tribunal y añadió que si la soberanía está en disputa, también lo está el área marítima.
El profesor Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, tomó el estrado luego de Kohan para hablar del riesgo de daño irreparable que puede generar el proyecto. Dijo que el 10 de diciembre de 2025 cambió la situación del proyecto: Sea Lion pasó de la exploración a un programa concreto de explotación de hasta 26 pozos, infraestructura submarina permanente y una producción proyectada de 310,5 millones de barriles.
Schrijver cerró su exposición con una advertencia sobre la urgencia de la intervención del Tribunal. Explicó que una vez perforado el primer pozo el daño será irreversible. En una sala colmada de tensión y bajo la atenta mirada de la delegación británica, se dirigió directamente a los jueces con una advertencia categórica: “Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo”, dijo y concluyó: «If not now, it will be never’, es ahora o nunca».
Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente designado ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, estuvo a cargo del cierre de los argumentos argentinos. El funcionario reafirmó que la Argentina acreditó pruebas y fundamentos jurídicos suficientes para dar cuenta del cumplimiento de los cuatro requisitos exigidos para el dictado de medidas provisionales: competencia prima facie, plausibilidad de los derechos invocados, riesgo real e inminente de perjuicio irreparable y urgencia.
La Argentina sostiene que el tribunal tiene competencia prima facie, es decir, que existen fundamentos jurídicos suficientes para considerar, de manera preliminar, que la disputa involucra la interpretación o la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). En términos concretos, la Argentina sostiene que, mientras persista la controversia, el Reino Unido no puede avanzar unilateralmente en la explotación de recursos naturales no renovables y generar daños irreparables antes de que el tribunal arbitral esté en condiciones de intervenir. El tribunal puede expedirse sobre esta cuestión sin siquiera tratar la cuestión de soberanía.
Durante su exposición, Oyarzábal rechazó el intento del Reino Unido de tergiversar los argumentos argentinos y desviar el eje de las audiencias, procurando instalar que la Argentina estaba discutiendo la soberanía de las Islas Malvinas, cuando el objeto del procedimiento es solicitar medidas provisionales urgentes para impedir la explotación unilateral de recursos naturales en disputa.
El Consejero Legal de la Cancillería argentina expuso la maniobra británica que intenta presentar el caso como una controversia sobre soberanía territorial para cuestionar la competencia del Tribunal y pretender que la solicitud argentina sea rechazada.
Por último, reiteró formalmente las cuatro medidas solicitadas: impedir nuevas perforaciones e instalaciones de producción vinculadas con Sea Lion; evitar el uso perjudicial de información obtenida mediante exploración; permitir que Argentina cumpla sus obligaciones de protección del medio marino; y prevenir nuevas medidas que agraven la controversia.
Concluidas las audiencias, resta ahora esperar la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Si bien no existe un plazo establecido para su pronunciamiento, el antecedente de la Fragata Libertad, cuya resolución demandó aproximadamente tres semanas, ofrece una referencia.
