Reforma electoral, ley de prevención de la ludopatía y una nueva ley de Salud Mental son parte de la agenda para la segunda parte del año.
(NA). Durante el Mundial de Fútbol, el Congreso no se detiene y se aboca principalmente al debate de proyectos como la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el plan de pago a dos fondos buitre, el Súper RIGI y la Ley Hojarasca.
La propuesta que modifica la ley de Expropiaciones y la Ley de Tierras será el tema principal de la próxima sesión del Senado que se llevará adelante antes de que finalice el mes y luego seguirá su curso en la Cámara de Diputados, sin plazos establecidos.
La ley para cancelar la deuda con dos holdouts remanentes del default del 2001 ya tiene el aval del Senado y será parte del temario de la próxima sesión en Diputados, en conjunto con el Súper RIGI, un proyecto marcado como de suma prioridad para el Gobierno.
Con el recorrido inverso, la Ley Hojarasca ya superó la instancia de Diputados, donde cosechó la media sanción, y este miércoles comenzará su abordaje en un plenario de comisiones de la Cámara alta.
La Ley de lobby es parte del tratamiento en Diputados, pero es resistida por numerosas organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresarias y enfrenta un panorama no tan despejado de obstáculos.
En este contexto, el debate podría atascarse y ser retomado después del Mundial.
Por el Senado ingresaron a fines de mayo los proyectos de prevención de la ludopatía digital y derogación de la ley de Etiquetado Frontal.
Estos proyectos, que despiertan fuerte controversia, aún no recalaron en comisiones de la Cámara alta y su tratamiento podría eventualmente posponerse para después del Mundial.
En tanto, el Gobierno prepara un nuevo paquete desregulador para tratar en el Congreso la segunda mitad del año que incluye el proyecto para permitir la exhibición de medicamentos de venta libre en góndolas de supermercados, kioscos y comercios de proximidad.
Otro proyecto en carpeta de la Casa Rosada es la modificación de la Ley 19.492 de cabotaje nacional para habilitar que buques con bandera extranjera operen en rutas fluviales internas del país.
Como parte del nuevo paquete desregulador del ministerio encabezado por Federico Sturzenegger también se encuentra el proyecto de flexibilización de corredores inmobiliarios, que consiste básicamente en la eliminación de la matrícula profesional para que cualquier persona pueda ser intermediario de operaciones inmobiliarias sin necesidad de un título habilitante.
La ley de adhesión al tratado internacional de patentes era un compromiso asumido por Argentina en el marco de las negociaciones con Estados Unidos, pero las negociaciones se ensuciaron y todavía falta pulir la redacción para reencaminar la aprobación del proyecto.
Más allá de estos proyectos, la iniciativa principal que tiene entre manos el Gobierno para después del Mundial es la reforma política y electoral, con el que buscará cambiar las reglas de juego para los comicios del año que viene.
El anhelo del Gobierno es eliminar las PASO, pero los votos no alcanzarían y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, está analizando otras alternativas (no demasiado convencida de ninguna) como la suspensión de las primarias o un sistema de primarias no obligatorias.
De todos modos, la reforma no se agota únicamente en la cuestión de las PASO sino que abarca otras dimensiones como Ficha Limpia, restricciones en el financiamiento publico de las campañas, desregulación de los aportes privados, endurecimiento de los requisitos para la personería jurídica de los partidos políticos, eliminación de la publicidad gratuita en medios audiovisuales, casillero de boleta completa en la BUP, y fin de la obligatoriedad de los debates presidenciales.
Este debate recién comenzaría en agosto en el Senado, en tanto que sectores aliados y dialoguistas buscan separar la discusión de Ficha Limpia para que sea una ley aparte y no se mezcle con el tratamiento de otros aspectos de la reforma electoral.
Como parte de la hoja de ruta diseñada por el Gobierno para los próximos meses se encuentran las reformas a las leyes vigentes (y no ejecutadas) de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, y una nueva ley de Salud Mental para que los psiquiatras tengan mayor libertad para decidir sobre internaciones involuntarias de pacientes.
