Continúa la agitación política en la provincia de La Rioja tras la detención de la exintendenta de la Capital, Inés Brizuela y Doria, ocurrida durante la noche del jueves. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el episodio tuvo lugar en el marco de una asamblea del Colegio de Farmacéuticos, institución que atraviesa una fractura interna sin precedentes.
La vicepresidente de la UCR, quien intervenía en calidad de abogada defensora, terminó bajo custodia policial luego de una serie de discusiones con los efectivos que realizaban un operativo en el interior del recinto profesional.
El origen del conflicto radica en la situación de Jorge Bordón, vocal de la mencionada entidad, sobre quien pesaba una orden judicial de restricción por una denuncia de violencia de género.
Según los reportes locales, el hombre asistió a la reunión pese a la vigencia de una medida cautelar dictada por el Juzgado de Protección de Personas para evitar el hostigamiento hacia la presidenta del Colegio.
La presencia del implicado motivó el llamado a la fuerza pública, lo que derivó en un procedimiento accidentado donde Brizuela y Doria cuestionó la legalidad de la intervención contra su cliente.
Desde su cuenta personal en la red social X, la abogada denunció un «abuso de poder» y calificó la medida como un atropello al libre ejercicio de su profesión. La exjefa comunal sostuvo que el fiscal actuante, Luis González, dio una orden verbal sin respaldo de un escrito formal, convirtiendo a la Justicia en un «brazo ejecutor» de los intereses del gobernador Ricardo Quintela.
Escándalo y repudio
En sus declaraciones ante medios riojanos, la dirigente anticipó la promoción de un Jury de Enjuiciamiento contra el funcionario judicial y la presentación de recursos legales para revertir la prisión domiciliaria impuesta a Bordón.
Para la oposición provincial, el episodio de este jueves por la noche se ve de la siguiente forma: la policía de Quintela se llevó en el patrullero a la vicepresidente de la UCR.
La Unión Cívica Radical nacional y local manifestó su absoluto repudio al operativo, tildándolo de persecución política contra quienes piensan distinto. El partido centenario acusó al oficialismo provincial de utilizar el aparato del Estado para beneficiar a sectores aliados y amedrentar a la oposición mediante procedimientos arbitrarios.
Mientras la tensión institucional en el Colegio de Farmacéuticos persiste, el caso escala a la justicia nacional, donde se aguardan definiciones sobre la legalidad de las detenciones y el futuro de la conducción gremial en la provincia.
