En el marco del 50° aniversario del último golpe de Estado cívico-militar en Argentina, este viernes se presentó en la Legislatura de Misiones un proyecto de ley de memoria democrática orientado a prevenir el negacionismo y fortalecer las políticas de derechos humanos en el ámbito de la función pública provincial. La iniciativa, impulsada por más de treinta organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, propone establecer un marco normativo específico para sancionar conductas que nieguen, justifiquen o minimicen los crímenes del terrorismo de Estado.
El proyecto, denominado “Ley de Memoria Democrática, Prevención del Negacionismo y Defensa de la Función Pública”, fue ingresado formalmente por el bloque del Partido Agrario y Social (PAyS) bajo el expediente D-69688-26, con las firmas de los diputados Cristian Castro, Héctor “Cacho” Bárbaro y Elvani Goring. La presentación contó además con el acompañamiento de la diputada nacional Fernanda Miño, quien expresó su respaldo a la iniciativa y planteó la necesidad de articular esfuerzos para consolidar los procesos de Memoria, Verdad y Justicia.
De acuerdo con el articulado, el objetivo central de la propuesta es prevenir, erradicar y sancionar, dentro de la administración pública provincial, las manifestaciones de negación, apología o relativización del terrorismo de Estado y de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. En esa línea, el texto no solo delimita las conductas alcanzadas, sino que también define como negacionistas a todas aquellas expresiones públicas —en cualquier formato o soporte, incluidos entornos digitales— que impliquen la banalización o justificación de esos hechos.
Uno de los ejes más relevantes del proyecto es la regulación del comportamiento de quienes ejercen funciones públicas. En particular, se establece la prohibición de difundir, reproducir o promover contenidos negacionistas utilizando recursos, espacios o investiduras estatales. La restricción abarca desde intervenciones en actos, clases o medios de comunicación hasta publicaciones en redes sociales, mensajería instantánea y otras plataformas digitales cuando estén vinculadas al ejercicio de la función.
La iniciativa también incorpora un capítulo específico sobre protección simbólica e institucional, mediante el cual se prohíbe la exhibición de elementos o la realización de actos que impliquen reivindicación del terrorismo de Estado en edificios públicos, oficinas, vehículos oficiales o canales de comunicación del Estado. En estos casos, se prevé la obligación de disponer el cese inmediato y la remoción de cualquier contenido o símbolo considerado incompatible con los principios de memoria democrática.
En materia de formación, el proyecto establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente en derechos humanos, memoria histórica y terrorismo de Estado para todo el personal de la administración pública provincial. El incumplimiento de estas instancias podrá ser considerado falta disciplinaria, en línea con el régimen de sanciones previsto, que contempla desde apercibimientos hasta cesantías o exoneraciones, según la gravedad de las conductas.
Desde los sectores impulsores remarcaron que la propuesta se inscribe en una construcción colectiva sostenida por organismos de derechos humanos, familiares de víctimas y organizaciones del campo popular misionero. En ese sentido, destacaron que el proyecto busca consolidar un posicionamiento institucional “firme y contundente” frente al negacionismo y los discursos de odio vinculados al genocidio perpetrado durante la última dictadura.
El texto cuenta con la adhesión de 35 organizaciones, entre ellas la Asociación Nacional de Ex Presos Políticos, el Equipo Misionero de Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el Movimiento Agrario de Misiones, la CTA Autónoma Misiones, la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y MUMALA, además de diversos espacios académicos, de investigación y cátedras universitarias.
El proyecto de ley de memoria democrática en Misiones se inscribe en el proceso histórico argentino de Memoria, Verdad y Justicia, y plantea una herramienta normativa específica en el plano administrativo y funcional, sin avanzar sobre competencias penales. Con su ingreso formal, la iniciativa inicia ahora su tratamiento legislativo en la Cámara de Representantes de la provincia.
