En una decisión que ya genera polémica en el mundo político y mediático, el Gobierno nacional anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, un nuevo espacio estatal que, según su propia definición pública, fue creado para “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”, bajo la premisa de que “solo ‘informar’ no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”.
La iniciativa fue presentada como una herramienta para enfrentar la circulación de noticias falsas y versiones que desde el oficialismo consideran malintencionadas. En ese marco, desde la nueva oficina sostienen que van a “combatir la desinformación brindando más información”, y remarcan que esta decisión implica “sumar una voz oficial para desmentir operaciones”, algo que —según aclaran— es “lo contrario a la censura”, al tiempo que aseguran que “el derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración”.
El mensaje también vincula la medida con el fin de la pauta oficial dispuesto por el Gobierno al asumir. En ese sentido, señalan que desde el primer día de gestión se decidió “dejar de financiar relatos con pauta oficial y sostener estructuras que confundieron periodismo con negocio político”, y argumentan que “desde entonces, la mentira se volvió más ruidosa”, por lo que consideran que “además de informar, es necesario desmentir con claridad y sin rodeos”.
Desde el oficialismo intentan dejar en claro que la oficina “no busca convencer ni imponer una mirada”, sino que tiene como objetivo que “los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos”. En esa línea, sostienen que “la democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone”, y afirman que la Oficina de Respuesta Oficial existe para que “la desinformación no quede sin respuesta” y para que “la verdad vuelva a ser información”.
