El Gobierno nacional disolvió la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y avanzó con la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), en una profunda reestructuración del área de transporte que busca reducir el tamaño del Estado y centralizar funciones.
Mediante un decreto que será publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo creó la “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, un nuevo organismo que actuará como Autoridad de Aplicación de todas las normativas relacionadas con la fiscalización de concesiones viales y de los servicios públicos de transporte automotor y ferroviario, tanto de cargas como de pasajeros.
Entre sus funciones, el nuevo ente quedó facultado para fiscalizar el cumplimiento de los contratos de concesión vial y ferroviaria, controlar técnicamente la prestación de los servicios de transporte en todo el país, aplicar sanciones ante incumplimientos legales o contractuales, investigar accidentes ferroviarios graves y emitir informes técnicos, coordinar con otros organismos procesos licitatorios, atender reclamos de usuarios y promover acciones judiciales cuando sea necesario. También podrá suspender o promover la caducidad de licencias y permisos.
Según argumentó el Gobierno, la medida apunta a “mejorar el funcionamiento del Estado nacional y reducir el sobredimensionamiento de su estructura”. También se estableció que el nuevo organismo podrá percibir aranceles por sus servicios, con control previo de la Secretaría de Hacienda.
El oficialismo defendió la centralización como una herramienta para aumentar la eficiencia y evitar la duplicación de funciones, en línea con su plan de ajuste y reorganización administrativa.
