El presidente Javier Milei firmó un decreto para nombrar en comisión a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia, tras casi un año sin acuerdo político para cubrir las vacantes. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y generó un inmediato revuelo en el arco político, ya que el proceso requiere la intervención de la Justicia y enfrenta el rechazo de la oposición. El decreto Nº 137/2025 fue firmado en un contexto particular: el Congreso está en receso, sin sesiones extraordinarias, y las ordinarias comenzarán el sábado.
Desde el Gobierno, justificaron la decisión argumentando que la Constitución Nacional permite al presidente realizar nombramientos en comisión cuando las vacantes ocurren durante el receso legislativo. Asimismo, destacaron que el Senado solo puede aceptar o rechazar las propuestas del Ejecutivo, sin potestad para presentar candidatos propios.
Sin embargo, el proceso no está exento de obstáculos. En el caso de Lijo, quien se desempeña como juez federal en Comodoro Py, debe solicitar licencia extraordinaria, lo que requiere la aprobación de la Cámara Federal y de la propia Corte Suprema.
El escenario político también es adverso para el Gobierno. Desde el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Federal cuestionaron la decisión de Milei. El interbloque de senadores de Unión por la Patria, que tiene 34 de las 72 bancas en el Senado, rechazó de manera categórica los nombramientos y los consideró una «maniobra inconstitucional». No obstante, el senador José Mayans abrió la posibilidad de negociar con el Ejecutivo si se establece un diálogo entre las fuerzas políticas.
El Gobierno tiene la intención de que Lijo y García-Mansilla participen en la apertura de sesiones del Congreso el sábado 1 de marzo, una jugada política que podría consolidar su estrategia. Sin embargo, el tiempo apremia y la posibilidad de que ambos jueces puedan asumir antes de la ceremonia depende de instancias judiciales y legislativas ajenas a la Casa Rosada. En este contexto, el comunicado oficial cerró con una frase que resume la postura del Gobierno: «No toleraremos que los intereses de la política se impongan sobre los del pueblo argentino».
