Carlos Valenzuela
Dirigente político
Posadas, 24 de marzo de 2026
Argentina es un país que intenta curarse de la dictadura.
Las dictaduras matan personas y enferman sociedades, y la Argentina arrastra, a cincuenta años del golpe de 1976, síntomas que no siempre se reconocen como tales pero que forman parte de una misma historia: desconfianza estructural, fragilidad institucional, dificultad para construir consensos y una tendencia persistente a convertir al adversario en enemigo.
Nada de eso es casual. El terrorismo de Estado fue una política deliberada que buscó eliminar a quienes consideraba opositores y, al mismo tiempo, disciplinar al conjunto de la sociedad; instaló el miedo como norma, el silencio como refugio y el repliegue individual como forma de supervivencia.
Ese proceso dejó marcas profundas. En esos años se desarticularon organizaciones sociales, políticas y sindicales, se persiguió el pensamiento crítico y se intervino la vida cotidiana hasta en sus aspectos más íntimos; sobre todo, se consolidó una cultura del temor que excedió largamente los años de la dictadura, porque el miedo no desaparece con un decreto sino que se transmite, se hereda en forma de cautela excesiva, de autocensura, de desconfianza en el otro, y se filtra en las conversaciones familiares, en las redacciones periodísticas y en la forma en que se discute en el espacio público.
Por eso, hablar del impacto de la dictadura no nos deja en el pasado sino que permite entender por qué el presente argentino es como es.
Los desaparecidos, además de ser la cara visible de una tragedia individual o familiar, representan un quiebre colectivo, porque una sociedad que convive con miles de ausencias sin respuesta aprende a vivir incompleta.
Esa incompletud genera efectos concretos: aparece la dificultad para cerrar duelos, se instala una tensión permanente entre memoria y negación y persisten debates que vuelven una y otra vez, como si no lograran resolverse del todo.
En estos años, la Argentina logró —como hecho excepcional— juzgar a los responsables del terrorismo de Estado. Más de mil personas fueron condenadas en procesos sostenidos en el tiempo, incluso con cambios políticos, lo que expresa una decisión colectiva; aun así, persisten retrocesos, discusiones que reaparecen e intentos de relativizar lo ocurrido o de diluir responsabilidades en interpretaciones que buscan equiparar lo incomparable.
Ahí se advierte que la herida sigue abierta, porque una sociedad sana no discute la existencia del terrorismo de Estado sino que lo reconoce, lo condena y construye a partir de ese consenso básico.
La dictadura dejó víctimas y también dejó relatos en disputa, y en esa disputa se define algo más que una interpretación del pasado: se define el tipo de país que se construye.
Aceptar que el Estado puede violar derechos en determinadas circunstancias debilita el piso de la democracia; relativizar la desaparición de personas erosiona el valor de la vida; naturalizar el odio como forma de hacer política reproduce, con otras formas, la lógica que hizo posible aquel proceso. La memoria, en ese sentido, no puede reducirse a la conmemoración sino que funciona como una herramienta activa, un criterio para evaluar el presente y una línea que no se cruza.
Cincuenta años después, la Argentina no es la misma ni tampoco es completamente otra, porque sigue siendo un país que busca a sus desaparecidos, con una sociedad que intenta restituir identidades robadas y que discute su historia porque aún le duele.
Esa discusión y esa búsqueda constituyen una fortaleza. Una sociedad que se interroga, que revisa y que no clausura el pasado tiene más posibilidades de no repetirlo, sobre la base de una comprensión que exige asumir que el terrorismo de Estado no fue una anomalía ajena sino un proceso que atravesó a toda la sociedad.
