El actual programa económico, además de generar más desempleo, provocó que las familias se endeuden aún más, que los comercios enfrenten crisis profundas y que las economías regionales estén al borde del colapso. Al mismo tiempo, los indicadores de empleo, salario, consumo y actividad reflejan que lejos de acercarnos a una mejora, el país atraviesa un deterioro sostenido que golpea con fuerza a los sectores medios, a los jubilados y a los trabajadores formales e informales.
En el sector de consumo masivo, la situación parece particularmente crítica. Actualmente, opera alrededor de 10 puntos por debajo del nivel de actividad de 2023, según empresarios reunidos en la UIA. Algunos directivos consideran que el próximo año podría ser incluso más difícil, mientras que desde el Gobierno nacional reconocen que, si el consumo no se reactiva, la situación en 2027 podría complicarse. Los balances de las principales compañías reflejan la magnitud de la crisis: Arcor redujo sus ganancias de $378.245 millones en 2024 a $97.772 millones en 2025, Molinos Río de la Plata pasó de $54.184 millones de ganancias en 2024 a una pérdida neta de $37.403 millones, y Mastellone, dueña de La Serenísima, registró pérdidas de más de $20.000 millones, frente a $66.985 millones el año anterior. Según las empresas, dos factores centrales explican esta situación: la dolarización de costos y la dificultad de trasladar aumentos por la devaluación, lo que erosiona los márgenes de rentabilidad.
Si todas las economías regionales del país funcionan mal, tampoco puede ser culpa de los productores ni de las provincias. En Misiones esto se ve con claridad: el sector yerbatero, del té, la forestoindustria, el tabaco y la mandioca atraviesan una de las etapas más difíciles de las últimas décadas. La desregulación del mercado yerbatero y la parálisis del INYM dejaron a los pequeños productores a la deriva, sin precio de referencia y sin herramientas para negociar con una industria cada vez más concentrada. Antes cobraban cerca de 50 centavos de dólar por kilo de hoja verde; hoy, en muchos casos, apenas llegan a 15 centavos, una caída de más del 70% en términos reales, que determina si una chacra sobrevive o se abandona.
La misma lógica se repite en comercio y servicios. En la Tierra Colorada, las grandes cadenas nacionales multiplican retiros “voluntarios”, pagan salarios en cuotas, reducen personal y transforman hipermercados en locales más pequeños. Empresas tradicionales reemplazan trabajadores antiguos por esquemas precarios a través de cooperativas. No se trata de decisiones aisladas ni de un problema local: es la consecuencia directa de un modelo que desploma el consumo interno, encarece el crédito y deja a los comercios sin margen frente a la competencia importada.
El endeudamiento familiar alcanzó niveles récord. Cada vez más hogares dependen de tarjetas de crédito para comprar alimentos y llegar a fin de mes, en un contexto de tasas muy por encima de la inflación. La morosidad en préstamos personales y tarjetas sube mes a mes, reflejando una realidad simple: el salario ya no alcanza y muchas familias se ven obligadas a financiar gastos básicos. El salario mínimo medido en dólares es hoy el más bajo de la región, incluso por debajo de los niveles posteriores a la crisis de 2001, un dato duro que evidencia el deterioro del poder de compra de los trabajadores.
En paralelo, el aumento constante del combustible encarece todos los costos y ajusta aún más los presupuestos familiares. Llenar un tanque completo se volvió un lujo, y muchas familias adoptan estrategias defensivas: cargar “lo justo”, elegir naftas más baratas, reducir viajes o caminar. Estas decisiones cotidianas reflejan un mensaje claro: la economía no funciona para la gente común.
Los jubilados, que ya atravesaron otras crisis, aportan quizás la mirada más contundente. Comparando la situación actual con la década de los noventa, advierten similitudes en desempleo, endeudamiento, ajuste sobre el Estado y pérdida de derechos. Muchos recortan medicamentos, dependen de familiares para gastos básicos y sienten que el esfuerzo de toda una vida no se corresponde con la pensión que reciben. Cuando esta generación que vivió el 1 a 1 dice que “la historia se repite”, vale detenerse a escucharla.
Dialogo InstitucionalEn ese marco, el nuevo ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, visitará Misiones el próximo martes para reunirse con las máximas autoridades gubernamentales y políticas, en una agenda de actividades que se conocerá en las próximas horas. Será su primera visita oficial al interior del país desde que asumió, y eligió una provincia que siempre mostró disposición al diálogo institucional.
El contexto de la visita del ministro al interior está lejos de ser el ideal. Llega sin presupuesto propio y con una tarea compleja: solicitar colaboración a las provincias ofreciendo poco a cambio, siguiendo una lógica similar a la de su antecesor, Guillermo Francos. Esta dinámica refleja la tónica del Gobierno nacional, ágil para exigir respaldo pero con escasa disposición a garantizar reciprocidad o gobernabilidad a las jurisdicciones del interior. La situación se agrava por intentos de condicionar a los gobiernos locales desde Buenos Aires, recortando recursos, tensionando la discusión presupuestaria y buscando ordenar la política provincial mediante incentivos y sanciones, en lugar de construir un federalismo basado en acuerdos.
Frente a este escenario, la Tierra sin Mal mantiene una estrategia propia. Desde la defensa de la regulación del mercado yerbatero, pasando por reclamos en el Norte Grande por una distribución más equitativa de recursos, hasta iniciativas concretas como el plan de pavimentación en Oberá, la provincia apuesta a un Estado activo que corrija desigualdades históricas y mejore la calidad de vida. Aunque la acción provincial no puede compensar por sí sola los efectos de la macroeconomía nacional que asfixia producción, empleo y consumo, muestra un enfoque distinto: mientras el Estado nacional se retira, Misiones busca fortalecer su rol en la gestión local.
La Argentina necesita urgentemente una política macroeconómica que deje de castigar al interior productivo y a las familias trabajadoras, y que permita a las provincias desplegar su potencial sin verse obligadas a administrar la escasez. Para ello, el Gobierno nacional debe asumir su responsabilidad, corregir el rumbo y dejar de operar en términos de campaña permanente. Con gritos, vetos y recortes no alcanza: la sociedad votó un cambio para recuperar la economía y la esperanza, no para repetir ciclos de crisis y sobrevivencia.
