Videos difundidos en redes sociales muestran forcejeos entre manifestantes y policías frente al Congreso paraguayo, donde ciudadanos exigen la destitución de Santiago Peña y la devolución de sus ahorros. El Senado inició el juicio político por la crisis de Ueno Bank, mientras la renuncia del mandatario sigue pendiente de resolución.
El Senado de Paraguay abrió este jueves 5 de noviembre, a las 19:50, el juicio político contra el presidente Santiago Peña por la crisis de Ueno Bank. Los diputados acusadores comenzaron a presentar los fundamentos del pedido de destitución, mientras el mandatario conserva el cargo porque el Congreso quedó sin cuórum antes de resolver la aceptación de su renuncia.
Horas antes, Diputados aprobó la acusación con 78 votos favorables, incluidos los del oficialismo colorado. El posterior retiro de legisladores oficialistas impidió completar el tratamiento de la dimisión en sesión conjunta; la oposición reclama concluir el juicio para evitar que Peña acceda a la senaduría vitalicia que la Constitución reconoce a los expresidentes que no recibieron una declaración de culpabilidad.
Peña anunció que ejercerá su defensa con argumentos y pruebas y colaborará con las investigaciones. También pidió que su situación política permita continuar la devolución del dinero a los ahorristas; por su parte, el senador Derlis Maidana adelantó que la defensa del mandatario o sus representantes se prevé para este viernes a las 9.
Frente al Congreso, en Asunción, manifestantes exigieron la destitución de Peña y la recuperación de sus depósitos. Durante la tarde se produjeron empujones y forcejeos junto al vallado policial; las imágenes de medios locales mostraron personas lesionadas, aunque las fuentes consultadas no precisaron un balance oficial de heridos.
La crisis comenzó cuando el Banco Central dispuso la resolución de Ueno Bank por un deterioro de su solvencia y dejó a unos 2,9 millones de clientes sin acceso a sus cuentas. La acusación parlamentaria cuestiona los vínculos empresariales previos de Peña, la concentración de fondos del Instituto de Previsión Social en la entidad y la actuación de los organismos de control; en paralelo, la Fiscalía imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras.
Para los depositantes, el Banco Central anunció un anticipo de hasta 40 salarios mínimos, con descuento de las deudas vencidas, mediante cuentas en otras entidades financieras. El organismo estableció un plazo máximo de cinco días hábiles para completar ese procedimiento; la cobertura total del Fondo de Garantía alcanza G. 228.300.000 por depositante y por entidad.
