Mediante el Decreto N.º 1935, el gobernador instruyó al Fiscal de Estado a recurrir a la Justicia tras el fallo de la Corte Suprema que validó la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023. Alertó que la medida deja desprotegida a una provincia con más del 90% de frontera internacional.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyó formalmente al Fiscal de Estado a iniciar las acciones judiciales necesarias para resguardar el territorio provincial y sus recursos naturales. La decisión gubernamental responde al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual dejó firme la derogación de la Ley de Tierras (Ley N.º 26.737) contemplada en el DNU 70/2023 y habilitó la libre compra de inmuebles rurales por parte de extranjeros.
La medida se oficializó este viernes a través del Decreto N.º 1935, en el que se advierte que la vigencia del artículo 154 del mencionado DNU genera una situación de «absoluta desprotección legal y vulnerabilidad institucional» para Misiones, dijo el mandatario en sus redes sociales. Desde el Gobierno provincial remarcaron que la norma impacta directamente sobre la autonomía territorial, las finanzas públicas, el control de los recursos naturales y la seguridad fronteriza.
Al fundamentar la presentación judicial, Passalacqua destacó las particularidades geográficas y productivas de la provincia. «Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido», sostuvo Passalacqua y definió la defensa de la tierra misionera como un «deber irrenunciable» con la soberanía provincial.
El fallo del máximo tribunal se dio en el marco de la causa «C.E.C.I.M. La Plata c/ PEN», cuya resolución dejó sin efecto los amparos que frenaban la aplicación del DNU en la materia. Frente a este nuevo escenario jurídico, Misiones buscará agotar todas las vías legales disponibles para proteger el entramado socioeconómico local y evitar la concentración de propiedad rural en manos de capitales extranjeros.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) había presentado una demanda judicial contra aquel decreto de necesidad y urgencia de Milei porque consideraba que esa medida dañaba la soberanía nacional al facilitar la venta de territorio a extranjeros.
