El crimen de María Soledad Morales marcó a Catamarca y se convirtió en uno de los casos judiciales y políticos más trascendentes de la Argentina de los años 90.
Se cumplen 36 años del asesinato de María Soledad Morales, el crimen de una adolescente de 17 años que conmocionó a Catamarca, provocó una movilización social multitudinaria y derivó en una profunda crisis política y judicial que trascendió las fronteras de la provincia. La estudiante fue asesinada el 8 de septiembre de 1990.
María Soledad cursaba el quinto año del Colegio del Carmen y San José, en San Fernando del Valle de Catamarca. En la madrugada del 8 de septiembre de 1990 había asistido a una fiesta organizada para recaudar fondos para el viaje de egresados. Dos días después, el 10 de septiembre, su cuerpo fue encontrado en un descampado ubicado en las inmediaciones de la ruta nacional 38.
La investigación quedó desde el comienzo rodeada de cuestionamientos por las irregularidades denunciadas en torno al procedimiento policial y judicial y por los vínculos de algunos de los acusados con sectores del poder político provincial. Entre los principales imputados estuvieron Guillermo Daniel Luque, hijo del entonces diputado nacional Ángel Luque, y Luis Tula, quien mantenía una relación con María Soledad.
Frente a la investigación, la familia de la adolescente, sus compañeros, docentes y vecinos comenzaron a reclamar públicamente el esclarecimiento del crimen. En ese proceso tuvo un papel central la religiosa Martha Pelloni, directora del colegio al que asistía María Soledad.
Las concentraciones dieron origen a las Marchas del Silencio, que reunieron a miles de personas y se repitieron durante meses. El reclamo por justicia se convirtió en una expresión social contra la impunidad y puso bajo cuestionamiento el funcionamiento de las instituciones provinciales. Las movilizaciones acompañaron las distintas etapas de la investigación y del proceso judicial y terminaron convirtiéndose en uno de los símbolos de la protesta social de la década de 1990.
La crisis también alcanzó al poder político. En abril de 1991, el Gobierno de Carlos Menem dispuso mediante el Decreto 566 la intervención federal del Poder Judicial de Catamarca, al considerar que existían graves deficiencias en su funcionamiento. Días después, mediante el Decreto 712, la intervención fue ampliada a los poderes Ejecutivo y Legislativo provinciales.
El proceso judicial atravesó un primer juicio oral que fue anulado. Luego se realizó un nuevo debate. El 27 de febrero de 1998, la Cámara Penal número 2 de Catamarca condenó a Guillermo Luque a 21 años de prisión por violación seguida de muerte y a Luis Tula a nueve años por su participación en el delito de violación.
Las condenas quedaron firmes en 2002, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó las penas. De esta manera, el proceso penal principal terminó con dos condenas: la de Luque y la de Tula.
Ambos cumplieron sus respectivas penas y recuperaron la libertad. Tula obtuvo primero el beneficio de la salida laboral y posteriormente la libertad condicional; cumplió su condena de nueve años en 2006. Luque permaneció 14 años detenido y en 2010 obtuvo la libertad condicional, después de cumplir las condiciones previstas para acceder a ese beneficio.
La familia de María Soledad sostuvo durante años el reclamo de justicia. Sus padres, Elías Morales y Ada Rizzardo, acompañaron las movilizaciones y el proceso judicial. Elías Morales murió en 2016, a los 71 años.
El caso judicial tuvo una resolución definitiva respecto de Luque y Tula. Al mismo tiempo, durante años persistieron reclamos y cuestionamientos sobre las circunstancias que rodearon la investigación y sobre un eventual encubrimiento. Esos cuestionamientos forman parte de la historia del caso, pero no deben confundirse con hechos establecidos mediante nuevas condenas judiciales.
La historia de María Soledad Morales quedó así asociada a mucho más que una causa penal. Su asesinato desencadenó una movilización social inédita, contribuyó a una crisis institucional en Catamarca y convirtió a las Marchas del Silencio en una referencia nacional de los reclamos contra la impunidad.
Ocho años después del crimen llegó la primera sentencia condenatoria y doce años después las condenas quedaron firmes. María Soledad tenía 17 años cuando fue asesinada. Su nombre quedó ligado para siempre a una de las movilizaciones sociales más importantes de la Argentina contemporánea y a un reclamo de justicia que transformó a Catamarca.
